En un amplio paquete de reformas presentado ante el presidente John Dramani Mahama, el Comité de Revisión de la Constitución de Ghana ha propuesto tipificar el ecocidio como delito nacional, afirmando lo siguiente:

«Con el fin de expresar la repulsa y el oprobio de la sociedad hacia la minería ilegal en Ghana, el Comité incumpliría su deber de revisión constitucional si no recomendara la creación de un delito de ecocidio con sanciones muy severas y punitivas. Esto además da verdadera expresión al derecho a un medio ambiente limpio».

Durante la última Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7), la Comisión Climática de la Cuenca del Congo (CBCC, por sus siglas en inglés) manifestó su firme apoyo al reconocimiento del ecocidio como crimen internacional. En una reunión con Stop Ecocidio Internacional, Su Excelencia Arlette Soudan-Nonault, Ministra de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cuenca del Congo de la República del Congo y Secretaria Ejecutiva de la CBCC, confirmó que la Comisión, integrada por 17 países, apoyará los esfuerzos para impulsar esta cuestión en los procesos regionales y continentales.

El senador Cédric Ngindu Biduaya, de la República Democrática del Congo, ha presentado formalmente una Proposición de Ley en el Parlamento nacional para tipificar el ecocidio como delito penal interno, lo que supone un paso decisivo hacia el fortalecimiento de la protección jurídica de los ecosistemas en todo el país y la cuenca del Congo.

Alemania ha publicado un proyecto de reforma de su legislación penal ambiental, dando un paso adelantado para transponer la Directiva de la UE sobre delitos  ambientales en el ordenamiento interno. La Directiva exige a todos los Estados miembros que introduzcan disposiciones penales más estrictas frente a la destrucción ambiental antes de mayo de 2026, incluidos los delitos cualificados por daños generalizados, duraderos o irreversibles "comparables al ecocidio". 

Una declaración conjunta adoptada en el 21 .º Foro Mundial de Grupos Principales y Partes Interesadas (GMGSF-21) ha pedido que el ecocidio se reconozca como delito a nivel nacional e internacional. Publicado antes de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7) de este año, el texto refleja las posiciones de las ONG, los pueblos indígenas y sus comunidades, los jóvenes, las mujeres, los agricultores, los trabajadores, las autoridades locales y la comunidad científica y tecnológica.

El Parlamento de la India ha visto la presentación formal de un proyecto de ley privado que propone la tipificación del ecocidio como delito en la legislación nacional. El proyecto de ley aborda los graves daños medioambientales causados tanto por particulares como por empresas, y establece un marco detallado para la investigación, el castigo y la restauración ecológica. El avance del proyecto de ley depende ahora de su selección en la votación de los diputados privados durante la próxima sesión presupuestaria (enero de 2026).

En un paso histórico para la Corte Penal Internacional, la Fiscalía (OTP) ha publicado un documento de política integral dedicado íntegramente al daño ambiental, lo que supone un cambio notable en la forma en que la justicia internacional abordará los daños ecológicos.

El Consejo de Europa ha abierto a la firma su nuevo Convenio para la protección del medioambiente a través del Derecho Penal, un instrumento histórico que permite a los Estados perseguir las conductas intencionadas que provocan desastres ambientales "equiparables al ecocidio". 

En la ceremonia inaugural de la COP30 en Belém, Félix Tshisekedi, presidente de la República Democrática del Congo (RDC), reafirmó el apoyo de su país a la propuesta formal de Vanuatu, Fiyi y Samoa de enmendar el Estatuto de Roma y reconocer el ecocidio como un delito internacional independiente.

En su discurso, el Presidente Tshisekedi describió la creciente destrucción ambiental vinculada al conflicto en la República Democrática del Congo como "una guerra ecológica" y destacó la importancia mundial de tipificar como delito los daños graves y extensos o duraderos causados a la naturaleza.

La ley sobre el ecocidio se planteó en tres ocasiones durante la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el impacto ambiental de los conflictos armados y los riesgos para la seguridad derivados del clima, lo que demuestra la creciente atención diplomática que se está prestando a la tipificación de la destrucción masiva del ambiente como crimen internacional.

La Declaración de la Juventud Mundial 2025, que representa a miles de jóvenes de más de 100 países, ha pedido la adopción de leyes sobre el ecocidio para que empresas y Estados asuman responsabilidades penales por la destrucción masiva del ambiente, al tiempo que reconoce explícitamente que "las guerras, los genocidios y los conflictos provocan la degradación del ambiente y exacerban el cambio climático a través de emisiones incontroladas e ilimitadas".

