Contacto prensa: maite@stopecocidio.org
2026
En medio de la creciente preocupación por la devastación ambiental causada por la minería ilegal, conocida localmente como "galamsey", se han realizado llamamientos en el Parlamento de Ghana para que se apruebe una ley que tipifique el ecocidio como delito.
En una declaración ante el Parlamento, Frank Annoh-Dompreh, diputado por Nsawam-Adoagyiri y jefe de la minoría parlamentaria, instó a los legisladores a presentar una ley que reconozca el ecocidio como un delito a nivel nacional en Ghana; a defender en foros continentales, como la Unión Africana, que se legisle sobre ecocidio, y a apoyar los esfuerzos para reconocer el ecocidio como crimen internacional. Su declaración fue respaldada por sus compañeros diputados Charles Akwasi Agbeve, el Dr. Mahama Tiah Abdul-Kabiru, Jerry Ahmed Shaib y Dominic Napare, quienes también se levantaron para pedir una ley sobre el ecocidio.
“Hoy me levanto con un profundo sentido de urgencia y responsabilidad para hablar sobre la necesidad de tomar medidas legislativas contra el ecocidio, es decir, la destrucción masiva de los ecosistemas”, declaró Annoh-Dompreh ante el Parlamento.
Legisladores de Filipinas han presentado un nuevo proyecto de ley que propone tipificar el ecocidio como un delito, lo que supone un paso importante hacia una mayor protección de los ecosistemas y las comunidades del país.
El Proyecto de Ley adopta un lenguaje muy similar a la definición de ecocidio propuesta en 2021 por el Panel de Expertos Independientes convocado por la Fundación Stop Ecocidio: “cualquier acto u omisión, ilícito o arbitrario, perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”.
El Parlamento escocés ha votado a favor de impulsar el proyecto de ley sobre ecocidio (Escocia), lo que sitúa a Escocia en camino de convertirse en la primera nación del Reino Unido en tipificar como delito la destrucción grave del medio ambiente.
2025
En un amplio paquete de reformas presentado ante el presidente John Dramani Mahama, el Comité de Revisión de la Constitución de Ghana ha propuesto tipificar el ecocidio como delito nacional, afirmando lo siguiente:
«Con el fin de expresar la repulsa y el oprobio de la sociedad hacia la minería ilegal en Ghana, el Comité incumpliría su deber de revisión constitucional si no recomendara la creación de un delito de ecocidio con sanciones muy severas y punitivas. Esto además da verdadera expresión al derecho a un medio ambiente limpio».
Durante la última Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7), la Comisión Climática de la Cuenca del Congo (CBCC, por sus siglas en inglés) manifestó su firme apoyo al reconocimiento del ecocidio como crimen internacional. En una reunión con Stop Ecocidio Internacional, Su Excelencia Arlette Soudan-Nonault, Ministra de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cuenca del Congo de la República del Congo y Secretaria Ejecutiva de la CBCC, confirmó que la Comisión, integrada por 17 países, apoyará los esfuerzos para impulsar esta cuestión en los procesos regionales y continentales.
El senador Cédric Ngindu Biduaya, de la República Democrática del Congo, ha presentado formalmente una Proposición de Ley en el Parlamento nacional para tipificar el ecocidio como delito penal interno, lo que supone un paso decisivo hacia el fortalecimiento de la protección jurídica de los ecosistemas en todo el país y la cuenca del Congo.
Alemania ha publicado un proyecto de reforma de su legislación penal ambiental, dando un paso adelantado para transponer la Directiva de la UE sobre delitos ambientales en el ordenamiento interno. La Directiva exige a todos los Estados miembros que introduzcan disposiciones penales más estrictas frente a la destrucción ambiental antes de mayo de 2026, incluidos los delitos cualificados por daños generalizados, duraderos o irreversibles "comparables al ecocidio".
Una declaración conjunta adoptada en el 21 .º Foro Mundial de Grupos Principales y Partes Interesadas (GMGSF-21) ha pedido que el ecocidio se reconozca como delito a nivel nacional e internacional. Publicado antes de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7) de este año, el texto refleja las posiciones de las ONG, los pueblos indígenas y sus comunidades, los jóvenes, las mujeres, los agricultores, los trabajadores, las autoridades locales y la comunidad científica y tecnológica.
