La ley del ecocidio: el próximo gran cambio moral y jurídico

Jojo Mehta es la Directora Ejecutiva y Co-fundadora de Stop Ecocidio Internacional

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Entre 1961 y 1971, se rociaron más de 75 millones de litros de herbicidas tóxicos sobre los bosques y tierras de cultivo de Vietnam en nombre de la estrategia militar. El agente naranja, un producto químico diseñado para defoliar los árboles y destruir los cultivos, dejó a su paso una estela de devastación: agua envenenada, niños y niñas deformes, ecosistemas arrasados.

Alrededor del 20% de los bosques tropicales del país quedaron desnudos, y muchos nunca se han recuperado. Fue un asalto a la vida en todas sus formas, y se produjo con total impunidad legal.

Este horror provocó un cambio en la mentalidad y en el vocabulario. Arthur Galston, un biólogo de Yale cuyas primeras investigaciones sobre plantas contribuyeron a la base química del agente naranja, quedó horrorizado por el uso que se le había dado. En 1970, propuso una nueva palabra: ecocidio.

Programa Ranch Hand: Formación de cuatro naves en un rociado de defoliación (Vietnam, 1960). Crédito: US AirForce.

Argumentó que debía ser reconocido como un crimen internacional. El Primer Ministro sueco, Olof Palme, utilizó ese término en la Cumbre ambiental de la ONU de 1972, calificando la defoliación de Vietnam como un “crimen contra la Naturaleza”.

Pero el concepto nunca llegó a convertirse en ley. En los debates que precedieron a la negociación del Estatuto de Roma -el Tratado mediante el cual se creó la Corte Penal Internacional- se plantearon propuestas para incluir la destrucción grave del medio ambiente entre los principales crímenes internacionales, pero finalmente quedó excluida cuando se firmó el Tratado en 1998.

Cuando la CPI abrió sus puertas en 2002, tenía jurisdicción sobre el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. El daño ambiental -incluso a escala catastrófica-, con la excepción de una subcláusula muy específica dentro de los crímenes de guerra, quedaba fuera de su ámbito.

Un cuarto de siglo después, se está volviendo a examinar esta laguna del Derecho Penal Internacional, esta vez impulsada no sólo por la necesidad urgente de proteger a los ecosistemas y a las comunidades amenazadas, sino también contando con una arquitectura jurídica adecuada que lo respalde.

En 2021, un panel de destacados juristas internacionales convocados por nuestra rama benéfica, la Fundación Stop Ecocidio, elaboró una definición jurídica consensuada de ecocidio: “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”. Esta definición, cuidadosamente ajustada al marco del Derecho Penal Internacional, se ha convertido en la base de los esfuerzos legislativos que se están desarrollando en todo el mundo.

Algunos países, como Bélgica y Francia, ya han adoptado el concepto de ecocidio en su legislación nacional, mientras que Ucrania ha resucitado una disposición legal propia inactiva y está persiguiendo de forma activa los casos.

Muchos otros países, como los Países Bajos, Perú, Argentina, Italia y Escocia, donde el proyecto de ley sobre ecocidio (Escocia) se presentó formalmente en el Parlamento hace apenas unas semanas.

Estos avances a nivel nacional forman parte de una transformación jurídica más amplia. La Unión Europea ha adoptado formalmente una nueva Directiva sobre delitos ambientales que incluye casos delictivos "comparables al ecocidio", y los Estados miembros habrán de transponerla a sus propias legislaciones antes del verano de 2026.

Hace tan sólo un mes, el Consejo de Europa, una organización intergubernamental de la que forman parte 46 Estados europeos que tiene sede en Estrasburgo (Francia), adoptó un pionero Convenio sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal, que permite perseguir la destrucción ambiental “equiparable al ecocidio”. Este tratado está ahora abierto a su firma.

el impulso sigue creciendo. El ecocidio está ahora formalmente sobre la mesa de la CPI, gracias a una coalición de naciones insulares del Pacífico vulnerables al Cambio Climático -Vanuatu, Samoa y Fiyi- que, en septiembre de 2024, presentaron una propuesta para enmendar el Estatuto de Roma y establecer el ecocidio como quinto crimen internacional de la Corte. Esa propuesta cuenta ahora con el respaldo de la República Democrática del Congo y la norma jurídica mundial está tomando forma rápidamente.

El fiscal adjunto de la CPI discute la propuesta formal de convertir el ecocidio en un nuevo crimen internacional en un acto oficial paralelo a la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la CPI de 2024 en diciembre. Crédito: Patricia Willocq.

La ley del ecocidio trata de proteger los ecosistemas vitales -y a los ciudadanos de a pie cuyas vidas y medios de subsistencia dependen de ellos- de los daños infligidos imprudentemente por los más poderosos de la sociedad. Al introducir la responsabilidad penal personal, se impide que los individuos se escondan tras el “velo corporativo” o los privilegios políticos y, lo que es más importante, sirve como poderoso elemento disuasorio, ayudando a prevenir los peores daños antes de que se produzcan.

La opinión pública respalda firmemente esta nueva norma jurídica: en los países del G20, el 72% de la ciudadanía apoya la criminalización de los ejecutivos y los responsables políticos que autoricen o permitan la destrucción masiva del medio ambiente.

Esta oleada refleja algo más que una exigencia de responsabilidades: señala un cambio más profundo en la conciencia jurídica y moral. La gente rechaza cada vez más la ficción de la época de la Ilustración de que el ser humano existe separado del mundo natural.

Esa ilusión, que nunca ha engañado a las comunidades indígenas, está siendo desmontada por el colapso ecológico y la experiencia vivida. La ley del ecocidio lo expresa en los términos más sencillos: cuando destruimos la Naturaleza a gran escala, ponemos en peligro no sólo el mundo vivo, sino los fundamentos sociales y económicos que dependen de él.

No se trata sólo de una innovación jurídica. Es una corrección largamente esperada, que será acogida como un barrera de seguridad esencial para proteger una biosfera amenazada que nos incluye a todos. Como dijo una vez la pionera abogada Polly Higgins, mi difunta cofundadora: “la Tierra necesita una buena abogada”. Ese informe jurídico se está escribiendo ahora, en Kinshasa, Estrasburgo, Lima y Edimburgo.

La cuestión ya no es si el Derecho Penal Internacional se pondrá al día, sino cuándo.