Penalizar el ecocidio como estrategia macroeconómica a largo plazo
Este blog de invitado está escrito por Rafael Kemelmajer, economista y cofundador de RITA (Regional Impact Trade Alliance).
En la economía global contemporánea, el problema ya no es solo el riesgo, sino la ilusión de que puede seguir externalizándose sin coste alguno. Durante demasiado tiempo, ciertos daños extremos se trataron como incidentes aislados o como el precio aceptable del crecimiento. Hoy en día, en un mundo de crisis en cascada, litigios transnacionales y balances expuestos, esa ficción ya no es sostenible. Penalizar el ecocidio no es una declaración ética ni una tendencia regulatoria: es una decisión de política económica destinada a evitar que el crecimiento actual se financie con la destrucción del valor del mañana.
La Economía del Riesgo ha Cambiado
Durante décadas, los graves daños causados a los ecosistemas fueron tratados como una externalidad: costes colaterales, difusos y, sobre todo, posponibles. Esa suposición ya no es válida. Los riesgos físicos, legales y de reputación se han vuelto sistémicos, cuantificables y cada vez más inmediatos.
Los fondos de inversión soberanos, las compañías aseguradoras globales, los bancos de importancia sistémica y los reguladores financieros ya no evalúan los proyectos únicamente por su rendimiento esperado, sino por su exposición a eventos extremos, litigios complejos y a la pérdida abrupta de valor territorial. En este contexto, la penalización del ecocidio deja de ser un debate normativo y se convierte en una señal institucional sobre cómo una economía gestiona sus riesgos extremos.
La pregunta relevante ya no es si estos riesgos existen, sino quién los asume cuando se materializan.
El ecocidio: del Debate Etico al Balance Macroeconómico
El ecocidio se refiere a actos cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente. Al convertirlo en delito penal, se introduce la responsabilidad personal y corporativa cuando se cruzan umbrales críticos.
Desde la perspectiva macroeconómica, esto equivale a proteger activos productivos esenciales. Los ecosistemas no son sólo un patrimonio natural: son una infraestructura económica. Cuando se degradan o destruyen, no desaparecen del balance: se convierten en pasivos fiscales, shocks de oferta, pérdida estructural de productividad y presión persistente sobre el gasto público.
Ignorar este vínculo es confundir el crecimiento con la extracción.
El Problema Económico del Cortoplacismo
Existe un tipo de inversión que se defiende en nombre del empleo, la competitividad o los dividendos inmediatos, pero que concentra una alta probabilidad de generar daños irreversibles. El problema no es ambiental ni ideológico; también es profundamente económico.
Estas inversiones maximizan flujos inmediatos, pero destruyen stocks críticos: el agua, el suelo, la estabilidad territorial y la salud. Cuando el daño ocurre, los beneficios privados se evaporan y las pérdidas se socializan.
En términos estrictamente macroeconómicos, se trata de proyectos con esperanza matemática negativa: ganancias concentradas en el corto plazo frente a costos públicos persistentes en el tiempo. Penalizar al ecocidio obliga a que ese riesgo deje de ser invisible para el mercado y pone fin a la recompensa de modelos de negocio basados en la externalización sistemática de los costes.
Cuando el Mercado Comienza a Valorar los Daños
El impacto del ecocidio cobra relevancia para el capital cuando se traduce en precios, costes y primas de riesgo:
Valor inmobiliario: tras eventos ambientales severos, el precio de los inmuebles cae entre un 15% y un 45%, erosionando el patrimonio, las garantías crediticias y la recaudación local.
Costo del capital: las regiones asociadas a conflictos ambientales persistentes se enfrentan a primas de riesgo más altas.
Agua y energía: la degradación de las cuencas hidrográficas ha duplicado los costos de provisión y tratamiento de agua en algunos países europeos en menos de una década, lo que ha afectado directamente a los márgenes comerciales.
Actividad económica: el turismo, la agricultura y el sector inmobiliario suelen registrar caídas de ingresos del 20 % y el 40 % tras crisis ambientales, con recuperaciones lentas o incompletas.
En términos simples: el daño ambiental masivo seca los flujos futuros. La penalización del ecocidio protege la capacidad de la economía para generar ingresos sostenidos y predecibles.
Ejemplos Cuantificables de Ecocidio y su Impacto Económico
La relación entre el ecocidio y el colapso económico no es teórica. Está documentada, medida y, en algunos casos, cubierta por un seguro:
Chernóbil (Europa, 1986): Más allá de la tragedia humana, el accidente nuclear constituyó un caso extremo de ecocidio con consecuencias macroeconómicas persistentes. En Bielorrusia, los costes acumulados asociados con la pérdida de productividad, la asistencia sanitaria, los reasentamientos y los territorios inutilizables se estiman en 235,000 millones de dólares estadounidenses. Durante años, Ucrania destinó entre el 5 % y el 7 % de su presupuesto nacional a gastos relacionados directa o indirectamente con el suceso. Cuatro décadas después, el impacto financiero y territorial sigue vigente.