El Parlamento de la India ha visto la presentación formal de un proyecto de ley privado que propone la tipificación del ecocidio como delito en la legislación nacional. El proyecto de ley aborda los graves daños medioambientales causados tanto por particulares como por empresas, y establece un marco detallado para la investigación, el castigo y la restauración ecológica. El avance del proyecto de ley depende ahora de su selección en la votación de los diputados privados durante la próxima sesión presupuestaria (enero de 2026).
En un paso histórico para la Corte Penal Internacional, la Fiscalía (OTP) ha publicado un documento de política integral dedicado íntegramente al daño ambiental, lo que supone un cambio notable en la forma en que la justicia internacional abordará los daños ecológicos.
El Consejo de Europa ha abierto a la firma su nuevo Convenio para la protección del medioambiente a través del Derecho Penal, un instrumento histórico que permite a los Estados perseguir las conductas intencionadas que provocan desastres ambientales "equiparables al ecocidio".
En la ceremonia inaugural de la COP30 en Belém, Félix Tshisekedi, presidente de la República Democrática del Congo (RDC), reafirmó el apoyo de su país a la propuesta formal de Vanuatu, Fiyi y Samoa de enmendar el Estatuto de Roma y reconocer el ecocidio como un delito internacional independiente.
En su discurso, el Presidente Tshisekedi describió la creciente destrucción ambiental vinculada al conflicto en la República Democrática del Congo como "una guerra ecológica" y destacó la importancia mundial de tipificar como delito los daños graves y extensos o duraderos causados a la naturaleza.
La ley sobre el ecocidio se planteó en tres ocasiones durante la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el impacto ambiental de los conflictos armados y los riesgos para la seguridad derivados del clima, lo que demuestra la creciente atención diplomática que se está prestando a la tipificación de la destrucción masiva del ambiente como crimen internacional.
La Declaración de la Juventud Mundial 2025, que representa a miles de jóvenes de más de 100 países, ha pedido la adopción de leyes sobre el ecocidio para que empresas y Estados asuman responsabilidades penales por la destrucción masiva del ambiente, al tiempo que reconoce explícitamente que "las guerras, los genocidios y los conflictos provocan la degradación del ambiente y exacerban el cambio climático a través de emisiones incontroladas e ilimitadas".
El documento político de 91 páginas, elaborado a través de YOUNGO -el grupo oficial de niños y jóvenes de la CMNUCC- se presentará en la COY20 y la COP30 de Belém (Brasil) el próximo mes de noviembre.
El Foro sobre la Participación de las ONG ("Foro de ONG") celebrado antes de la 85ª Sesión Ordinaria de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) ha adoptado una resolución de la sociedad civil que insta a la Comisión a apoyar el reconocimiento del ecocidio, definido en la resolución (basada en el trabajo del Panel de Expertos Independientes, 2021) como "actos ilegales o arbitrario cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que se produzcan daños graves y generalizados o a largo plazo en el medio ambiente". La resolución también anima a los Estados africanos a reforzar la protección jurídica nacional.
Representantes de todos los partidos no gubernamentales de Suecia han presentado proyectos de ley para que el ecocidio se considere un crimen internacional, lo que demuestra un notable consenso entre partidos sobre la protección del ambiente.
Todos los partidos de la oposición (los socialdemócratas -que son el mayor partido político de Suecia-, el Partido del Centro, el Partido Verde y el Partido de la Izquierda) han propuesto que la destrucción masiva del ambiente sea añadida al Estatuto de Roma, y un miembro de los liberales, de la coalición gobernante, ha propuesto que se celebren juicios por los delitos cometidos en Ucrania durante la guerra, incluyendo el ecocidio.
En su Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado en Abu Dhabi (9-15 de octubre), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la mayor y más diversa red medioambiental del mundo, integrada por más de 1.400 organizaciones miembros, entre las que se encuentran Estados, organismos gubernamentales, grupos de la sociedad civil y organizaciones de pueblos indígenas, ha votado a favor de aprobar la Moción 061, "Reconocimiento del delito de ecocidio para proteger la naturaleza".
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil ghanesa ha hecho un llamamiento urgente al presidente John Dramani Mahama para que tome medidas inmediatas contra lo que describen como un "ecocidio" en curso impulsado por la minería ilegal de oro (galamsey) en el país.
La detallada carta de la Coalición de Ghana contra el Galamsey, integrada por organizaciones como OneGhana Movement, A Rocha Ghana, la Asociación de Agricultores Campesinos de Ghana, el Instituto de Ingeniería de Ghana, la Asociación de Profesores Universitarios de Ghana (UTAG) y una veintena más, ha presentado pruebas aportadas por la organización sin fines de lucro Pure Earth y de la Agencia de Protección Ambiental de Ghana que muestran la contaminación por mercurio, arsénico y plomo en el agua, el suelo y los sistemas alimentarios de Ghana.
