Resumen:
Un hito para la justicia medioambiental como enmienda al Estatuto de Roma de la CPI para incluir el delito de ecocidio.
Vanuatu, principal impulsor de una propuesta histórica para que los altos cargos y los responsables de la toma de decisiones rindan cuentas y sean sancionados por los delitos más graves contra el medio ambiente
La CPI es el órgano judicial que tiene competencia internacional para enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. El ecocidio, de adoptarse, se convertiría en el quinto crimen internacional.
NUEVA YORK, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024: Hoy se ha presentado oficialmente el delito de ecocidio para su consideración por parte de los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI), un hecho que supone un importante paso adelante en el esfuerzo mundial por tipificar la destrucción medioambiental a gran escala como delito en el marco del Derecho internacional.
El «ecocidio», tal y como lo proponen Vanuatu, Fiyi y Samoa, se define como«actos ilícitos o temerarios cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que dichos actos causen daños graves al medio ambiente, ya sean generalizados o a largo plazo». Esta definición surgió en 2021 de un grupo de expertos independientes formado por destacados juristas de todo el mundo, convocado por la Fundación Stop Ecocide, y ha adquirido un importante peso jurídico y político.
En funcionamiento desde 2002, la Corte Penal Internacional es el único tribunal internacional con jurisdicción para procesar a aquellos individuos que ostentan posiciones de responsabilidad superior y hayan sido acusados de cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o el crimen de agresión. En virtud de la nueva legislación sobre ecocidio que se ha propuesto, estas personas podrían ser consideradas penalmente responsables si sus acciones provocan graves daños ambientales, como, por ejemplo, los vertidos masivos de petróleo o de productos químicos, la tala de bosques tropicales primarios o la destrucción de sistemas fluviales enteros.
El profesor Philippe Sands KC, catedrático de Derecho en el University College London y copresidente del Grupo de Expertos Independientes para la Definición Jurídica del Ecocidio, afirmó: «Existe una laguna manifiesta en el Estatuto de la CPI, y el ecocidio ocupa ahora un lugar destacado en la agenda, lo que supone un momento crucial y necesario para un derecho internacional eficaz. Esta evolución refleja un reconocimiento cada vez mayor de que la destrucción medioambiental grave merece la misma responsabilidad jurídica que otros delitos internacionales graves centrados en el ser humano. Insto a los Estados miembros a que apoyen esta iniciativa, a que reconozcan que el Estatuto de Roma, tal y como está redactado, no puede abordar adecuadamente los daños medioambientales, y que este es un momento de cambio generacional, necesario para salvaguardar nuestro medio ambiente y transmitir a las generaciones venideras que el mundo se toma esto realmente en serio».
Tras la notificación del secretario general de la ONU, António Guterres, el Estado miembro de Vanuatu —un archipiélago de baja altitud formado por 80 islas en Oceanía— ha presentado ante el Grupo de Trabajo sobre Enmiendas de la Asamblea de la CPI una propuesta formal para modificar el Estatuto de Roma con el fin de incluir el delito de ecocidio, copatrocinada por otras naciones insulares del Pacífico, como Fiyi y Samoa, lo que refleja la importancia que revisten las consideraciones de justicia medioambiental para los pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS). Vanuatu fue la primera nación en pedir el reconocimiento internacional del ecocidio ante la Corte Penal Internacional en 2019.
En los últimos 18 meses, se ha producido una oleada de nuevas legislaciones sobre el ecocidio que han avanzado a nivel nacional y regional. A principios de 2024, Bélgica tipificó el ecocidio como delito nacional, mientras que la Unión Europea incluyó en su nueva Directiva de Delitos Ambientales un delito «cualificado» para hacer frente a «conductas comparables al ecocidio». La Directiva fue aprobada en el Parlamento Europeo por 499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones. Nuevas leyes de ecocidio avanzan en otros países, como Perú, Brasil, Escocia, Italia y México.
La semana pasada, la Global Commons Survey 2024 (una nueva encuesta realizada por Ipsos a petición de Earth4All y la Global Commons Alliance) reveló que el 72% de los habitantes de los países más ricos del mundo apoyan la creación del crimen de ecocidio. Casi tres de cada cuatro personas encuestadas en los países del G20 (excepto Rusia) respaldaron la criminalización de las acciones que causen daños extensos, duraderos o irreversibles a la naturaleza y al clima.
Jojo Mehta, cofundador y director ejecutivo de Stop Ecocide International, afirmó: «Introducir el ecocidio como delito internacional es fundamental, ya que hace que quienes ocupan puestos de mayor responsabilidad —altos ejecutivos y responsables políticos— rindan cuentas por las decisiones que podrían provocar una grave destrucción medioambiental. El objetivo principal es, en última instancia, de carácter preventivo: se trata de la disuasión. El derecho penal establece límites morales y jurídicos muy sólidos, dejando claro que los daños extremos no solo son ilegales, sino totalmente inaceptables. Al establecer consecuencias jurídicas, creamos una barrera de protección que obliga a los responsables de la toma de decisiones a dar prioridad a la seguridad de las personas y del planeta, lo que modifica de forma fundamental su forma de abordar sus obligaciones. También abrimos una vía hacia la justicia para los daños más graves, ya se produzcan en tiempos de conflicto o en tiempos de paz».
La propuesta de modificar el Estatuto de Roma llega en un momento crítico de la historia de la CPI, que se ha enfrentado al escrutinio internacional en los últimos meses, con legisladores estadounidenses amenazando con sanciones después de que el tribunal anunciara que solicitaba órdenes de detención contra los más altos cargos de Israel, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu, junto a dirigentes de Hamás por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. El tribunal también ha emitido una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin a los Estados miembros, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto con Ucrania.
Ralph Regenvanu, enviado especial para el cambio climático y el medio ambiente de la República de Vanuatu, afirmó: «Las pérdidas y los daños medioambientales y climáticos que sufre Vanuatu están devastando nuestra economía insular, sumergiendo nuestro territorio y amenazando nuestros medios de vida. Esta tragedia no es exclusiva de Vanuatu, sino que la comparten muchas pequeñas naciones insulares que, a pesar de ser las menos responsables de la crisis, son las que más sufren sus efectos».
«Estamos adoptando medidas audaces y necesarias para hacer frente a estos retos y animamos a otros Estados vulnerables a que tomen nota de nuestra propuesta, recientemente presentada, para que el ecocidio sea juzgado ante la CPI. Vanuatu considera imprescindible que la comunidad internacional se tome en serio este debate, e invitamos calurosamente a todos los Estados miembros a participar en él. El reconocimiento jurídico de los daños medioambientales graves y generalizados encierra un gran potencial para garantizar la justicia y, lo que es más importante, para disuadir de una mayor destrucción».
«Como primera nación en pedir en 2019 la inclusión del ecocidio como delito ante la CPI, Vanuatu mantiene su compromiso de abordar estas cuestiones fundamentales al más alto nivel. Instamos a los Estados miembros de la CPI a que tomen nota del apoyo tan considerable que esta iniciativa cuenta por parte de la sociedad civil en todo el mundo, a medida que avanza este debate crucial».
