6 naciones del pacífico piden una transición justa hacia un "pacífico sin combustibles fósiles" que incluya el refuerzo de la legislación para evitar el ecocidio

Hoy, en Port Vila, capital de Vanuatu, los líderes de 6 Estados oceánicos del Pacífico han hecho un ambicioso llamamiento colectivo para eliminar progresivamente los combustibles fósiles, apoyar una transición rápida y justa del Pacífico hacia las energías renovables y reforzar las obligaciones legales relacionadas, entre ellas la de "prevenir el ecocidio".

Tras el 2º Diálogo Ministerial del Pacífico sobre las Vías para la Transición Justa Global, celebrado en Vanuatu del 15 al 17 de marzo, los gobiernos de Vanuatu, Tuvalu, Tonga, Fiyi, Niue y las Islas Salomón se comprometieron a crear un "Pacífico sin combustibles fósiles" y pidieron a todos los países del mundo que pusieran fin a la expansión de la producción de combustibles fósiles y gestionaran una eliminación global, equitativa y sin reservas del carbón, el petróleo y el gas. 

El documento final completo puede leerse AQUÍ y establece compromisos específicos para unirse a la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas y pedir un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.

El llamamiento con respecto al ecocidio se encuentra en la sección 4 del Llamamiento de Port Vila, para "Redoblar los esfuerzos para reafirmar, reforzar y codificar las obligaciones legales con respecto a la eliminación mundial de los combustibles fósiles" . La subsección d. pide específicamente: "Reforzar el estado de derecho internacional y nacional para prevenir el Ecocidio y proteger el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible frente a la degradación medioambiental relacionada con la extracción, producción, suministro y uso de combustibles fósiles."

La conferencia sobre justicia ucraniana aborda la ley de ecocidio

La semana pasada, en Lviv (Ucrania), un grupo formado por jefes de Estado, ministros de Asuntos Exteriores, fiscales generales, jueces y asesores jurídicos de la UE, Europa del Este, Estados Unidos y otros países se reunieron en la conferencia Unidos por la Justicia para debatir mecanismos legales y justos de rendición de cuentas por los crímenes internacionales que Rusia está cometiendo en Ucrania y, en particular, para examinar los aspectos jurídicos prácticos de abordar el crimen de agresión. Fue una reunión de importancia histórica, ya que es la primera vez que se convoca una conferencia jurídica de alto nivel de este tipo en una zona de guerra durante un conflicto en curso para, en palabras del discurso de apertura del presidente ucraniano Volodymir Zelenskyy, "desarrollar un nuevo formato de cooperación internacional en aras de la justicia".

También fue inédita la atención específica que se prestó, en un panel sobre "Persecución de los crímenes de guerra medioambientales" moderado por Maksym Popov, asesor del Fiscal General de Ucrania , a los graves daños medioambientales sufridos en Ucrania durante el conflicto. Estos daños ya han sido objeto de una evaluación inicial por parte del PNUMA y siguen documentándose en los territorios afectados. El ministro ucraniano de Medio Ambiente, Ruslan Strilets, inició el panel exponiendo cuán numerosos y graves han sido estos daños.

El panel abordó los mecanismos legales ya disponibles para perseguir los daños al medio ambiente en tiempos de guerra, sus inconvenientes y su potencial de uso en el contexto ucraniano; pero también discutió la utilidad para el futuro de poner en marcha un crimen internacional de ecocidio, algo en lo que Ucrania tiene un gran interés y que ya ha apoyado firmemente (véanse los discursos de los diputados ucranianos en el debate del Consejo de Europa y la Resolución de la PACE adoptada en enero). 

Richard Rogers, abogado penalista internacional y copresidente adjunto del Grupo de Expertos Independientes para la Definición Jurídica del Ecocidio (convocado por la Fundación Stop Ecocide en 2020), fue uno de los ponentes del acto e intervino específicamente sobre este tema, destacando las ventajas de que el ecocidio se convierta en un crimen autónomo del Estatuto de Roma, y lo que es más importante, su señal, tanto para las partes beligerantes como para los fiscales, de que los daños medioambientales no deben relegarse "a un segundo plano".  

