La destrucción masiva de la naturaleza llega a la Corte Penal Internacional (CPI) al proponer los Estados insulares del Pacífico el reconocimiento del «ecocidio» como crimen internacional.
Resumen:
Milestone for environmental justice as amendment proposed to the Rome Statute of the ICC to include a crime of ecocide.
Hito para la justicia ambiental: se propone formalmente una enmienda al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) para incluir el crimen de ecocidio.
Vanuatu, promotor clave de esta propuesta histórica para que los altos funcionarios y quienes ostentan cargos de responsabilidad en la toma de decisiones rindan cuentas y sean condenados por los crímenes más graves contra el medioambiente.La CPI es el órgano judicial que tiene competencia internacional para enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. El ecocidio, de adoptarse, se convertiría en el quinto crimen internacional.
NUEVA YORK, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024: Hoy se ha presentado formalmente el crimen de ecocidio a la consideración de los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI), un hecho que representa un gran paso adelante en el esfuerzo mundial por consagrar la destrucción masiva del medio ambiente como crimen en el derecho internacional.
El crimen de “ecocidio”, propuesto por Vanuatu, Fiyi y Samoa, se define como cualquier «acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente» Esta definición surgió en 2021 de un Panel de Expertos Independientes integrado por juristas del más alto nivel de todo el mundo, que fue convocado por la Fundación Stop Ecocidio y que ha adquirido un considerable respaldo jurídico y político.
En funcionamiento desde 2002, la Corte Penal Internacional es el único tribunal internacional con jurisdicción para procesar a aquellos individuos que ostentan posiciones de responsabilidad superior y hayan sido acusados de cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o el crimen de agresión. En virtud de la nueva legislación sobre ecocidio que se ha propuesto, estas personas podrían ser consideradas penalmente responsables si sus acciones provocan graves daños ambientales, como, por ejemplo, los vertidos masivos de petróleo o de productos químicos, la tala de bosques tropicales primarios o la destrucción de sistemas fluviales enteros.
Jojo Mehta Cofundadora y Directora Ejecutiva de Stop Ecocidio Internacional, ha declarado que: «Introducir el ecocidio como crimen internacional es crucial porque hace que quienes ocupan puestos de responsabilidad superior -altos ejecutivos y responsables políticos- rindan cuentas por haber tomado decisiones que podrían conducir a una grave destrucción del medioambiente. El objetivo principal es, en última instancia, proteger: se trata de disuadir. El derecho penal crea poderosos límites morales y jurídicos, dejando claro que los niveles extremos de daño no sólo son ilegales, sino totalmente inaceptables. Al establecer consecuencias jurídicas, creamos una barrera que obliga a quienes toman las decisiones a dar prioridad a la seguridad de las personas y del planeta, lo que altera fundamentalmente la forma en que afrontan sus obligaciones. Con esto también creamos una vía hacia la justicia para los supuestos de los peores daños, tanto si se producen en tiempos de conflicto como en tiempos de paz».
Tras la notificación que ha realizado el Secretario General de la ONU, António Guterres, el Estado de Vanuatu ha presentado al Grupo de Trabajo sobre Enmiendas de la Asamblea de la CPI una propuesta formal de enmienda del Estatuto de Roma para que se incluya el crimen de ecocidio. La propuesta de Vanuatu -un archipiélago de origen coralino y de baja altitud compuesto por 80 islas- ha sido respaldada por otras dos naciones insulares del Pacífico (Fiji y Samoa), lo que refleja la importancia que tiene para los llamados “Pequeños Estados Insulares en Desarrollo” (PEID) el que la justicia ambiental sea tenida en cuenta. Vanuatu fue la primera nación en pedir el reconocimiento internacional del ecocidio en la Corte Penal Internacional, en 2019.