Deepwater Horizon (Golfo de México, 2010): El derrame de petróleo representó un ecocidio marino a gran escala y una de las mayores responsabilidades corporativas de la historia moderna. La BP asumió entre 40,000 y 60,000 millones de dólares en costes de limpieza, multas e indemnizaciones. A esto se sumaron las pérdidas económicas persistentes en la pesca y el turismo, con estimaciones sectoriales que superaban los 8,000 millones de dólares sólo en la pesca comercial. El suceso alteró de forma duradera el perfil de riesgo normativo de la industria petrolera en alta mar.
Deforestación amazónica (Brasil): pérdidas anuales de servicios ecosistémicos estimadas en cientos de miles de millones de dólares, según el Banco Mundial de hasta 317,000 millones de dólares estadounidenses anuales, en impactos económicos totales para Brasil.
Estos casos comparten un patrón claro: cuando el ecocidio supera ciertos umbrales, los beneficios privados iniciales se disipan rápidamente y los costos se transforman en pasivos públicos, pérdida de valor y erosión de la credibilidad institucional. Un solo acontecimiento de esta magnitud puede borrar años de crecimiento.
Biodiversidad, Innovación y Ventaja Estratégica
Más allá del agua y del suelo, la biodiversidad es un activo económico estratégico. Es el banco genético del que dependen industrias como la biotecnología, la farmacología y los agroquímicos usados para la producción de alimentos.
La degradación de los ecosistemas erosiona la materia prima de sectores que mueven billones de dólares a nivel mundial. Por el contrario, los países que protegen estos activos están salvaguardando futuras patentes naturales y atrayendo inversiones en investigación y desarrollo. Desde esta perspectiva, penalizar el ecocidio no obstaculiza la innovación, sino que protege su desarrollo.
Anticiparse a los Estándares Globales
El debate ya no es hipotético. En septiembre de 2024, Vanuatu, Fiyi y Samoa presentaron formalmente una propuesta a la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional para reconocer el ecocidio como el quinto crimen internacional. La iniciativa, que utiliza la definición elaborada por un Panel de Expertos en 2021, cuenta con un apoyo cada vez mayor (incluido el de la República Democrática del Congo) y está avanzando en las discusiones diplomáticas, aunque su adopción requerirá una mayoría cualificada y podría llevar varios años.
Entre los países pioneros se encuentran Francia (que incorporó el delito en 2021) y Bélgica (que lo reconoció explícitamente en su nuevo Código Penal en 2024, siendo el primer país europeo en hacerlo a nivel nacional e internacional). En el Reino Unido, Escocia presentó un proyecto de ley sobre ecocidio (Escocia) en mayo de 2025, que se encuentra actualmente en la fase 1 del proceso parlamentario, con una posible votación en 2025-2026.
La Unión Europea adoptó en 2024 una Directiva sobre delitos medioambientales que obliga a los Estados miembros a tipificar como delito las conductas "comparables al ecocidio" antes de mayo de 2026.
Para las empresas multinacionales, operar en jurisdicciones alineadas con las normas emergentes no supone una carga adicional, sino una forma directa de mitigar los riesgos legales, reputacionales y financieros.
Un Seguro Sistémico para la Economía
Penalizar el ecocidio no solo disciplina los proyectos de alto riesgo, sino que también fortalece el resto del sistema productivo. Funciona como un seguro colectivo:
Reduce la incertidumbre para los sectores no extractivos.
Protege el valor de los activos existentes.
Mejora la previsibilidad para el talento y la inversión a largo plazo.
Desde un punto de vista macroeconómico, no se trata de detener el crecimiento, sino de mejorar su composición y resiliencia.
¿Disuade la Inversión?
Solo disuade las inversiones basadas en la externalización de costes.
El capital que huye ante la existencia de normas claras tiende a ser volátil, a requerir muchos recursos y a estar débilmente anclado al territorio. El capital que permanece es más intensivo en conocimientos, está menos expuesto a crisis de reputación y es más compatible con vínculos productivos duraderos.
A largo plazo, esa diferencia es importante.
Ventaja Competitiva a Largo Plazo
Penalizar el ecocidio no endurece la economía ni disuade las inversiones de calidad. Obliga al mercado a internalizar los costes que ya existen en forma de riesgos sistémicos, mejorando la eficiencia distributiva y la resiliencia de los balances.
Las economías que integren esta lógica obtendrán una ventaja competitiva al atraer un capital paciente, un talento de alto valor y flujos de inversión alineados con horizontes a largo plazo. Quienes se demoren pueden mantener rendimientos inmediatos a corto plazo, pero exponen sus sistemas financieros y productivos a perturbaciones evitables que erosionan los cimientos mismos de la prosperidad sostenida.
En un mundo en el que los inversores institucionales ya dan prioridad a la estabilidad territorial y a la gestión del riesgo extremo, reconocer estos costes no es intervencionismo: es el requisito previo para una competitividad duradera.