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha confirmado públicamente el apoyo del gobierno a la tipificación del ecocidio como quinto delito básico en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en respuesta a las preguntas de la diputada del Partido Verde en el Riksdag Rebecka Le Moine durante una reunión abierta de la Comisión de la UE.
El Ilustre Colegio de Abogados de Lima ha concedido su máxima distinción cívica, la Medalla Cívica del Derecho, a la Directora Ejecutiva y Cofundadora de Stop Ecocidio Internacional, Jojo Mehta, y a su Director para las Américas, Rodrigo Lledó Vásquez.
En un discurso histórico ante la 80ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el Presidente de la República Democrática del Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reafirmó el apoyo oficial de su país al reconocimiento del ecocidio como un crímen en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
La Comisión de Medio Ambiente, Clima y Vida Silvestre del Parlamento de Zimbabue ha iniciado una investigación formal en respuesta a una petición [enlace a la petición] del defensor de los derechos humanos y el medio ambiente Emmanuel Nkosilathi Moyo, residente en Kwekwe, en la que pide que el país tipifique como delito el ecocidio.
En una opinión consultiva emitida hoy, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha precisado que los Estados tienen la obligación legal vinculante, según el Derecho Internacional, no sólo de proteger el sistema climático y el medio ambiente, sino también de prevenir daños, cooperar a través de las fronteras y proporcionar indemnizaciones cuando se produzcan daños..
Solicitada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2023, esta Opinión Consultiva es el resultado de una campaña iniciada por el movimiento Pacific Islands Students Fighting Climate Change (Estudiantes de las islas del Pacífico combatiendo el cambio climático) que fue promocionada diplomáticamente por el Estado insular de Vanuatu, con el copatrocinio y apoyo de más de 130 países.
Los ministros de medio ambiente de África han acordado formalmente incluir el ecocidio entre las prioridades ambientales del continente para el bienio 2025–2027. La decisión, confirmada por S.E. Dr. Abu Bakr Al-Harim, Ministro de Medio Ambiente de Libia y actual Presidente de la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente (AMCEN, por sus siglas en inglés), fue tomada durante la 20ª Sesión Ordinaria de la conferencia y constituye la primera vez que el ecocidio es reconocido explícitamente como una prioridad estratégica continental por un foro de la ONU.
En AMCEN 20, la República del Congo y la República de Burundi declararon formalmente su apoyo al reconocimiento del ecocidio como delito.
Ambos países hicieron su anuncio durante las declaraciones ministeriales en la 20ª Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente (AMCEN), recientemente celebrada en Nairobi, Kenia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer públicamente el pasado 3 de julio su Opinión Consultiva respecto a la emergencia climática y DDHH tras más de dos años de estudio.
La Opinión Consultiva nº32, planteada por los Estados de Chile y Colombia en 2023, dictamina que la obligación internacional de no generar daños irreversibles al ambiente y al clima es una norma de ius cogens es decir, una norma imperativa de Derecho Internacional.
El 19 de junio de 2025, Argentina avanzó aún más hacia la penalización de las formas más graves de destrucción del medio ambiente. La senadora Edith Terenzi (presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado) presentó al Senado un proyecto de ley integral de ecocidio, la"Ley De Formas Especiales De Criminalidad Ambiental", que constituye la tercera iniciativa legislativa actualmente en estudio.
Una declaración interpartidista de la 73ª reunión de la COSAC (la Conferencia de los Órganos Especializados en Asuntos de la UE) – un foro oficial para facilitar la cooperación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, ha reconocido por primera vez la posible inclusión del ecocidio en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
El 5 de junio (Día Mundial del Medio Ambiente), la diputada dominicana Llaniris Espinal presentó unproyecto de ley para penalizar el ecocidio -daño grave o irreversible a los ecosistemas-. La ley propuesta conlleva penas de hasta 20 años de prisión, restauración medioambiental obligatoria y sanciones económicas.
El 5 de junio de 2025, el consejero sardo Francesco Cozzolino presentó un amplio Proyecto de Ley en el Consejo Regional de Cerdeña titulado Normas para la prevención y represión del ecocidio.
