Resumen
Se ha presentado ante el Parlamento mexicano un nuevo proyecto de ley para tipificar como delito el «ecocidio».
Proyecto de ley presentado por la diputada Karina Marlen Barrón Perales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el 30 de julio.
El proyecto de ley se encuentra ahora en las comisiones de Justicia, Medio Ambiente y Recursos Naturales para su consulta.
México se suma a la UE, Brasil, los Países Bajos, Escocia, España (Cataluña) y Bélgica, que cuentan con proyectos de ley sobre ecocidio en distintas fases de tramitación.
El 30 de julio, como se informó en el Boletín No. 4723 de la Cámara de Diputados, la diputada Karina Marlen Barrón Perales (PRI) propuso añadir un nuevo artículo al Código Penal Federal de México que impondría de 10 a 15 años de prisión y una multa de 1,000 a 1,500 pesos diarios a quien perpetre "cualquier acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause un daño grave y extenso o duradero al medioambiente".
El proyecto de ley propuesto, que se basa directamente en la redacción de la definición jurídica de ecocidio formulada por el Grupo de Expertos Independientes convocado por la Fundación Stop Ecocide en 2021, se ha remitido a las Comisiones de Justicia, Medio Ambiente y Recursos Naturales para su consulta.
La propuesta destaca, entre otras cosas, que es fundamental que el país reconozca el concepto de ecocidio para que «los responsables de actos delictivos contra la biodiversidad puedan ser juzgados y no queden impunes», y considera que no se obtendrán resultados efectivos si no se lleva a cabo a través del ordenamiento jurídico federal.
Entre los problemas medioambientales más graves que afectan al medio ambiente de México, y que se destacan en la propuesta, se encuentran la contaminación, la deforestación, la gestión de residuos, el calentamiento global y el fracking.
Partiendo de esta base, la diputada Barrón Perales argumentó que «la destrucción del medio ambiente ha tenido repercusiones lamentables en todos los ecosistemas y la biodiversidad se ha visto gravemente afectada, hasta el punto de que algunas especies se han extinguido y otras están en peligro de extinción». Añadió que «algunos estados o ciudades sufren una grave contaminación atmosférica [...] También existe una grave contaminación del agua en ríos, mares y lagos, y [...] la salud humana se ha visto afectada por los problemas medioambientales, que provocan enfermedades respiratorias, gástricas y dermatológicas, así como graves afecciones renales, estomacales y oncológicas».
El diputado concluyó con estas palabras: «Dejemos de hacer la vista gorda ante la destrucción del medio ambiente. Es hora de reaccionar y señalar estas deficiencias en nuestra legislación para que [estos actos perjudiciales] sean castigados con la severidad que merecen. Que no sigan quedando impunes».
Rodrigo Lledó, director de Stop Ecocide Americas y miembro del Panel de Expertos Independientes para la Definición Jurídica del Ecocidio, afirmó:
«Esta iniciativa sigue los pasos de la presentada en Brasil el pasado mes de junio. Se están preparando iniciativas similares en Argentina, Chile y otros países latinoamericanos. Para proteger adecuadamente el medio ambiente, es necesario que el ecocidio se tipifique como delito no solo a nivel internacional, sino también en la legislación nacional».
Jojo Mehta, cofundador y director ejecutivo de Stop Ecocide International, afirmó:
«Son noticias emocionantes que nos llegan desde México. El impulso está cobrando fuerza en todo el mundo: en los últimos meses se han presentado proyectos de ley sobre el ecocidio en distintas fases de tramitación en la UE, Brasil, los Países Bajos, Escocia, España (Cataluña) y Bélgica (donde el Gobierno solo está a la espera de la aprobación parlamentaria). Los líderes de todo el mundo están empezando claramente a tomar conciencia de los peligros muy reales a los que nos enfrentamos, y se está haciendo evidente una clara tendencia legislativa en esta dirección.
«Es solo cuestión de tiempo que una masa crítica de Estados, a nivel regional y, de hecho, en la Corte Penal Internacional, acepte que la protección jurídica exigible frente a daños medioambientales graves, generalizados o de larga duración es un paso necesario hacia un mundo más seguro...».
