Ésta sería la tercera vez que el Foro Social de la Asamblea a de la ONU pide la adición de un nuevo crimen autónomo de ecocidio al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La primera vez fue en marzo de 2022 en la 5ª Asamblea de la ONU sobre el Medioambiente, celebrada en Nairobi ("UNEA 5.2"), y la segunda vez, en la Sexta Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA-6, por sus siglas en inglés), celebrada del 26 de febrero al 1 de marzo de 2024.

En un nuevo informe, la Agence Française de Développement (AFD), la Agencia Francesa para el Desarrollo, identifica la Ley del Ecocidio y los derechos de la naturaleza como "palancas" clave para reorientar las prioridades económicas del mundo hacia el bienestar medioambiental y humano.

El jueves 5 de septiembre, el Congreso de la República del Perú convocó a una Comisión Técnica para examinar una propuesta destinada a tipificar como delito el ecocidio en el Código Penal nacional. El nuevo texto legislativo consolida tres proyectos de ley presentados recientemente al Congreso e incorpora los principales elementos de la definición jurídica consensuada de ecocidio, formulada por el Grupo de Expertos Independientes convocado por la Fundación Stop Ecocide en 2021.

Según laEncuesta Mundial sobre los Bienes Comunes 2024realizada por Ipsos REINO UNIDO y encargada por Earth4All y la Alianza Mundial de los Comunes (GCA), el 72% de la población de los países del G20 considera que las formas más graves de daño ambiental -que cada vez más son denominadas ecocidio- deberían ser un crimen.

NUEVA YORK, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024: Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) han presentado oficialmente la propuesta de crimen de ecocidio, lo que representa un gran paso adelante en el esfuerzo mundial por consagrar la destrucción masiva del medio ambiente como crimen bajo la ley internacional.

El Parlamento de Azerbaiyán, el Milli Majlis, ha aprobado en primera lectura de un Proyecto de Ley que introduciría el delito de ecocidio en el Código Penal del país. Propuesto por el Presidente Ilham Aliyev, el Proyecto de Ley pretende imponer penas privativas de libertad de 10 a 15 años a los condenados por cometer graves daños medioambientales.

La República de Azerbaiyán ha aprobado una Ley que modifica su Código Penal nacional, e incorpora el delito de ecocidio.

La RDC se convierte en la primera nación africana que respalda formalmente la creación de un crimen internacional de ecocidio, tras la propuesta de septiembre de 2024 de los del Pacífico de añadir el ecocidio al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En un discurso pronunciado el 27 de mayo en la conferencia «La promesa del Derecho internacional ante las crisis ecológicas», celebrada en Ámsterdam y organizada por el UCLA Law Promise Institute Europe, la fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional (CPI), Nazhat Shameem Khan, expuso argumentos de amplio alcance a favor de actualizar y adaptar el marco vigente del Derecho penal internacional —incluido el Estatuto de Roma— para proteger mejor el medio ambiente. Ampliando su reflexión sobre el hecho de que el Estatuto de Roma es «un reflejo de la imaginación jurídica» de la época en que se creó, Khan señaló: «Me pregunto: si el Estatuto de Roma se redactara hoy, ¿cómo sería? ¿Incluiría el ecocidio como delito internacional independiente?».

El 15 de mayo de 2024, el Parlamento sueco (Riksdag) sometió a votación un total de seis mociones, presentadas por cuatro partidos políticos, que contienen propuestas para que el ecocidio quede prohibido en virtud del Derecho internacional en el marco de la Corte Penal Internacional (CPI). La votación en el Parlamento estuvo reñida: 153 diputados votaron siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Asuntos Exteriores (es decir, en contra de las mociones) y 150 votaron a favor.

Se ha presentado en el Parlamento escocés un proyecto de ley para tipificar como delito el ecocidio. Presentado por la diputada Monica Lennon y para cuya tramitación se requiere el respaldo de al menos 18 diputados, el proyecto de ley tiene por objeto prevenir y tipificar como delito las formas más graves de daño medioambiental. Si se aprueba, Escocia se convertiría en el primer país del Reino Unido en tipificar el ecocidio como delito nacional y se erigiría como líder mundial en el ámbito, en rápido crecimiento, del derecho del ecocidio.

