Resumen
En su Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado en Abu Dabi (del 9 al 15 de octubre), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la red medioambiental más grande y diversa del mundo, integrada por más de 1.400 organizaciones miembros —entre las que se incluyen Estados, organismos gubernamentales, grupos de la sociedad civil y organizaciones de pueblos indígenas—, ha votado a favor de aprobar la Moción 061, «Reconocimiento del delito de ecocidio para proteger la naturaleza».
La Moción fue aprobada por una clara mayoría de votos emitidos por los Estados y agencias gubernamentales, y por una abrumadora mayoría de las ONGs y Organizaciones de Pueblos Indígenas.*
La Moción 061 insta a los Estados a reconocer el ecocidio como un delito grave en el Derecho nacional e internacional y recomienda que los Estados Parte del Estatuto de Roma valoren la enmienda propuesta para que se tipifique el ecocidio como un crimen autónomo dentro de la Corte Penal Internacional, aplicable tanto en tiempos de paz como durante los conflictos armados. La moción también encarga a la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN que elabore una orientación práctica sobre el alcance y la aplicación de la persecución penal del ecocidio, y que incluya de qué manera los enjuiciamientos pueden contribuir a la restauración de los ecosistemas y a la protección de la geodiversidad, con el apoyo del Consejo y su difusión entre los miembros por parte de la Directora General a más tardar un año antes del Congreso de 2029. Por último, elogia a los Estados que han asumido un papel de liderazgo en la legislación sobre el ecocidio e invita a otros a considerar la adopción de legislación a nivel nacional.
La moción fue copatrocinada por Vanuatu, que lideró la propuesta de 2024 ante la Corte Penal Internacional junto con Fiyi y Samoa, y que ahora cuenta con el respaldo de la República Democrática del Congo ( RDC), además de destacadas ONG como The Wildlife Trusts, Born Free Foundation, Gallifrey Foundation, Earth League International, Earth Law Center, Synchronicity Earth, A Rocha Ghana, la Asociación de Abogados Medioambientales de Bangladés, el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente, el Instituto Africano para la Gobernanza Energética, las Organizaciones de Medio Ambiente y Conservación de Aotearoa (Nueva Zelanda), Friendship Bangladesh, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Fundación Oxígeno, la Fundación Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, SEBICOP (Sociedad Española de Biología de Conservación de las Plantas), Vitalis, Fundación Charles Darwin y Fundación Futuro Latinoamericano de Ecuador, Pronaturaleza (Perú), LIDEMA (Bolivia), la Fundación Hábitat y Desarrollo (Argentina), Preserve Planet (Costa Rica), ARPEMG (Brasil) y organizaciones de pueblos indígenas como la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica) y AIDESEP (Perú).
La aprobación de esta moción se traduce en que la UICN, un organismo de influencia mundial y cuyas resoluciones suelen configurar la política ambiental nacional e internacional, ha pedido formalmente que se reconozca el ecocidio como un delito grave tanto en el derecho nacional como en el internacional.
Jojo Mehta, Directora Ejecutiva y cofundadora de Stop Ecocidio Internacional, ha declarado que: “La aprobación de esta moción significa un punto de inflexión. La UICN reúne a una coalición singularmente amplia de gobiernos, sociedad civil, grupos indígenas y expertos científicos. Su apoyo al reconocimiento del ecocidio como delito nacional e internacional envía una poderosa señal a los Estados y a los legisladores de todo el mundo.
La ley sobre el ecocidio eleva el daño más grave a la Naturaleza de ser considerado un simple coste empresarial a ser un delito grave. Al establecer límites claros en el Derecho penal, se disuade la toma de decisiones temerarias, se alinean los mercados con los límites ecológicos y se afirma que las comunidades y los ecosistemas tienen derecho a la justicia cuando los daños son graves y duraderos.
El impulso mundial está confluyendo. Vanuatu, Fiyi y Samoa están liderando la iniciativa en la CPI, con el respaldo de la República Democrática del Congo. Están surgiendo marcos jurídicos regionales sobre el ecocidio en toda Europa y en África. La UICN se suma ahora con su autoridad.
La dirección a seguir está clara. La criminalización del ecocidio está pasando rápidamente de ser un imperativo moral a convertirse en una prioridad jurídica compartida."
Lea aquí la Moción 061, "Reconocer el delito de ecocidio para proteger la naturaleza",
*En la cámara de los estados y organismos gubernamentales, se emitieron el 62 % de los votos ponderados con derecho a voto y el 77 % de esos votos fueron a favor. En la cámara de las ONG y las organizaciones de pueblos indígenas, se emitieron el 85 % de los votos ponderados con derecho a voto y el 93 % de esos votos fueron a favor.
