“Equiparables a un ecocidio”: el Consejo de Europa criminaliza los daños graves al medio ambiente
Resumen
El Consejo de Europa ha adoptado un tratado histórico, l Convenio sobre la Protección del Medioambiente mediante el Derecho Penal, que define y tipifica una amplia gama de delitos ambientales y establece un marco jurídico para que los Estados persigan las conductas intencionadas que provoquen desastres ambientales “equiparables al ecocidio”.
El tratado, adoptado por el Comité de Ministros el 14 de mayo de 2025, está ahora abierto a su firma y entrará en vigor una vez ratificado por al menos 10 Estados (incluidos 8 miembros del Consejo de Europa, como exige el artículo 53.3), siendo tanto la firma como la ratificación voluntarias para los Estados.
Aunque el término “ecocidio” no se utiliza en las cláusulas operativas, el Preámbulo del Convenio hace referencia explícita al término, y sus disposiciones sobre “delitos especialmente graves” y “circunstancias agravantes” reflejan fielmente la definición de 2021 propuesta por el Panel de Expertos Independientes convocado por la Fundación Stop Ecocidio.
Adoptada junto con la Convención, la Estrategia Medioambiental quinquenal del Consejo de Europa aboga por una aplicación más estricta de la ley, la protección de los defensores del medioambiente y un mejor acceso a la justicia. Junto con la nueva Directiva de la UE sobre Delitos Ambientales y la propuesta formal de los Estados insulares del Pacífico de añadir el ecocidio al Estatuto de Roma de la CPI, esto supone un tercer gran avance en 12 meses en el uso del Derecho Penal Internacional para prevenir y castigar los daños más graves al medio ambiente.
Una nueva herramienta jurídica contra los daños graves al medio ambiente
El Consejo de Europa ha adoptado oficialmente el Convenio sobre la Protección del Medio Ambiente mediante el Derecho Penal, un nuevo tratado internacional que establece obligaciones jurídicas para que los Estados tipifiquen como delito una amplia gama de infracciones graves contra el medio ambiente. Adoptado por el Comité de Ministros el 14 de mayo de 2025, el Convenio está ahora abierto a la firma de los 46 Estados miembros del Consejo y otros signatarios invitados. El Convenio entrará en vigor cuando al menos 10 Estados -entre ellos 8 miembros del Consejo de Europa- lo hayan ratificado.
El tratado define y tipifica una serie de delitos relacionados con el medioambiente y, en palabras del propio Consejo de Europa, 'permite a los Estados perseguir las conductas intencionadas que provoquen desastres ambientales equiparables al ecocidio'.
Disposiciones clave e innovaciones jurídicas
El Convenio establece unas normas jurídicas mínimas para definir y perseguir los delitos contra el medio ambiente en los ordenamientos jurídicos nacionales. Abarca delitos como la contaminación ilícita, la destrucción de ecosistemas, el tráfico ilegal de residuos y el deterioro grave del hábitat. También introduce la noción de “delitos especialmente graves” para los actos que provocan daños irreversibles, duraderos o extensos al medioambiente, un lenguaje que se ajusta estrechamente a la definición de ecocidio propuesta en 2021 por el Panel de Expertos Independientes convocado por la Fundación Stop Ecocidio.
Aunque el término “ecocidio” no aparece en los artículos operativos de la Convención, su inclusión en el Preámbulo y la formulación de los “delitos especialmente graves” hacen del Tratado el reconocimiento más explícito del concepto de ecocidio en un instrumento jurídico europeo vinculante. El Convenio también esboza factores agravantes, como cuando los delitos causan daños duraderos o irreversibles a los ecosistemas, reforzando aún más este alineamiento.
El Convenio establece sanciones para las empresas infractoras, incluidas multas, inhabilitación para la actividad comercial y órdenes judiciales de restauración ambiental. También incluye protecciones para los defensores de los derechos humanos ambientales y para los denunciantes, así como disposiciones para el acceso público a la información y a la participación en la toma de decisiones ambientales.
No vinculante automáticamente: ¿Cual es el siguiente paso?
La Convención no es de aplicación automática. En primer lugar, los Estados deben optar por firmarla, lo que supone un apoyo político y un compromiso de alineamiento. Para que sea jurídicamente vinculante en un país, es necesaria la ratificación mediante procedimientos nacionales. Algunos países pueden actuar con rapidez para firmar y ratificar, mientras que otros pueden ser más lentos en actuar u optar por no hacerlo. La incidencia pública continua por parte de la sociedad civil desempeñará un papel clave a la hora de fomentar la adopción generalizada y la aplicación efectiva.
Parte de una estrategia ambiental más amplia
El nuevo Tratado es la pieza central de la Estrategia Medioambiental 2025-2030 del Consejo de Europa, que también ha sido adoptada por el Comité de Ministros esta semana. La Estrategia esboza cinco objetivos clave, entre los que se encuentra el prevenir y perseguir los delitos relacionados con el medio ambiente (Objetivo 4).
La Estrategia aboga explícitamente por la ratificación del Convenio, la mejora del acceso a la justicia, el refuerzo de la responsabilidad jurídica por los daños ambientales y la mejora de la protección de los defensores del medioambiente. Además, sitúa la protección del medioambiente como fundamental para el disfrute de los derechos humanos y de la integridad democrática.
Un cambio global hacia la rendición de cuentas
La adopción de este Convenio representa el tercer gran avance internacional en materia de Derecho Penal Ambiental en los últimos 12 meses, tras haberse producido la revisión de la Directiva de la Unión Europea sobre delitos contra el medio ambiente, que ahora incluye disposiciones sobre “conductas comparables al ecocidio”, y la propuesta formal a la Corte Penal Internacional, liderada por los Estados insulares del Pacífico, para que se añada el ecocidio al Estatuto de Roma. Esta trayectoria marca un claro cambio desde las salvaguardias voluntarias hacia las normas internacionales de obligado cumplimiento destinadas a prevenir, disuadir y perseguir los daños ambientales más graves.
Jojo Mehta, Cofundadora y Directora Ejecutiva de Stop Ecocidio Internacional, ha declarado:
“Al tipificar como delito la destrucción del medio ambiente “equiparable al ecocidio”, este tratado marca un momento histórico en el Derecho medioambiental. Reconoce que el daño masivo a la Naturaleza no es simplemente un lapsus normativo, sino un delito que merece ser perseguido. El Convenio puede servir ahora de modelo para una reforma mundial, con implicaciones que van mucho más allá de Europa.
Ya no nos cabe ninguna duda de que nuestra relación con la Naturaleza está cambiando y de que nuestros marcos jurídicos se están recalibrando para tenerlo en cuenta, lo que a su vez contribuye a arraigar una nueva y necesaria conciencia de responsabilidad hacia el mundo vivo del que dependemos totalmente.
Animemos a los Estados no sólo a firmar y ratificar este importante Convenio, sino también a reconocer que el daño ambiental grave y extenso o duradero -el ecocidio- debe prohibirse siempre como un delito grave, incluso aunque la forma precisa de cometerse no se haya detallado en este Convenio. La lógica es ineludible, como lo es nuestra imbricación con los ecosistemas que nos sustentan”.
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El texto completo del Convenio del Consejo de Europa sobre la Protección del Medio Ambiente mediante el Derecho Penal está disponible aquí(de momento, sólo en inglés), y la Estrategia Medioambiental 2025-2030 del Consejo de Europa puede leerse aquí(en inglés).