El documento político de 91 páginas, elaborado a través de YOUNGO -el grupo oficial de niños y jóvenes de la CMNUCC- se presentará en la COY20 y la COP30 de Belém (Brasil) el próximo mes de noviembre. 

El Foro sobre la Participación de las ONG ("Foro de ONG") celebrado antes de la 85ª Sesión Ordinaria de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) ha adoptado una resolución de la sociedad civil que insta a la Comisión a apoyar el reconocimiento del ecocidio, definido en la resolución (basada en el trabajo del Panel de Expertos Independientes, 2021) como "actos ilegales o arbitrario cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que se produzcan daños graves y generalizados o a largo plazo en el medio ambiente". La resolución también anima a los Estados africanos a reforzar la protección jurídica nacional.

Representantes de todos los partidos no gubernamentales de Suecia han presentado proyectos de ley para que el ecocidio se considere un crimen internacional, lo que demuestra un notable consenso entre partidos sobre la protección del  ambiente. 

Todos los partidos de la oposición (los socialdemócratas -que son el mayor partido político de Suecia-, el Partido del Centro, el Partido Verde y el Partido de la Izquierda) han propuesto que la destrucción masiva del ambiente sea añadida al Estatuto de Roma, y un miembro de los liberales, de la coalición gobernante, ha propuesto que se celebren juicios por los delitos cometidos en Ucrania durante la guerra, incluyendo el ecocidio.

En su Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado en Abu Dhabi (9-15 de octubre), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la mayor y más diversa red medioambiental del mundo, integrada por más de 1.400 organizaciones miembros, entre las que se encuentran Estados, organismos gubernamentales, grupos de la sociedad civil y organizaciones de pueblos indígenas, ha votado a favor de aprobar la Moción 061, "Reconocimiento del delito de ecocidio para proteger la naturaleza".

Una coalición de organizaciones de la sociedad civil ghanesa ha hecho un llamamiento urgente al presidente John Dramani Mahama para que tome medidas inmediatas contra lo que describen como un "ecocidio" en curso impulsado por la minería ilegal de oro (galamsey) en el país. 

La detallada carta de la Coalición de Ghana contra el Galamsey, integrada por organizaciones como OneGhana Movement, A Rocha Ghana, la Asociación de Agricultores Campesinos de Ghana, el Instituto de Ingeniería de Ghana, la Asociación de Profesores Universitarios de Ghana (UTAG) y una veintena más, ha presentado pruebas aportadas por la organización sin fines de lucro Pure Earth y de la Agencia de Protección Ambiental de Ghana que muestran la contaminación por mercurio, arsénico y plomo en el agua, el suelo y los sistemas alimentarios de Ghana.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha confirmado públicamente el apoyo del gobierno a la tipificación del ecocidio como quinto delito básico en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en respuesta a las preguntas de la diputada del Partido Verde en el Riksdag Rebecka Le Moine durante una reunión abierta de la Comisión de la UE.

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima ha concedido su máxima distinción cívica, la Medalla Cívica del Derecho, a la Directora Ejecutiva y Cofundadora de Stop Ecocidio Internacional, Jojo Mehta, y a su Director para las Américas, Rodrigo Lledó Vásquez.

En un discurso histórico ante la 80ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el Presidente de la República Democrática del Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reafirmó el apoyo oficial de su país al reconocimiento del ecocidio como un crímen en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

La Comisión de Medio Ambiente, Clima y Vida Silvestre del Parlamento de Zimbabue ha iniciado una investigación formal en respuesta a una petición [enlace a la petición] del defensor de los derechos humanos y el medio ambiente Emmanuel Nkosilathi Moyo, residente en Kwekwe, en la que pide que el país tipifique como delito el ecocidio.

En una opinión consultiva emitida hoy, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha precisado que los Estados tienen la obligación legal vinculante, según el Derecho Internacional, no sólo de proteger el sistema climático y el medio ambiente, sino también de prevenir daños, cooperar a través de las fronteras y proporcionar indemnizaciones cuando se produzcan daños..

Solicitada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2023, esta Opinión Consultiva es el resultado de una campaña iniciada por el movimiento Pacific Islands Students Fighting Climate Change (Estudiantes de las islas del Pacífico combatiendo el cambio climático) que fue promocionada diplomáticamente por el Estado insular de Vanuatu, con el copatrocinio y apoyo de más de 130 países.