
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo («LIBE») acaba de votar a favor (nota: el texto definitivo aún no se ha publicado) de incluir el delito de ecocidio en la Directiva sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, que actualmente se encuentra en proceso de revisión. Las recomendaciones de la comisión incluyen la introducción del delito de ecocidio con una definición correspondiente basada en la del Grupo de Expertos Independientes (junio de 2021) convocado por la Fundación Stop Ecocide. Las sanciones específicas recomendadas son 10 años de prisión (para las personas físicas) y entre el 12 % y el 23 % de la facturación (para las personas jurídicas, es decir, las empresas).
La inclusión del ecocidio ya ha recibido el respaldo de las Comisiones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria («ENVI»), de Desarrollo («DEVE») y de Peticiones («PETI»). De las cinco comisiones parlamentarias encargadas de emitir dictámenes sobre la Directiva, solo queda la Comisión de Asuntos Jurídicos («JURI»); a continuación, el texto acordado por dicha comisión se someterá a la consideración del pleno del Parlamento Europeo antes de las deliberaciones finales con la Comisión Europea y el Consejo de Ministros. Actualmente se prevé que la votación en la comisión JURI tenga lugar el 28 de febrero.
Aunque la resolución del Consejo de Europa de la semana pasada no obliga a sus 46 Estados miembros (ni, de hecho, a los 27 Estados de la UE) a legislar sobre el ecocidio —el Consejo de Europa es un órgano independiente sin competencias legislativas—, sin duda influirá en los debates de la UE, al igual que su recomendación al Comité de Ministros (de Asuntos Exteriores) de esos 46 Estados.
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