También hizo hincapié en la conveniencia de que Ucrania defendiera el establecimiento de un crimen de este tipo, citando la importancia histórica de Ucrania (de hecho, de Lviv en particular) como cuna intelectual de los crímenes contra la humanidad y del crimen de genocidio; el peso del apoyo jurídico y la protección del entorno natural que un crimen de este tipo proporcionaría tanto a Ucrania en el futuro como a otros Estados víctimas; y la oportunidad para Ucrania de "labrarse un papel en el desarrollo de las cuestiones relativas al Estado de derecho internacional", al contar con la credibilidad y la experiencia necesarias para liderar a la comunidad internacional en este ámbito, siendo "la promoción de un crimen internacional de ecocidio [un] muy buen punto de partida"." 

En este sentido, Ucrania se sumaría, desde la perspectiva del daño medioambiental en los conflictos armados, a una dirección de viaje ya establecida por el Estado oceánico del Pacífico Vanuatu, conocido por defender vías legales para abordar la crisis climática y ecológica mundial. El derecho del ecocidio es profundamente relevante en ambos contextos.

Jojo Mehta, cofundadora y directora ejecutiva de Stop Ecocide International y presidenta de la Fundación Stop Ecocide, declaró "La ley contra el ecocidio responde a una clara necesidad de rendición de cuentas que se hace cada vez más visible tanto en contextos de paz como de guerra. Vanuatu, como víctima del cambio climático, y Ucrania, como víctima de una agresión, están concienciando al mundo de esta necesidad. Naciones con visión de futuro como Bélgica están asumiendo el reto de forma solidaria y legislando sobre el ecocidio. Decenas de gobiernos están empezando a tomar nota y más deben hacerlo, en el entendimiento de que la protección de la naturaleza concierne a todos nuestro futuro. Enmarcar esta protección en el derecho penal crea responsabilidad - y también ayuda a todos a dirigirse en la dirección correcta." 

Jojo Mehta también estuvo presente en la conferencia de Lviv por invitación de la Fiscalía General de Ucrania.

Richard Rogers, Maksym Popov y Jojo Mehta

Yuliiya Ovchynnykova, diputada con Jojo Mehta

[NB varios de los otros paneles de la conferencia incluyendo el discurso de apertura de alto nivel y las observaciones se pueden encontrar en la Oficina del Fiscal General de Ucrania canal de YouTube]

La Ley Ecocidio cambia las reglas del juego para los consejeros, según una red de inversores

"Seguir como hasta ahora no es una estrategia viable a largo plazo. Necesitamos algo que cambie las reglas del juego: conceptos, procesos, estrategias, marcos y regímenes jurídicos que cambien la forma en que la economía y los mercados de capitales interactúan con el medio ambiente". - Robert Walker, Director de Política de Sostenibilidad del ICGN

La Red Internacional de Gobernanza Corporativa(ICGN) ha publicado un nuevo documento titulado Biodiversity as Systemic Risk: 10 Game-Changers for Board Directors and Stewardship Teams (La biodiversidad como riesgo sistémico: 10 cambios de juego para los consejos de administración y los equipos de dirección) , en el que se destaca la penalización del ecocidio como marco emergente esencial.

"Laadición del delito de ecocidio al Estatuto de Roma se basará en el delito internacional existente de daños graves al medio ambiente durante un conflicto armado, y se espera que aumente la concienciación y sirva de elemento disuasorio para quienes contemplen proyectos que podrían entrar en la definición establecida", afirma el documento."Es posible que los directores y los equipos de administración deseen mejorar su comprensión de los posibles riesgos jurídicos y de reputación que pueden derivarse, no sólo por ecocidio, sino también por otras responsabilidades asociadas a la pérdida de biodiversidad."

El informe de la ICGN enumera a continuación la necesidad de mantenerse al corriente de la evolución jurídica en materia de ecocidio, así como de derechos de la naturaleza, como "área clave de consideración" (nº 2 de 10).  

