La contaminación de los fiordos: por qué Noruega necesita una ley contra el ecocidio

Este artículo de blog, escrito por un colaborador invitado, es obra de Mitch Holson, fotoperiodista y cineasta especializado en conflictos, el cambio climático y el Extremo Norte.

Vista del Førdefjord. Crédito de la imagen: Arild Finne Nybø a través de Flickr.

En 2015, Noruega concedió a una empresa minera permiso para verter 250 millones de toneladas de residuos industriales en uno de sus propios fiordos.

Nordic Mining extraería minerales de la mina de Engebø y vertería los residuos, conocidos como relaves, directamente en el Førdefjord —uno de los fiordos nacionales protegidos por su población de salmón y zona de desove del bacalao, que conecta el mar abierto con un río protegido—. 

Cuando una demanda interpuesta por Amigos de la Tierra Noruega logró impugnar con éxito la decisión del Gobierno, se esperaba que se detuviera de inmediato la actividad de vertido de residuos de la mina. En cambio, el Ministerio de Clima y Medio Ambiente permitió a Engebø seguir vertiendo residuos mineros en el Førdefjord mientras se tramitaba una nueva solicitud de permiso. Un año después, con los residuos mineros aún fluyendo, la Agencia Noruega de Medio Ambiente ha recomendado conceder un permiso temporal por tres años más. 

A unos cientos de kilómetros al norte, una empresa minera canadiense llamada Blue Moon Metals cuenta con un permiso de vertido para depositar 30 millones de toneladas de residuos mineros en el Repparfjord para su mina de cobre, plata y oro de Nussir. En 2025, una votación parlamentaria para retirar dicho permiso fracasó por 80 votos contra 21, por lo que sigue vigente.

Esto ilustra cómo se aplica la ley en Noruega, revelando una cara oculta y destructiva que se esconde tras una reputación, ampliamente aceptada, de protección del medio ambiente. Noruega es uno de las cuatro únicas naciones del mundo que aún permiten el vertido de residuos mineros en entornos submarinos, junto con Papúa Nueva Guinea, Indonesia y Turquía (otros dos países —Grecia y Francia— han puesto fin recientemente a esta práctica). Y lo que resulta aún más impactante, Noruega es uno de los dos únicos países que mantiene un marco normativo vigente para conceder nuevos permisos para futuros vertidos. 

A pesar de que esta práctica se enfrenta a una oposición casi universal, el Estado sostiene que este método es el que causa menos daño ecológico y social: la «mejor técnica disponible». Las minas de Engebø y Nussir ponen de manifiesto que el marco jurídico de Noruega está diseñado para absorber cualquier impugnación de las prácticas destructivas para el medio ambiente. Un marco penal vinculante para el ecocidio podría, por fin, cerrar esta brecha entre la apariencia de la ley y su función protectora.

Argumentos a favor de los residuos mineros submarinos 

La gran mayoría de los residuos mineros a nivel mundial se vierten en presas de residuos en tierra firme, y solo 16 de las 2.500 minas de tamaño industrial de todo el mundo que recurren al vertido en el mar. Además, algunas minas optan por el relleno de sus residuos, un proceso que consiste en rellenar los huecos subterráneos que se crearon al extraer el mineral. Estos métodos no están exentos de riesgos. Por ejemplo, las presas de residuos pueden fallar —y de hecho fallan—, una media de casi cinco al año. Esto, junto con otras consecuencias, es lo que esgrime el Estado noruego para reforzar el apoyo a las alternativas submarinas.

Sin embargo, la investigación sobre los efectos a largo plazo de los residuos submarinos sigue siendo extremadamente limitada, y existen importantes lagunas científicas que dificultan una comprensión clara de las posibles repercusiones. Actualmente no existe ninguna prueba normalizada y acordada internacionalmente sobre la lixiviación de metales en los entornos de los fiordos, ni valores umbral establecidos para estos metales, lo que constituye una preocupación clave para las ONG medioambientales y las comunidades indígenas. Debido a la escasez de estudios, Noruega puede mantener una postura cautelosamente positiva, reconociendo estas incertidumbres y restando importancia a los posibles riesgos al mismo tiempo. 

¿La «mejor técnica disponible»?

A pesar de la clara amenaza que supone el vertido submarino, el Gobierno y las empresas mineras justifican sus decisiones recurriendo a la ciencia y la normativa, afirmando que el vertido en el océano representa lo que se conoce como la «mejor técnica disponible» (MTD). El término tiene su origen en el ámbito de la normativa medioambiental y hace referencia a las mejores prácticas para minimizar el daño medioambiental. Entonces, ¿cómo es posible que Noruega se salga con la suya utilizando este término para describir una práctica tan arriesgada?

Aunque Noruega no es un Estado miembro de la UE, sí forma parte del Espacio Económico Europeo (EEE), una coalición integrada por todos los Estados miembros de la UE y tres miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Este acuerdo integra a Noruega en los debates sobre las normas europeas en materia de salud ambiental y la obliga legalmente a adoptar la mayor parte de la legislación medioambiental de la UE. 