En un discurso pronunciado en la conferencia «La promesa del Derecho internacional ante las crisis ecológicas», celebrada en Ámsterdam y organizada por el UCLA Law Promise Institute Europe, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reafirmó su apoyo a que el delito de ecocidio entre dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). En este discurso de amplio alcance, el Alto Comisionado pidió que los delitos medioambientales se consideraran al mismo nivel que las repercusiones en las personas de otras atrocidades y que los Estados utilizaran el derecho penal «de forma más amplia» como herramienta para armonizar sus leyes y políticas medioambientales con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

El pasado 27 de noviembre, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso peruano aprobó un dictamen para tipificar como delito el ecocidio, incorporando elementos clave de la definición legal consensuada del Panel de Expertos Independientes de 2021. Este importante paso para añadir el ecocidio al Código Penal espera ahora la aprobación del Pleno del Congreso y la promulgación presidencial para convertirse en ley.

En una rueda de prensa celebrada el jueves 30 de mayo, dos diputados y una diputada de tres partidos políticos federales de Canadá, Patrick Weiler (Liberal), Alexandre Boulerice (NDP) y Elizabeth May (Verde), afirmaron su apoyo a la inclusión del ecocidio como crimen en la Corte Penal Internacional.

Los días 15 y 16 de noviembre de 2024, la Asamblea General de la Asociación de las Naciones Unidas de Alemania (DGVN, por sus siglas en alemán), máximo órgano de decisión de la asociación, aprobó una moción de apoyo al reconocimiento del ecocidio como crimen internacional en la Corte Penal Internacional (CPI).

El Grupo de Trabajo sobre los Mercados de la Naturaleza, una iniciativa de la organización sin ánimo de lucro Nature Finance, con sede en Ginebra, que trabaja en el ámbito de las políticas públicas y el mundo financiero para «armonizar las finanzas mundiales con resultados resilientes al cambio climático, positivos para la naturaleza y equitativos», ha publicado su informe detallado titulado «Making Nature Markets Work». El informe recomienda expresamente tipificar como delito el ecocidio con el fin de disuadir, prevenir y exigir responsabilidades a quienes participan en mercados ilegales relacionados con la naturaleza.

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI), que representa a una comunidad mundial de 352 iglesias y 580 millones de cristianos, ha emitido una enérgica declaración en la que pide a las iglesias y los gobiernos del mundo que apoyen la legislación contra el ecocidio, y hace hincapié en el papel de la biodiversidad para preservar el bienestar humano y garantizar la resistencia del planeta a los impactos climáticos.

El miércoles 12 de febrero se presentó la Ecocide Law Advisory (ELA), una iniciativa conjunta del UCLA Law Promise Institute Europe y Climate Counsel destinada a ofrecer asesoramiento jurídico especializado, formación y apoyo en la redacción y aplicación de leyes sobre ecocidio.

El Partido Verde alemán (Bündnis 90/Die Grünen) ha incluido en su programa electoral de 2025 (pág. 55) un compromiso para aplicar de forma consistente en Alemania la nueva Directiva europea de protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, así como para prevenir los crímenes ambientales más graves (los ecocidios) mediante la enmienda al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En su respuesta a la iniciativa de Tuhatkunta, la Junta del PNC también afirmó que el ecocidio no siempre ha sido definido de forma uniforme, pero citó la relevancia de la definición consensuada del Panel de Expertos Independientes de la Fundación Stop Ecocidio (p. 84).

El principal partido de la oposición en Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha apoyado una petición ciudadana para tipificar el ecocidio como delito a nivel nacional. La petición se presentó al Parlamento el 28 de noviembre de 2023, tras acumular cerca de 29.000 firmas manuscritas.

En su discurso de apertura de la 54.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se mostró a favor de la inclusión del delito internacional de «ecocidio» en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, respaldada por la ONU, como posible medida para garantizar la rendición de cuentas por los daños medioambientales, y afirmó: «Varios Estados y grupos de la sociedad civil han propuesto la inclusión del delito internacional de ecocidio en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Acojo con satisfacción que se estén considerando esta y otras medidas para ampliar la rendición de cuentas por los daños medioambientales, tanto a nivel nacional como internacional».

La Alianza de los Verdes y la Izquierda (Alleanza Verdi e Sinistra), con el apoyo de Stop Ecocidio Italia y Stop Ecocide International, ha presentado ante el Parlamento italiano un proyecto de ley destinado a prevenir y tipificar como delito el ecocidio. El proyecto de ley, que se basa directamente en la redacción de la definición jurídica de ecocidio formulada por el Grupo de Expertos Independientes convocado por la Fundación Stop Ecocide en 2021, se ha presentado formalmente al Parlamento, y está previsto que el debate y las votaciones tengan lugar en los próximos meses.

El Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre las Consecuencias Medioambientales de la Guerra de Ucrania ha publicado un nuevo informe titulado «El Pacto Medioambiental para Ucrania». El informe destaca la presencia del delito de «ecocidio» en el Código Penal de Ucrania (artículo 441), señala el reciente aumento de la incorporación de este delito en la legislación nacional de todo el mundo y hace especial referencia a la definición de ecocidio formulada en 2021 por el Grupo de Expertos Independientes.