El proyecto de ley define el ecocidio como los actos cometidos a sabiendas o por negligencia grave que causan daños graves, generalizados o duraderos al medio ambiente, lo que coincide con la definición propuesta en 2021 por el Grupo Independiente de Expertos convocado por la Fundación Stop Ecocidio.
En un hecho histórico, el mayor partido político sueco, los socialdemócratas (Socialdemokraterna), han anunciado oficialmente que van a impulsar el reconocimiento del crimen internacional de ecocidio, lo que significa dar un gran paso adelante en el esfuerzo mundial por convertir la destrucción ambiental a gran escala en un crimen según el Derecho Internacional. La decisión fue adoptada por el máximo órgano decisorio del partido, el Congreso S, que es el que dirige el trabajo a realizar durante los próximos cuatro años.
Escocia está a punto de convertirse en la primera nación del Reino Unido en tipificar como delito el ecocidio - es decir, el daño grave y temerario a la Naturaleza- en virtud de un nuevo proyecto de ley parlamentario que se ha publicado hoy en Holyrood, el Parlamento escocés.
El Proyecto de Ley de ecocidio escocés, presentado por la Diputada Monica Lennon, criminalizaría los daños ambientales graves, extensos o irreversibles, con penas de hasta 20 años de cárcel para los particulares y multas ilimitadas para las empresas.
La Misión Permanente del Estado de Palestina ante el Reino de los Países Bajos ha calificado formalmente de ecocidio la destrucción del medio ambiente en Gaza, citando que menos del 5% de las tierras agrícolas siguen siendo aptas para el cultivo y pidiendo el reconocimiento jurídico internacional de las consecuencias a largo plazo. La declaración, la primera de un agente estatal que utiliza explícitamente el término en relación con Gaza, supone un avance significativo en el creciente discurso internacional sobre los daños medioambientales y la responsabilidad durante los conflictos.
2024
El pasado 27 de noviembre, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso peruano aprobó un dictamen para tipificar como delito el ecocidio, incorporando elementos clave de la definición legal consensuada del Panel de Expertos Independientes de 2021. Este importante paso para añadir el ecocidio al Código Penal espera ahora la aprobación del Pleno del Congreso y la promulgación presidencial para convertirse en ley.
A proyecto de ley para criminalizar el ecocidio se ha presentado en el Parlamento escocés
Presentado por Monica Lennon y que requiere el apoyo de al menos 18 diputados para seguir adelante, el proyecto de ley pretende prevenir y penalizar las formas más graves de daño medioambiental.
Si se aprueba, Escocia se convertirá en el primer país del Reino Unido en tipificar el delito de ecocidio y se convertirá en un líder mundial en este campo, en rápida expansión. rápido crecimiento en el campo del ecocidio.
La RDC se convierte en la primera nación africana en respaldar formalmente la creación de un crimen internacional de ecocidio, tras la propuesta de septiembre de 2024 de las naciones del Pacífico de añadir el ecocidio al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El Parlamento de Azerbaiyán, el Milli Majlis, ha aprobado la primera lectura de un proyecto de ley que introduciría el delito de ecocidio en el Código Penal del país. Propuesto por el presidente Ilham Aliyev, el proyecto de ley pretende imponer penas privativas de libertad de 10 a 15 años a los condenados por cometer graves daños medioambientales.
NUEVA YORK, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024: Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) han presentado oficialmente la propuesta de crimen de ecocidio, lo que representa un gran paso adelante en el esfuerzo mundial por consagrar la destrucción masiva del medio ambiente como crimen bajo la ley internacional.
La Encuesta Global de los Bienes Comunes 2024 (IPSO), que ha sido realizada por Ipsos (Reino Unido) bajo el encargo de Earth4All y la Alianza Global de los Bienes Comunes (GCA ), ha revelado que el 72% de las personas de los países del G20 están de acuerdo en que las formas más graves de daño medioambiental -que cada vez más se denominan Ecocidio- deberían ser un crimen.
En un nuevo informe, la Agence Française de Développement (AFD), la Agencia Francesa para el Desarrollo, identifica la Ley del Ecocidio y los derechos de la naturaleza como "palancas" clave para reorientar las prioridades económicas del mundo hacia el bienestar medioambiental y humano.
Ésta sería la tercera vez que el Foro Social de la Asamblea a de la ONU pide la adición de un nuevo crimen autónomo de ecocidio al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La primera vez fue en marzo de 2022 en la 5ª Asamblea de la ONU sobre el Medioambiente, celebrada en Nairobi ("UNEA 5.2"), y la segunda vez, en la Sexta Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA-6, por sus siglas en inglés), celebrada del 26 de febrero al 1 de marzo de 2024.