El documento, ampliamente referenciado, aborda los marcos e iniciativas recientes más importantes para hacer frente a la pérdida de biodiversidad (Marco Global de Biodiversidad Post-2022, Derecho Humano a un Medio Ambiente Limpio, Saludable y Sostenible, Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con la Naturaleza, Finanzas para la Biodiversidad, Límites Planetarios, etc.) con vistas a ayudar a las empresas a "aumentar su concienciación y estar preparadas para responder" a fin de garantizar que "se tomen las medidas adecuadas para evitar los riesgos significativos, si no existenciales, para las empresas, los inversores, las instituciones de inversión y la economía mundial".

La ICGN es una red mundial dirigida por inversores responsables de activos gestionados por valor de unos 70 billones de dólares, y es una de las principales autoridades en materia de normas mundiales de gobierno corporativo y administración de los inversores. Entre sus miembros figuran docenas de los mayores fondos públicos de pensiones del mundo, empresas de gestión de activos, empresas que cotizan en bolsa y empresas de asesoramiento profesional (AXA, Blackrock, Chevron, Deloitte, EY, KPMG, Microsoft, Vanguard... por citar algunas de las más conocidas).

El compromiso del mundo de la inversión a este nivel es un indicador concreto tanto de la importancia como de la aceleración de la conversación sobre la ley de ecocidio, y abre un potencial real para el cambio positivo estratégico a la luz de su enfoque.

Un prestigioso instituto jurídico publica una ley modelo sobre ecocidio específica para la UE

Tras año y medio de investigación y redacción, el prestigioso Instituto de Derecho Europeo (ELI) ha publicado su Informe sobre Ecocidio: Normas Modelo para una Directiva de la UE y una Decisión del Consejo. La ley modelo se inspira en la definición internacional consensuada dada a conocer por el Panel de Expertos Independientes (junio de 2021, convocado por nuestra Fundación), al tiempo que realiza ajustes para el contexto de la Unión Europea y ciertas consideraciones jurídicas relevantes para la legislación comunitaria.

Con más de 100 miembros institucionales y más de 1600 miembros individuales de la profesión jurídica de toda Europa, el Instituto independiente se fundó en 2011 para "mejorar la calidad del Derecho europeo, entendido en el sentido más amplio. Pretende iniciar, realizar y facilitar investigaciones, formular recomendaciones y proporcionar orientación práctica en el ámbito del desarrollo jurídico europeo."

Las normas modelo incluyen un umbral de imprudencia temeraria(dolus eventualis) en lo que respecta al conocimiento y la intención; incluyen disposiciones para abordar el fraude y la corrupción en la expedición de licencias o autorizaciones; y también proponen "ampliar los poderes de la Fiscalía Europea para incluir delitos de ecocidio que afecten a más de un Estado miembro o a uno o más Estados miembros y uno o más terceros países".

El momento de la publicación es potente, ya que la UE está revisando su Directiva sobre la protección del medio ambiente a través del derecho penal. Ya 4 de los 5 comités que consultan sobre la directiva han expresado su apoyo a la inclusión del ecocidio en la parte dispositiva del texto; el comité de asuntos jurídicos informará el mes que viene y el texto resultante pasará al Parlamento Europeo para su debate plenario y votación en abril. 

La disponibilidad de este texto específico para la UE podría ser un apoyo concreto para la inclusión del ecocidio - de hecho, el ELI espera "que este Informe contribuya a las negociaciones interinstitucionales en la UE sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y que también inspire desarrollos legislativos más allá de la UE."

El informe también expone el contexto de la evolución del ecocidio a nivel internacional y el creciente apoyo a su tipificación como delito.