El papa Francisco ha publicado «Laudate Deum», una exhortación apostólica en la que insta a los gobiernos a asumir su responsabilidad ante el cambio climático y el deterioro del medio ambiente. Como continuación de su «Laudato Sí» de 2015, el papa Francisco destaca el origen indiscutiblemente humano de la emergencia climática mundial y aboga por una mayor cooperación internacional para controlar el deterioro del medio ambiente. El papa Francisco fue también el primer jefe de Estado, en 2019, en apoyar públicamente la inclusión del ecocidio como delito bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

El Parlamento Federal de Bélgica ha votado hoy a favor de un nuevo código penal para el país que, por primera vez en Europa, incluye el reconocimiento del delito de ecocidio tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, el nuevo delito de ecocidio, cuyo objetivo es prevenir y sancionar los casos más graves de degradación medioambiental —como los vertidos masivos de petróleo—, se aplicará a las personas que ocupan los más altos cargos de responsabilidad y a las empresas.

El Parlamento Europeo ha aprobado hoy una nueva directiva sobre delitos medioambientales, que incluye disposiciones para tipificar como delito los casos «comparables al ecocidio». El Parlamento Europeo, junto con el ponente del Parlamento para esta directiva, el eurodiputado neerlandés Antonius Manders, ha estado al frente de los esfuerzos para garantizar una nueva legislación de la UE destinada a prevenir y castigar los daños medioambientales más graves desde que, en marzo de 2023, anunciara su apoyo a la inclusión del «ecocidio» en la nueva directiva. Para completar su tramitación legislativa, la nueva directiva se someterá a votación en el Consejo Europeo, prevista para marzo de 2024.

Presentada en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente celebrada en Nairobi, la carta «Al-Mizan: Un pacto por la Tierra» ha sido redactada por destacados ecoteólogos y profesionales islámicos de todo el mundo. La carta establece un marco islámico integral sobre la responsabilidad ecológica y moral, insta a la acción colectiva para la protección de nuestro planeta y afirma: «La enormidad del delito de ecocidio —la extirpación de ecosistemas enteros y de comunidades de especies, incluida la nuestra— se aprecia mejor al considerar los horrores del genocidio —la extirpación de etnias y culturas—. […] Este tipo de corrupción de la Tierra aún no ha sido reconocido, juzgado ni sancionado en la legislación nacional e internacional».

El 1 de abril de 2025, la Diputada Margarita Stolbizerr presentó un amplio Proyecto de Ley dedicado a los delitos ambientales, que incluye un Capítulo sobre el delito de ecocidio, utilizando la definición elaborada por el Panel de Expertos Independientes convocado en 2021 por la Fundación Stop Ecocidio.

El 11 de abril de 2025, la diputada Zakia Khattabi, anterior Ministra Federal de Medio Ambiente y miembro del partido francófono Ecolo, presentó en el Parlamento de la Región de Bruselas-Capital una proposición de ley destinada a tipificar el daño ambiental grave como delito general.

En una decisión histórica, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), el órgano deliberativo de la principal organización de derechos humanos de Europa, ha aprobado una resolución en la que respalda el proyecto de Convenio sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. Si los Estados miembros lo aprueban y ratifican, el Convenio se convertiría en el primer tratado internacional jurídicamente vinculante que tipificaría como delito la destrucción grave y a gran escala del medio ambiente —«una conducta que muchos denominan ecocidio»—.

El Congreso Sindical de Nigeria (NLC) —la mayor federación sindical de África, que representa a más de seis millones de trabajadores— ha pedido públicamente que se reconozca el ecocidio como delito internacional en el marco del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta clara postura alinea al NLC con el creciente impulso mundial para tipificar como delito los daños medioambientales más graves, un impulso impulsado ahora, en parte, por el liderazgo africano. En septiembre de 2024, Vanuatu, Samoa y Fiyi presentaron formalmente una propuesta para enmendar el Estatuto de Roma con el fin de incluir el ecocidio; posteriormente, la República Democrática del Congo se convirtió en la primera nación africana en apoyar la enmienda.

Un nuevo dictamen jurídico del Dr. Stephan Sina solicitado por Stop Ecocide Deutschlanddescribe cómo Alemania podría transponer la nueva Directiva Europea sobre delitos ambientales a su legislación nacional, centrándose en los daños ambientales graves “comparables al ecocidio”.

El Consejo de Europa ha aprobado un tratado histórico que tipifica como delito una amplia gama de infracciones medioambientales y permite a los Estados perseguir judicialmente las conductas intencionadas que provoquen catástrofes medioambientales «equivalentes a un ecocidio».

