Este artículo de blog de invitado, es de la autoría de Mitch Holson, fotoperiodista y cineasta especializado en conflictos, el cambio climático y el Extremo Norte.

Vista del Førdefjord. © Arild Finne Nybø, a través de Flickr.

En 2015, Noruega concedió a una empresa minera permiso para verter 250 millones de toneladas de residuos industriales en uno de sus propios fiordos.

Nordic Mining podría extraer minerales de la mina de Engebø y verter los residuos, llamados estériles, directamente en el Førdefjord, uno de los fiordos nacionales protegidos por su población de salmón y zona de desove del bacalao, que conecta el mar abierto con un río protegido.

Cuando una demanda interpuesta por Amigos de la Tierra Noruega logró impugnar con éxito la decisión del Gobierno, se esperaba que se detuviera de inmediato la actividad de vertido de residuos de la mina. En cambio, el Ministerio de Clima y Medio Ambiente permitió a Engebø seguir vertiendo residuos mineros en el Førdefjord mientras se tramitaba una nueva solicitud de permiso. Un año después, con los residuos mineros aún fluyendo, la Agencia Noruega de Medio Ambiente ha recomendado conceder un permiso temporal por tres años más.

A unos cientos de kilómetros al norte, una empresa minera canadiense, llamada Blue Moon Metals, cuenta con un permiso de vertido para depositar 30 millones de toneladas de residuos mineros en el Repparfjord procedentes de su mina de cobre, plata y oro de Nussir. En 2025, una votación parlamentaria para retirar dicho permiso fracasó por 80 votos contra 21, por lo que sigue vigente.

Esto ilustra cómo se aplica la ley en Noruega, revelando una cara oculta y destructiva que se esconde tras una reputación, ampliamente aceptada, de protección del ambiente. Noruega es una de las cuatro naciones del mundo que aún permiten el vertido de residuos mineros en entornos submarinos, junto con Papúa Nueva Guinea, Indonesia y Turquía (otros dos países, Grecia y Francia, han puesto fin recientemente a esta práctica). Y lo que resulta aún más impactante, Noruega es uno de los dos únicos países que mantiene un marco normativo vigente para conceder nuevos permisos para futuros vertidos.

A pesar de que esta práctica se enfrenta a una oposición casi universal, el Estado sostiene que este método es el que causa menos daño ecológico y social: la “mejor técnica disponible”. Las minas de Engebø y Nussir ponen de manifiesto que el marco jurídico de Noruega está diseñado para absorber cualquier impugnación de las prácticas destructivas para el ambiente. Un marco penal vinculante que recogiera el ecocidio podría, por fin, cerrar esta brecha entre la apariencia de la ley y su función protectora.

Argumentos a favor de los residuos mineros submarinos

La gran mayoría de los residuos mineros a nivel mundial se vierten en presas de residuos en tierra firme, y solo 16 de las 2.500 minas de tamaño industrial de todo el mundo recurren al vertido en el mar. Además, algunas minas optan por el relleno de sus residuos, un proceso que consiste en llenar los huecos subterráneos que se crearon al extraer el mineral. Estos métodos no están exentos de riesgos. Por ejemplo, las presas de residuos pueden fallar, y de hecho fallan, en una media de casi cinco al año. Esto, junto con otras consecuencias, es lo que esgrime el Estado noruego para reforzar el apoyo a las alternativas submarinas.

Sin embargo, la investigación sobre los efectos a largo plazo de los residuos submarinos sigue siendo extremadamente limitada y existen importantes lagunas científicas que dificultan una comprensión clara de las posibles repercusiones. En la actualidad, no existe ninguna prueba estandarizada y acordada internacionalmente para evaluar la lixiviación de metales en el entorno de los fiordos, ni tampoco ningún valor máximo establecido para estos metales, lo que constituye una preocupación clave para las ONG ambientales y las comunidades indígenas. La escasez de estudios permite a Noruega mantener una postura cautelosamente positiva, reconociendo estas incertidumbres y restando importancia a los posibles riesgos al mismo tiempo.

¿La "mejor técnica disponible"?

A pesar de la clara amenaza que supone el vertido submarino, el Gobierno y las empresas mineras justifican sus decisiones recurriendo a la ciencia y la normativa, afirmando que el vertido en el océano representa lo que se conoce como la “mejor técnica disponible” (MTD). El término tiene su origen en el ámbito de la normativa ambiental y hace referencia a las mejores prácticas para minimizar el daño ambiental. Entonces, ¿cómo es posible que Noruega se salga con la suya utilizando este término para describir una práctica tan arriesgada?

Aunque Noruega no es un Estado miembro de la Unión Europea, sí forma parte del Espacio Económico Europeo (EEE), una coalición integrada por todos los Estados miembros de la UE y tres miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Este acuerdo integra a Noruega en los debates sobre las normas europeas en materia de salud ambiental y la obliga legalmente a adoptar la mayor parte de la legislación ambiental de la Unión Europea.

Sin embargo, la forma en que Noruega interpreta y aplica esta legislación sigue siendo, en parte, una cuestión nacional, lo que permite cierta flexibilidad en su aplicación a lo interno. Esto se evidencia cuando el Estado permite el vertido de residuos mineros en el océano, una interpretación de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva sobre residuos mineros de la Unión Europea. De este modo, Noruega puede adherirse a importante legislación ambiental y adoptarla, pero conserva plena autonomía para actuar de manera coherente con los intereses nacionales.

