Los ministros africanos de Medio Ambiente han acordado formalmente incluir el ecocidio entre las prioridades medioambientales del continente para el bienio 2025-2027. La decisión, confirmada por S.E. el Dr. Abu Bakr Al-Harim, Ministro de Medio Ambiente de Libia y actual Presidente de la Conferencia Ministerial Africana sobre Medio Ambiente (AMCEN), se tomó en la 20ª Sesión Ordinaria de la conferencia y marca la primera vez que el ecocidio ha sido reconocido explícitamente como una prioridad estratégica continental por un foro de la ONU.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer públicamente el pasado 3 de julio su Opinión Consultiva respecto a la emergencia climática y DDHH tras más de dos años de estudio.

La Opinión Consultiva nº32, planteada por los Estados de Chile y Colombia en 2023, dictamina que la obligación internacional de no generar daños irreversibles al ambiente y al clima es una norma de ius cogens es decir, una norma imperativa de Derecho Internacional.

El 19 de junio de 2025, Argentina avanzó aún más hacia la penalización de las formas más graves de destrucción del medio ambiente. La senadora Edith Terenzi (presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado) presentó al Senado un proyecto de ley integral de ecocidio, la"Ley De Formas Especiales De Criminalidad Ambiental", que constituye la tercera iniciativa legislativa actualmente en estudio.

Una declaración interpartidista de la 73ª reunión de la COSAC (la Conferencia de los Órganos Especializados en Asuntos de la UE) – un foro oficial para facilitar la cooperación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, ha reconocido por primera vez la posible inclusión del ecocidio en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

El 5 de junio (Día Mundial del Medio Ambiente), la diputada dominicana Llaniris Espinal presentó unproyecto de ley para penalizar el ecocidio -daño grave o irreversible a los ecosistemas-. La ley propuesta conlleva penas de hasta 20 años de prisión, restauración medioambiental obligatoria y sanciones económicas.

El 5 de junio de 2025, el consejero sardo Francesco Cozzolino presentó un amplio Proyecto de Ley en el Consejo Regional de Cerdeña titulado Normas para la prevención y represión del ecocidio. 

El proyecto de ley define el ecocidio como los actos cometidos a sabiendas o por negligencia grave que causan daños graves, generalizados o duraderos al medio ambiente, lo que coincide con la definición propuesta en 2021 por el Grupo Independiente de Expertos convocado por la Fundación Stop Ecocidio.

En un hecho histórico, el mayor partido político sueco, los socialdemócratas (Socialdemokraterna), han anunciado oficialmente que van a impulsar el reconocimiento del crimen internacional de ecocidio, lo que significa dar un gran paso adelante en el esfuerzo mundial por convertir la destrucción ambiental a gran escala en un crimen según el Derecho Internacional. La decisión fue adoptada por el máximo órgano decisorio del partido, el Congreso S, que es el que dirige el trabajo a realizar durante los próximos cuatro años.

Escocia está a punto de convertirse en la primera nación del Reino Unido en tipificar como delito el ecocidio - es decir, el daño grave y temerario a la Naturaleza- en virtud de un nuevo proyecto de ley parlamentario que se ha publicado hoy en Holyrood, el Parlamento escocés. 

El Proyecto de Ley de ecocidio escocés, presentado por la Diputada Monica Lennon, criminalizaría los daños ambientales graves, extensos o irreversibles, con penas de hasta 20 años de cárcel para los particulares y multas ilimitadas para las empresas.

La Misión Permanente del Estado de Palestina ante el Reino de los Países Bajos ha calificado formalmente de ecocidio la destrucción del medio ambiente en Gaza, citando que menos del 5% de las tierras agrícolas siguen siendo aptas para el cultivo y pidiendo el reconocimiento jurídico internacional de las consecuencias a largo plazo. La declaración, la primera de un agente estatal que utiliza explícitamente el término en relación con Gaza, supone un avance significativo en el creciente discurso internacional sobre los daños medioambientales y la responsabilidad durante los conflictos.

El 26 de mayo de 2025, el diputado Teremuura Kohumoetini-Rurua, del partido Tavini Huiraatira, presentó en la Asamblea de la Polinesia Francesa, con el apoyo de 20 colegas, un proyecto de ley para tipificar como delito el ecocidio. El proyecto de ley pretende reforzar el marco jurídico del territorio estableciendo protecciones integrales para la naturaleza e imponiendo sanciones penales más estrictas por daños graves al medio ambiente.

El Consejo de Europa ha adoptado un tratado histórico: el Convenio sobre la Protección del Medio Ambiente mediante el Derecho Penal - que define y tipifica una amplia gama de delitos medioambientales y establece un marco jurídico para que los Estados persigan las conductas intencionadas que provoquen desastres medioambientales "equiparables al ecocidio".

Un nuevo dictamen jurídico del Dr. Stephan Sina, encargado por Stop Ecocide Deutschland, expone el modo en que Alemania podría incorporar a su legislación nacional la Directiva revisada de la UE sobre delitos ambientales, centrándose en los daños ambientales graves comparables al ecocidio.

En un hecho histórico, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), órgano deliberante de la principal organización europea de derechos humanos, ha adoptado una resolución que respalda el Proyecto de Convenio sobre la Protección del Medio Ambiente por medio del Derecho Penal.

De ser adoptado y ratificado por los Estados miembros, el Convenio se convertiría en el primer tratado internacional jurídicamente vinculante que tipifica como delito la destrucción grave y extensa del medio ambiente, un acto que es ampliamente calificado como “ecocidio”.

El 1 de abril de 2025, la Diputada Margarita Stolbizerr presentó un amplio Proyecto de Ley dedicado a los delitos ambientales, que incluye un Capítulo sobre el delito de ecocidio, utilizando la definición elaborada por el Panel de Expertos Independientes convocado en 2021 por la Fundación Stop Ecocidio.

El principal partido de la oposición en Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha apoyado una petición ciudadana para tipificar el ecocidio como delito a nivel nacional. La petición se presentó al Parlamento el 28 de noviembre de 2023, tras acumular cerca de 29.000 firmas manuscritas.

El Partido Verde alemán (Bündnis 90/Die Grünen) ha incluido en su programa electoral para 2025 (p.55 ) un compromiso con la aplicación coherente en Alemania de la Directiva de la UE sobre Delitos Medioambientales (D MA), recientemente revisada, así como con la prevención de los delitos medioambientales más graves (ecocidio) mediante una enmienda al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El miércoles 12 de febrero se puso en marcha el Ecocide Law Advisory(ELA), una iniciativa conjunta del UCLA Law Promise Institute Europe y Climate Counsel para proporcionar asesoramiento jurídico especializado, formación y apoyo en la redacción y aplicación de leyes sobre ecocidio.

Los días 15 y 16 de noviembre de 2024, la Asamblea General de la Asociación de Naciones Unidas de Alemania (UNA-Alemania, DGVN) -máximo órgano de decisión de la asociación- aprobó una moción de apoyo al reconocimiento del ecocidio como crimen internacional en la Corte Penal Internacional.