El proyecto de ley de Brasil sobre «proyecto de ley sobre el ecocidio» ha dado un primer paso decisivo para convertirse en ley.
El proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados del Congreso de Brasil.
Brasil es uno de los cada vez más numerosos Estados de la región que están impulsando leyes destinadas a tipificar como delito los daños más graves a la naturaleza, entre ellos México, Argentina y Chile.
El pasado miércoles, 8 de noviembre, la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados del Congreso de Brasil aprobó el proyecto de ley n.º 2933/2023, cuyo objetivo es tipificar como delito los casos más graves de destrucción ilegal o indiscriminada del medio ambiente, lo que se conoce como «ecocidio». Este proyecto de ley ha sido redactado y presentado por el partido PSOL y cuenta con el apoyo de una coalición de organizaciones, entre las que se incluyen Ecoe Brasil, Climate Counsel, Observatório do Clima y Stop Ecocide International.
Según Paulo Busse, uno de los abogados que colaboró en la redacción del proyecto de ley sobre el ecocidio, «este es el primer paso legislativo para tipificar el ecocidio como delito en Brasil. La actual Ley de Delitos Ambientales brasileña no es aplicable a las formas más graves y de mayor alcance de degradación medioambiental y depende en exceso de normas y reglamentos administrativos». El proyecto de ley n.º 2933/2023 define el ecocidio como «actos ilegales o temerarios, a sabiendas de que generan una probabilidad sustancial de causar daños graves y generalizados o a largo plazo al medio ambiente», lo que colma una importante laguna en la legislación brasileña. Si se aprobara esta nueva ley brasileña sobre el ecocidio con penas más severas para los autores y se otorgaran a los fiscales competencias suficientes para aplicarla adecuadamente, probablemente supondría una poderosa herramienta más en el arsenal de los fiscales brasileños».
«El nuevo tipo de delito que se propone» —añade Paulo Busse— «dirigido contra los altos directivos responsables de las decisiones que provocan estas tragedias, tipifica el delito de ecocidio, incorporándolo a la Ley de Delitos Medioambientales, con una pena de prisión de entre 5 y 15 años y una multa para los responsables».
Rodrigo Lledó, director de Americas Stop Ecocide y miembro del Panel de Expertos Independientes que redactó la definición jurídica consensuada de ecocidio, afirmó: «Una vez dado este primer paso, debemos seguir trabajando en los siguientes, ya que aún queda un largo camino por recorrer. Brasil es uno de los países más influyentes de la región y esperamos que su ejemplo sea seguido por otros. Se ha presentado un proyecto de ley similar en el Congreso mexicano y se está preparando otro en Argentina. Chile también acaba de aprobar una nueva ley económica y medioambiental que incluye varios elementos de la definición jurídica de ecocidio formulada por el Panel de Expertos Independientes, convocado por la Fundación Stop Ecocide en 2021. Estas iniciativas son importantes porque necesitamos proteger el medio ambiente a nivel nacional e internacional».
Jojo Mehta, cofundador y director ejecutivo de Stop Ecocide International, elogió este hito y afirmó:
«Se trata de un primer paso legislativo oportuno e importante para Brasil. La Amazonía, uno de los biomas más significativos y amenazados del planeta, requiere una protección jurídica significativa. La introducción de un nuevo delito específico de ecocidio, destinado a prevenir y sancionar los daños más graves contra la naturaleza, contribuiría de manera significativa a proporcionar las garantías jurídicas necesarias. Esta medida es esencial no solo para proteger los diversos ecosistemas de la Amazonía, sino también para defender los derechos de las comunidades indígenas. Tenemos mucho que aprender de estas comunidades, sobre todo en lo que respecta a fomentar relaciones armoniosas con nuestro hogar planetario compartido».