UE: 4 de cada 5 comisiones apoyan ahora incluir el ecocidio en la directiva sobre delitos ambientales

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo ("LIBE") acaba de votar a favor (el texto final NB aún está pendiente de publicación) de incluir un delito de ecocidio en la Directiva sobre protección del medio ambiente mediante el derecho penal, actualmente en revisión. Las recomendaciones de la comisión incluyen la introducción de un delito de ecocidio con una definición correspondiente basada en la del Grupo de Expertos Independientes (junio de 2021) convocado por la Fundación Stop Ecocidio. Las sanciones específicas recomendadas son 10 años de prisión (personas físicas) y del 12 al 23% del volumen de negocios (personas jurídicas, es decir, empresas).

La inclusión del ecocidio ya ha sido respaldada por las comisiones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria ("ENVI"), Desarrollo ("DEVE") y Peticiones ("PETI"). De las cinco comisiones parlamentarias encargadas de emitir dictámenes sobre la Directiva, sólo queda la Comisión de Asuntos Jurídicos ("JURI"), tras lo cual el texto acordado por dicha comisión pasará a ser examinado por el pleno del Parlamento de la UE (sesión plenaria) antes de las discusiones finales con la Comisión Europea y el Consejo de Ministros. Actualmente se prevé que la votación en la comisión JURI tenga lugar el 28 de febrero. 

Aunque la resolución del Consejo de Europa de la semana pasada no obliga a sus 46 Estados miembros (ni, de hecho, a la UE de 27 Estados) a legislar sobre el ecocidio -el Consejo de Europa es un órgano independiente no legislativo-, sin duda influirá en los debates de la UE, al igual que su recomendación al Comité de Ministros (de Asuntos Exteriores) de esos 46 Estados.

El impulso para el reconocimiento del ecocidio a nivel de la UE se está acelerando rápidamente. ¡Usted puede ayudarnos a mantener la presión! Aquí tiene algunas formas sencillas y eficaces de apoyarnos: AQUÍ

LA ASAMBLEA DEL CONSEJO DE EUROPA ADOPTA UNA RESOLUCIÓN PARA CODIFICAR EL ECOCIDIO

"La destrucción o el deterioro graves de la naturaleza que podrían calificarse de ecocidio pueden producirse en tiempos de paz o de guerra. Es necesario codificar esta noción..."
~Resolución 2477 adoptada el 25/01/2023.

"La naturaleza es siempre testigo silencioso y víctima de esta guerra".
~Yuliia Ovchynnykova, diputada, Ucrania.

Esta semana en Estrasburgo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) votó por abrumadora mayoría para adoptar la resolución 2477 y recomendación 2246, ambas pidiendo el reconocimiento del ecocidio, basándose en un informe recientemente publicado por su Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Desarrollo Sostenible sobre el Impacto medioambiental de los conflictos armados. Presentado por el ponente John Howell (Reino Unido, Conservadores Europeos), el informe expone quelos daños medioambientales "polifacéticos, graves, duraderos y en su mayoría irreversibles" causados en los conflictos armados afectan "no sólo a los ecosistemas sino también a la salud humana más allá de la zona de conflicto y mucho después de que éste haya terminado". Los derechos humanos a la vida y a un medio ambiente sano se ven así socavados".  

La resolución pide a los 46 Estados miembros del Consejo que "construyan y consoliden un marco jurídico para mejorar la protección del medio ambiente en los conflictos armados a nivel nacional, europeo e internacional", entre otras cosas, "actualizando su arsenal jurídico para tipificar como delito y perseguir eficazmente el ecocidio y adoptando medidas concretas para enmendar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional con el fin de añadir el ecocidio como nuevo delito".

Aunque, a diferencia del Parlamento de la UE, la PACE no es un órgano legislativo, esta resolución da un gran impulso a la iniciativa mundial de reconocer el ecocidio en la CPI.