Sin embargo, la forma en que Noruega interpreta y aplica esta legislación sigue siendo, en parte, una cuestión nacional, lo que permite cierta flexibilidad en su aplicación a nivel nacional. Esto queda patente cuando el Estado permite el vertido de residuos mineros en el océano, una interpretación de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva sobre residuos mineros de la UE. De este modo, Noruega puede adherirse a importante legislación medioambiental y adoptarla, pero conserva plena autonomía para actuar de manera coherente con los intereses nacionales.

Manifestaciones contra la mina de Engebø, 2022. Crédito de la imagen: Amanda Iversen Orlich.

La pertenencia al EEE obliga a Noruega a justificar que el vertido submarino de residuos mineros es compatible con las normas de la UE. Sin embargo, el escaso conocimiento que se tiene de los efectos a largo plazo de los residuos mineros submarinos en los entornos marinos crea una zona gris que se puede aprovechar.

La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, publicó en 2009 un documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles (BREF), en el que se define qué se considera una MTD. Dado que la mera interpretación deja la postura de Noruega abierta a debate, los actores noruegos ejerciendo presión para que se incluyera el vertido submarino de residuos en este documento. Esto no se debe a que les permitiera llevar a cabo dicho vertido, sino a que legitimaría la práctica, permitiendo a Noruega describir el método como conforme a las normas medioambientales de la UE, en lugar de limitarse a aprovechar una laguna jurídica. 

Como era de esperar, la UE se negó a reconocer la propuesta de Noruega, alegando que no existían estudios suficientes sobre las implicaciones del vertido de residuos mineros en el océano. Hasta 2025, ningún documento posterior sobre las mejores técnicas disponibles (BAT) ha incluido formalmente el vertido submarino de residuos mineros. Sin embargo, Noruega sigue utilizando el término «BAT» como descriptor, asimilando discretamente el lenguaje de legitimidad que le fue denegado en dos ocasiones.

Argumentos a favor de una ley sobre el ecocidio

El actual ordenamiento jurídico de Noruega le permite cumplir los requisitos procesales y evitar correr el riesgo de que no se produzca el resultado que desea, a pesar de causar una grave destrucción medioambiental. En este sentido, la introducción del delito de ecocidio podría suponer un cambio transformador.

Grupo de expertos independientes para la definición de ecocidio, 2021.

A definición jurídica formulada por un grupo de expertos independientes en 2021 describía el ecocidio como «un daño grave y generalizado o de larga duración al medio ambiente». En otras palabras, el ecocidio tipifica como delito los actos que podrían causar el daño más grave a la naturaleza.

La mayor parte de la normativa medioambiental funciona restringiendo métodos nocivos específicos, sector por sector. La ley sobre el ecocidio adopta un enfoque diferente: se centra en la magnitud del daño resultante, no en el método que lo ha causado. Esto significa que los responsables de la toma de decisiones deben sopesar directamente las consecuencias medioambientales, independientemente de la actividad que estén regulando. Esto cobra especial relevancia en el caso de prácticas nuevas o poco conocidas, en las que el riesgo para los ecosistemas ya es evidente, pero la ciencia o la legislación aún no se han adaptado a la situación. La ley sobre el ecocidio puede mitigar los riesgos allí donde la normativa no puede hacerlo.

Un marco normativo nacional sobre el ecocidio podría eliminar la ambigüedad que actualmente permite a los gobiernos autorizar que continúen los vertidos mientras el litigio sigue en curso y establecer umbrales legales para los daños causados por los residuos mineros, independientemente de la intención. Es más, podría proteger los derechos de los sami al pasar de un modelo de consulta a otro que contemple una verdadera responsabilidad penal.

Lo que en su día se consideró una idea marginal, la tipificación como delito de la destrucción a gran escala de los ecosistemas, se ha consolidado como una corriente dominante. En todo el mundo se está debatiendo, proponiendo y aprobando legislación sobre el ecocidio. Francia, Bélgica, Azerbaiyány Mauricio han promulgado leyes nacionales contra el ecocidio en los últimos años. Más de quince países más, como Perú, Brasil, la India, Escociay Filipinas están impulsando proyectos de ley sobre el ecocidio en todo el mundo. 

Este cambio se está afianzando, sobre todo, en toda la UE. La Directiva sobre delitos medioambientales de 2024 introdujo sanciones penales más severas para los daños medioambientales graves, incluida una nueva categoría de delitos «comparables al ecocidio». Mientras Europa avanza a pasos agigantados hacia la rendición de cuentas y la disuasión en materia de ecocidio, Noruega corre ahora el riesgo de convertirse en un caso atípico. 

Como Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Noruega también podría apoyar la propuesta formal presentada por Vanuatu, Fiyi y Samoa para incluir el ecocidio entre las competencias de la Corte.

Noruega debe seguir adelante 

No soy noruego, soy estadounidense. Mi actitud básica hacia los sistemas de poder, es decir, los gobiernos, es de profundo escepticismo. Con Engebø y Nussir como dos ejemplos de justicia aplazada de los que he podido ser testigo de primera mano, empiezo a ver ecos de mi propio país en un lugar en el que antes encontraba inspiración para la conservación del medio ambiente.  

Noruega necesita urgentemente medidas de protección, como una ley contra el ecocidio, para evitar los daños más graves a los ecosistemas; de lo contrario, corre el riesgo de alejarse aún más de su papel de protectora de la naturaleza, que tanto se ha esforzado por preservar. Me temo que, sin estos avances, la espera colectiva se convertirá en una forma de gobernanza en Noruega.