El proyecto de ley se presenta a raíz de la revisión de la Directiva de Delitos contra el Medio Ambiente de la Unión Europea, que ahora incluye delitos comparables al ecocidio. Esta Directiva obliga a todos los Estados miembros de la UE a adaptar su legislación nacional a la nueva normativa en los próximos dos años.
El 27 de mayo, el congresista Isaac Mita Alanoca, del partido Perú Libre, presentó un segundo proyecto de ley de ecocidio, y el 30 de junio, la congresista Ruth Luque, del partido Cambio Democrático, presentó el tercero.
Tras la presentación del primer proyecto de ley por el congresista Américo Gonza, de Perú Libre, el 16 de mayo, el Parlamento peruano cuenta ya con tres proyectos de ley de ecocidio.
En su respuesta a la iniciativa de Tuhatkunta, la Junta del PNC también afirmó que el ecocidio no siempre ha sido definido de forma uniforme, pero citó la relevancia de la definición consensuada del Panel de Expertos Independientes de la Fundación Stop Ecocidio (p. 84).
El Consejo Mundial de Iglesias (CMI), que representa a una comunidad mundial de 352 iglesias y 580 millones de cristianos, ha emitido una enérgica declaración en la que pide a las iglesias y los gobiernos del mundo que apoyen la legislación contra el ecocidio, y hace hincapié en el papel de la biodiversidad para preservar el bienestar humano y garantizar la resistencia del planeta a los impactos climáticos.
En una rueda de prensa celebrada el jueves 30 de mayo, dos diputados y una diputada de tres partidos políticos federales de Canadá, Patrick Weiler (Liberal), Alexandre Boulerice (NDP) y Elizabeth May (Verde), afirmaron su apoyo a la inclusión del ecocidio como crimen en la Corte Penal Internacional.
En un discurso pronunciado en la conferencia «Promise of International Law in the Face of Ecological Crises», celebrada en Ámsterdam y organizada por el UCLA Law Promise Institute Europe, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reafirmó su apoyo a la inclusión del crimen de ecocidio en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).
En las horas previas a la votación, una iniciativa liderada por la Alianza Sueca por la Ley del Ecocidio, representantes de trece empresas y organizaciones empresariales suecas instaron al gobierno a trabajar activamente por la introducción de un crimen internacional de ecocidio para la protección de la naturaleza y la creación de igualdad de condiciones para las empresas que emplean modelos de negocio sostenibles.
La votación en el Parlamento fue ajustada: 153 diputados votaron en línea con las recomendaciones de la Comisión de Asuntos Exteriores (es decir, en contra de las mociones) y 150 votaron a favor.
Khan afirmó: «El Estatuto de Roma y el Derecho Penal Internacional se enfrentan ahora a un desafío a su propia relevancia si no aceptan la necesidad de tal adaptación y flexibilidad en relación con la realidad del planeta».
Abundando en el tema de que el Estatuto de Roma es "un reflejo de la imaginación jurídica" de la época en que se creó, Khan señaló: "Me pregunto, si el Estatuto de Roma se estuviera redactando hoy, ¿qué aspecto tendría? ¿Incluiría el ecocidio como crimen internacional independiente?".
El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha publicado un informe en el que ofrece una visión general de la situación mundial de la «Protección de los civiles en los conflictos armados» en 2023, describiendo la situación como «rotundamente sombría» y citando un aumento del 72% en el número de víctimas civiles desde 2022.
Haciendo referencia a que hasta la fecha sólo unos pocos Estados han tipificado el ecocidio como delito, el Secretario General destaca la "necesidad de tipificar el ecocidio como delito a nivel internacional" (párrafo 45).
La enmienda propuesta, presentada como artículo 305-A, emula los tres criterios de umbral clave para que un acto se pueda considerar ecocidio y que se recogen en la definición del Panel de Expertos Independientes convocado por la Fundación Stop Ecocidio, a saber: daños graves, generalizados y a largo plazo causados al medio ambiente.
El proyecto de ley, que señala que la definición de ecocidio consensuada por el Grupo de Expertos Independientes es "ampliamente aceptada a nivel internacional", propone una pena privativa de libertad para el delito de entre siete y veinte años.