Manifestaciones contra la mina de Engebø, 2022. © Amanda Iversen Orlich.

La pertenencia al Espacio Económico Europeo obliga a Noruega a justificar que el vertido submarino de residuos mineros es compatible con las normas de la Unión Europea. Sin embargo, el escaso conocimiento que se tiene de los efectos a largo plazo de los residuos mineros submarinos en dichos entornos crea una zona gris que se puede aprovechar.

La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, publicó en 2009 un documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles (BREF), en el que establece la definición de dichas técnicas. Dado que la mera interpretación deja la postura de Noruega abierta a debate, actores del país ejercieron presión para que se incluyera el vertido submarino de residuos en este documento. Esto no fue realizado con el objetivo de llevar a cabo dicho vertido, sino para legitimar la práctica, permitiendo a Noruega describir el método como conforme a las normas  ambientales de la Unión Europea, en lugar de limitarse a aprovechar una laguna jurídica.

Como era de esperar, la Unión Europea se negó a reconocer la propuesta de Noruega, alegando que no existían estudios suficientes sobre las implicaciones del vertido de residuos mineros en el océano. Hasta 2025, ningún documento posterior sobre las mejores técnicas disponibles ha incluido formalmente el vertido submarino de residuos mineros. Sin embargo, Noruega sigue utilizando el término “mejores técnicas disponibles” como concepto descriptivo, asimilando discretamente el lenguaje de legitimidad que le fue denegado en dos ocasiones.

Argumentos a favor de una legislación relativa al ecocidio

El actual ordenamiento jurídico de Noruega le permite cumplir los requisitos procesales y evitar correr el riesgo de que no se produzca el resultado que desea, a pesar de causar una grave destrucción ambiental. En este sentido, la introducción del delito de ecocidio podría suponer un cambio transformador.

El Panel de Expertos Independientes para la definición de ecocidio, 2021.

Una definición jurídica formulada por un Panel de Expertos Independientes en 2021 describió el ecocidio como “daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”. En otras palabras, el ecocidio tipifica como delito los actos que podrían causar el daño más grave a la naturaleza.

La mayor parte de la normativa ambiental funciona restringiendo métodos nocivos específicos, sector por sector. La legislación relativa al ecocidio adopta un enfoque diferente: se centra en la magnitud del daño resultante, no en el método que lo ha causado. Esto significa que los responsables de la toma de decisiones deben sopesar directamente las consecuencias ambientales, independientemente de la actividad que estén regulando. Esto cobra especial relevancia en el caso de prácticas nuevas o poco conocidas, en las que el riesgo para los ecosistemas ya es evidente, pero la ciencia o la legislación aún no se han adaptado a la situación. La legislación sobre el ecocidio puede mitigar los riesgos en donde la normativa no puede hacerlo.

Un marco normativo nacional sobre el ecocidio podría eliminar la ambigüedad que actualmente permite a los gobiernos autorizar que continúen los vertidos mientras el litigio sigue en curso y establecer umbrales legales para los daños causados por los residuos mineros, independientemente de la intención. Es más, podría proteger los derechos de los sami,el  pueblo indígena noruego, al pasar de un modelo de consulta a otro que contemple una verdadera responsabilidad penal.

Lo que en su día se consideró una idea marginal, la tipificación como delito de la destrucción a gran escala de los ecosistemas, se ha consolidado como una corriente dominante. En todo el mundo se está debatiendo, proponiendo y aprobando legislación sobre el ecocidio. Francia, Bélgica, Azerbaiyány Mauricio  han promulgado leyes nacionales sobre el ecocidio en los últimos años. Otros quince países más, entre los cuales se encuentran Perú, Brasil, la India, Escociay Filipinas están también impulsando proyectos de ley sobre el ecocidio.

Este cambio se está afianzando, sobre todo, en toda la Unión Europea. La Directiva Europea sobre delitos ambientales de 2024 introdujo sanciones penales más severas para los daños ambientales graves, incluida una nueva categoría de delitos “comparables al ecocidio”. Mientras Europa avanza a pasos agigantados hacia la rendición de cuentas y la disuasión en materia de ecocidio, Noruega corre ahora el riesgo de convertirse en un caso atípico.

Como Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Noruega también podría apoyar la propuesta formal presentada por Vanuatu, Fiyi y Samoa para incluir el ecocidio entre las competencias de la Corte.

Noruega debe avanzar

No soy noruego, soy estadounidense. Mi actitud básica hacia los sistemas de poder, es decir, los gobiernos, es de profundo escepticismo. Con Engebø y Nussir como dos ejemplos de justicia aplazada de los que he podido ser testigo de primera mano, empiezo a ver ecos de mi propio país en un lugar en el que antes encontraba inspiración para la conservación del ambiente.

Noruega necesita urgentemente establecer medidas de protección, como sería una ley sobre el ecocidio, para evitar los daños más graves a los ecosistemas; de lo contrario, corre el riesgo de alejarse aún más de su papel de protectora de la naturaleza, que tanto se ha esforzado por preservar. Me temo que, sin estos avances, la espera colectiva se convertirá en una forma de gobernanza en Noruega.