Es un hecho ampliamente reconocido que la humanidad se encuentra en una encrucijada.

Existen pruebas científicas claras de que la emisión de gases de efecto invernadero y la destrucción de los ecosistemas al ritmo actual tendrán consecuencias catastróficas para nuestro entorno común. Junto con las iniciativas políticas, diplomáticas y económicas, el derecho internacional tiene un papel que desempeñar en la transformación de nuestra relación con el mundo natural, pasando de una relación de daño a una de armonía. 

Las deficiencias de la actual gobernanza medioambiental mundial son ampliamente reconocidas. Existen leyes nacionales e internacionales que contribuyen a la protección de los sistemas naturales de los que depende nuestro bienestar, pero es evidente que dichas leyes son insuficientes y que se necesita más.  

La inclusión del ecocidio en el Estatuto de Roma¹ añadiría un nuevo crimen al derecho penal internacional que podría contribuir a un cambio de conciencia, encaminándonos a una nueva dirección en la que se mejore la protección del medio ambiente con el apoyo de un marco jurídico más colaborativo y eficaz para nuestro futuro común en un planeta compartido.

El crimen de ecocidio proporciona una herramienta jurídica nueva y práctica, herramienta que ha sido desarrollada por un equipo de expertos jurídicos reconocidos internacionalmente². 

El conocimiento científico proporciona una base firme para esta modificación de la ley internacional, por lo que la comunidad científica puede apoyar a nuestros colegas de profesiones jurídicas en este empeño.

Nosotros, los científicos y científicas abajo firmantes, hacemos un llamamiento a los gobiernos para que colaboren internacionalmente con el fin de que el ecocidio se convierta en un crimen dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de La Haya.

¹ El Estatuto de Roma es el documento fundacional de la Corte Penal Internacional

² Para más información, véase elComentario  acerca de la definición del Panel Internacional de Expertos Independientes'. Este documento es la fuente de las razones jurídicas que existen para añadir el ecocidio al Estatuto de Roma. Véase la Introducción del documento.