El 18 de abril de 2024, el brazo parlamentario del Consejo de Europa adoptó la Resolución 2546, que contiene recomendaciones destinadas a abordar cuestiones críticas relacionadas con la salud de los océanos en el contexto de la crisis climática, incluido un llamamiento a los Estados miembros y no miembros del Consejo de Europa para que promuevan la codificación del término «ecocidio» a nivel nacional, regional e internacional.
En vísperas de las elecciones, los partidos políticos flamencos y valones han sido encuestados sobre una serie de cuestiones. La encuesta, realizada por una coalición de organizaciones ecologistas belgas, incluía una pregunta sobre el apoyo a la modificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para incluir un nuevo delito de ecocidio.
El Consejo Europeo ha adoptado formalmente una nueva directiva sobre delitos contra el medio ambiente, que incluye una disposición para tipificar como delito casos "comparables al ecocidio".
La ciudad de Utrecht, representada por la concejal Linda Voortman, firmó el Manifiesto Stop Ecocide NL, que pide al gobierno neerlandés que apoye el reconocimiento del ecocidio como delito a escala internacional, europea y nacional.
La Declaración Mundial Conjunta de los Principales Grupos y Partes Interesadas (Declaración Mundial Conjunta), presentada en la Sexta Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA-6), afirmaba que trabajar "por el reconocimiento universal del ecocidio como delito internacional" serviría de "poderoso elemento disuasorio" contra los daños medioambientales más graves.
En una carta abierta publicada por Aktuell Hallbarhet, y coincidiendo con la votación en el Parlamento Europeo de una directiva actualizada sobre delitos medioambientales, seis directores ejecutivos, entre ellos Jenny Rundbladh, del gigante de las pensiones SPP, piden que se tipifique el delito internacional de ecocidio en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El 20 de febrero de 2024, un grupo de diputados finlandeses de Los Verdes, entre los que se encontraba la ex ministra del Interior Maria Ohisalo, presentó una pregunta formal por escrito al gobierno, interesándose por las intenciones de la administración de promover el establecimiento de un nuevo crimen internacional autónomo de ecocidio a través de la Corte Penal Internacional.
Destacados miembros de la comunidad jurídica internacional, políticos, académicos, empresas y ONG han respondido a una consulta pública realizada por la oficina del Fiscal Jefe de la CPI, pidiendo que se introduzca en el Estatuto de Roma un nuevo delito de ecocidio.
Presentada en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente celebrada en Nairobi, la carta Al-Mizan: Un Pacto por la Tierra ha sido redactada por destacados ecateólogos y profesionales islámicos de todo el mundo. La carta crea un amplio marco islámico sobre la responsabilidad ecológica y moral, instando a la acción colectiva para la protección de nuestro planeta y afirma: "La enormidad del crimen de ecocidio -la extirpación de ecosistemas enteros, comunidades de especies, incluida la nuestra- puede apreciarse mejor considerando los horrores del genocidio -la extirpación de etnias y culturas. [...] Este tipo de corrupción de la Tierra aún tiene que ser reconocido, litigado y penalizado en la legislación nacional e internacional".
El Parlamento Europeo ha aprobado hoy una nueva directiva sobre delitos contra el medio ambiente, que incluye una disposición para tipificar como delito casos "comparables al ecocidio". El Parlamento Europeo, junto con el ponente parlamentario de la directiva, el eurodiputado neerlandés Antonius Manders, ha estado en el centro de los esfuerzos para garantizar una nueva legislación de la UE destinada a prevenir y castigar los daños medioambientales más graves desde que anunció su apoyo a la inclusión del "ecocidio" en la nueva directiva en marzo de 2023. Para completar su periplo legislativo, la nueva directiva se someterá a votación en el Consejo Europeo, prevista para marzo de 2024.
El Parlamento Federal de Bélgica ha votado hoy a favor de un nuevo código penal para el país que, por primera vez en Europa, incluye el reconocimiento del delito de ecocidio tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito nacional, el nuevo delito de ecocidio, destinado a prevenir y castigar los casos más graves de degradación del medio ambiente, como los grandes vertidos de petróleo, se aplicará a las personas que ocupen los puestos más altos en la toma de decisiones y a las empresas.
El jueves 5 de septiembre, el Congreso de la República del Perú convocó a una Comisión Técnica para revisar una propuesta destinada a tipificar el ecocidio en el Código Penal del país. El nuevo texto legal consolida tres proyectos de ley presentados recientemente al Congreso, e incorpora los principales elementos de la definición legal consensuada de ecocidio, que fue formulada por el Panel de Expertos Independientes convocado por la la Fundación Stop Ecocidio en 2021.