En los últimos 18 meses, se ha producido una oleada de nuevas legislaciones sobre el ecocidio que han avanzado a nivel nacional y regional. A principios de 2024, Bélgica tipificó el ecocidio como delito nacional, mientras que la Unión Europea incluyó en su nueva Directiva de Delitos Ambientales un delito «cualificado» para hacer frente a «conductas comparables al ecocidio». La Directiva fue aprobada en el Parlamento Europeo por 499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones. Nuevas leyes de ecocidio avanzan en otros países, como Perú, Brasil, Escocia, Italia y México.
La semana pasada, la Global Commons Survey 2024 (una nueva encuesta realizada por Ipsos a petición de Earth4All y la Global Commons Alliance) reveló que el 72% de los habitantes de los países más ricos del mundo apoyan la creación del crimen de ecocidio. Casi tres de cada cuatro personas encuestadas en los países del G20 (excepto Rusia) respaldaron la criminalización de las acciones que causen daños extensos, duraderos o irreversibles a la naturaleza y al clima.
Rodrigo Lledó Doctor en Derecho, Director de Stop Ecocidio para Américas, y parte del Panel de Expertos Independientes para la definición jurídica de ecocidio ha declarado que: “A partir de este momento, convertir el ecocidio en un crimen internacional deja de ser una posibilidad teórica. Necesariamente tendrá lugar un debate en torno a una propuesta concreta, ante una instancia internacional específica y con unos actores bien precisos. Si bien proteger la naturaleza es tarea de todos, concierne a los Estados que son parte en el Estatuto de Roma decidir si adoptarán el ecocidio como el quinto crimen de competencia de la Corte Penal Internacional, y cuándo y cómo se verificará esta necesaria protección legal del medio ambiente de los más graves ataques, que ponen en peligro a diversos ecosistemas y a nuestra propia supervivencia en este planeta. Comienza una nueva etapa.”
La propuesta de modificar el Estatuto de Roma llega en un momento crítico de la historia de la CPI, que se ha enfrentado al escrutinio internacional en los últimos meses, con legisladores estadounidenses amenazando con sanciones después de que el tribunal anunciara que solicitaba órdenes de detención contra los más altos cargos de Israel, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu, junto a dirigentes de Hamás por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. El tribunal también ha emitido una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin a los Estados miembros, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto con Ucrania.
Baltasar Garzón, jurista de renombre internacional por su trabajo en derechos humanos y jurisdicción universal, ha hecho la siguiente declaración: “Sin duda este es un paso muy importante en el largo camino recorrido para convertir el ecocidio en un crimen internacional. En este momento tan trascendente quiero recordar a Polly Higgins, quien junto con Jojo Mehta fundaron Stop Ecocidio, la organización que ha bregado incansablemente para hacer avanzar esta necesaria propuesta. Para hacer frente a la sistemática destrucción del medio ambiente es necesario aglutinar todos los esfuerzos en todos los ámbitos y que toda la comunidad internacional se comprometa en detener este proceso masivo de aniquilación. Hago un llamamiento tanto a los Estados que forman parte del Estatuto de Roma, como a los Estados que no lo son para que apoyen esta importante iniciativa.”Por su parte, el abogado ecuatorianoPablo Fajardo, Premio Goldman para el medioambiente por su acción a favor del medioambiente y la comunidad en la defensa jurídica en casos de destrucción de extensas áreas de la amazonía ecuatoriana, y quien también fue miembro del Panel de Expertos Independientes para la definición jurídica de ecocidio ha dicho que:“Esta propuesta alimenta la esperanza de los pueblos originarios, de los más vulnerables y excluidos, que son los que más están sufriendo los efectos del cambio climático. Reconocer el ecocidio como un crimen internacional es un deber de la humanidad en su conjunto; los Estados tienen que apoyar esta iniciativa, aportando con elementos sustanciales a un debate que es de los más relevantes en el tiempo presente. Desde la Amazonía ecuatoriana, que hoy está viviendo una de las peores sequías de la historia, vaya este agradecimiento a nuestros hermanos de Vanuatu, Fiyi y Samoa.”
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