El conflicto de Ucrania y más allá

El contexto inmediato para la resolución es claro - Ucrania ha sufrido altos niveles de daños medioambientales en muchas formas durante el último año debido a los ataques rusos, desde "incendios forestales masivos" a "campos agrícolas contaminados por gasolina, y ríos donde los peces se han asfixiado bajo manchas de petróleo" (según se informa en Time, 18/10/22). Un informe del PNUMA "muestra que Ucrania, ya lastrada por una serie de retos medioambientales heredados, se enfrenta ahora a una crisis medioambiental agravada y multidimensional que ha exacerbado los problemas existentes o ha añadido otros nuevos [...] asociados a los productos químicos, las municiones y el equipo militar, la presencia de una serie de contaminantes que siguen liberándose durante la fase activa del conflicto, los daños infligidos a las instalaciones de almacenamiento de combustible, la infraestructura industrial, las infraestructuras clave como los sistemas de gestión del agua, la energía y los residuos, las zonas urbanas y las zonas agrícolas y naturales. La evaluación de estos daños requerirá una multitud de métodos complejos para establecer los impactos y planificar las actividades de recuperación." (El impacto medioambiental del conflicto en Ucrania: Un examen preliminar, PNUMA octubre de 2022)

La resolución del Consejo de Europa destaca "las importantes lagunas [que] subsisten en la protección del medio ambiente en el contexto de los conflictos armados y sus secuelas. Los instrumentos jurídicos existentes carecen de universalidad en cuanto a ratificaciones, precisión de los términos utilizados (como para calificar los "efectos generalizados, duraderos o graves"), una cobertura exhaustiva de los delitos y un ámbito de aplicación suficientemente amplio. Además, también falta un mecanismo internacional permanente que controle las infracciones legales y atienda las reclamaciones de indemnización por daños medioambientales."

La resolución establece el apoyo de la Asamblea a la codificación del ecocidio como delito penal a nivel nacional e internacional: "La destrucción o el deterioro graves de la naturaleza que podrían calificarse de ecocidio pueden producirse en tiempos de paz o de guerra. Es necesario codificar esta noción tanto en la legislación nacional, según proceda, como en el derecho internacional."

La resolución fue apoyada apasionadamente desde el hemiciclo por varios parlamentarios de todas las tendencias políticas, entre ellos la diputada ucraniana Yuliia Ovchynnykova, que se refirió al papel del Consejo de Europa como "guardián de los derechos humanos y del Estado de derecho en tiempos de paz y de guerra".  

El ponente John Howell explicó que el informe también aborda cuestiones relevantes en un sentido más amplio, no sólo en el contexto ucraniano, y otros oradores destacaron ejemplos de las repercusiones medioambientales extremadamente duraderas de la guerra en otros lugares, desde los resultados aún palpables del uso del agente naranja en Vietnam en la década de 1960 (al que se refería la acuñación original de la palabra "ecocidio") hasta la contaminación por uranio en el sur de Irak tras la guerra del golfo de 1991.  

La resolución fue aprobada sin objeciones.  

La recomendación asociada al Comité de Ministros del Consejo de Europa, incluía los siguientes llamamientos:

"[Garantizar] que el Convenio revisado del Consejo de Europa sobre la Protección del Medio Ambiente a través del Derecho Penal (STE nº 172) se aplique también en el contexto de los conflictos armados, en tiempos de guerra o de ocupación, y abarque el ecocidio;  

"[Pedir] a los Estados miembros que actualicen su arsenal jurídico para tipificar como delito y perseguir eficazmente el ecocidio [...] y que tomen medidas concretas para proponer la enmienda del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional con el fin de añadir el ecocidio como nuevo delito;"

Esta recomendación también fue aprobada sin objeciones.

Es de esperar que este resultado tenga un efecto galvanizador en los debates en curso en la UE sobre la revisión de la Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.

También cabe destacar la reciente adopción por parte del Consejo del Instituto de Derecho Europeo (ELI) de una ley modelo sobre ecocidio, redactada para el contexto de la UE. La ley modelo será sometida a votación por el conjunto de los miembros del ELI en febrero.

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*El Consejo de Europa es el organismo internacional de 46 estados que está detrás de la Declaración (y el Tribunal) Europeo de Derechos Humanos, que no debe confundirse con el Parlamento Europeo. Cuenta con un Comité de Ministros (son los ministros de Asuntos Exteriores de los estados miembros) y una Asamblea Parlamentaria formada por parlamentarios de los estados miembros en sus agrupaciones políticas.