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Perú ha publicado un proyecto de ley unificado para tipificar como delito el ecocidio, en el que se consolidan tres propuestas anteriores en un único instrumento legislativo.

La diputada Teremuura Kohumoetini-Rurua ha presentado un proyecto de ley en la Asamblea de la Polinesia Francesa, con el apoyo de 20 colegas, cuyo objetivo es tipificar como delito el ecocidio.

La Misión Permanente del Estado de Palestina ante el Reino de los Países Bajos ha calificado oficialmente la destrucción medioambiental en Gaza como «ecocidio», convirtiéndose así en el primer actor a nivel estatal en utilizar explícitamente este término en relación con Gaza.

Escocia está a punto de convertirse en la primera nación del Reino Unido en tipificar como delito el ecocidio, en virtud de un nuevo proyecto de ley presentado en Holyrood por la diputada Monica Lennon.

El principal partido político de Suecia, los socialdemócratas, ha decidido oficialmente impulsar una ley internacional sobre el ecocidio.

El consejero sardo Francesco Cozzolino ha presentado en el Consejo Regional de Cerdeña un proyecto de ley integral titulado «Normas para la prevención y la represión del ecocidio».

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la diputada dominicana Llaniris Espinal presentó un proyecto de ley para tipificar como delito el ecocidio, con penas de hasta 20 años de prisión, la restauración medioambiental obligatoria y sanciones económicas.

Una declaración multipartidista de la 73.ª reunión de la COSAC ha reconocido por primera vez el ecocidio como una posible incorporación al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Argentina ha dado un paso más hacia la tipificación como delito de las formas más graves de destrucción medioambiental, tras la presentación por parte de la senadora Edith Terenzi de un proyecto de ley integral sobre el ecocidio ante el Senado —la tercera iniciativa legislativa que se está debatiendo actualmente—.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha publicado su Opinión Consultiva sobre la emergencia climática y los derechos humanos, en la que afirma que la prevención de daños irreversibles al medio ambiente y al clima constituye una norma de jus cogens.

En la reunión AMCEN20, la República del Congo y la República de Burundi declararon formalmente su apoyo al reconocimiento del ecocidio como un crimen.

Los ministros de Medio Ambiente africanos han acordado formalmente incluir el ecocidio entre las prioridades medioambientales del continente para el bienio 2025-2027; es la primera vez que un foro de la ONU reconoce el ecocidio como una prioridad estratégica continental.

En un dictamen consultivo histórico, la Corte Internacional de Justicia ha aclarado que los Estados tienen obligaciones jurídicas vinculantes de proteger el sistema climático y el medio ambiente, prevenir los daños, cooperar a nivel transfronterizo y proporcionar reparaciones.

La Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente, Clima y Fauna Silvestre de Zimbabue ha iniciado una investigación oficial en respuesta a una petición del defensor del medio ambiente Emmanuel Nkosilathi Moyo, en la que se insta al país a tipificar como delito el ecocidio.

En un discurso histórico pronunciado ante el 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la República Democrática del Congo, reafirmó el apoyo oficial de su país al reconocimiento del ecocidio como delito en virtud del Estatuto de Roma.

El Colegio de Abogados de Lima ha situado el reconocimiento jurídico del ecocidio en el centro de su máxima distinción cívica, otorgando la Medalla Cívica del Derecho a Jojo Mehta y Rodrigo Lledó Vásquez, de Stop Ecocide International.

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha confirmado públicamente el apoyo del Gobierno a la inclusión del ecocidio como quinto delito fundamental en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Una coalición de organizaciones de la sociedad civil ghanesas ha lanzado un llamamiento urgente al presidente John Dramani Mahama para que adopte medidas inmediatas contra lo que describen como un «ecocidio» en curso provocado por la minería ilegal de oro (galamsey).

En su Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado en Abu Dabi, la UICN —la red medioambiental más grande del mundo— ha votado a favor de aprobar la Moción 061, «Reconocimiento del delito de ecocidio para proteger la naturaleza».

Representantes de todos los partidos no gubernamentales de Suecia han presentado proyectos de ley de iniciativa parlamentaria en los que se pide que el ecocidio se tipifique como delito internacional.

El Foro de ONG celebrado con antelación a la 85.ª sesión ordinaria de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha aprobado una resolución de la sociedad civil en la que se insta a la Comisión a apoyar el reconocimiento del ecocidio.

La Declaración Mundial de la Juventud de 2025, que representa a miles de jóvenes de más de 100 países, ha pedido que se aprueben leyes contra el ecocidio para exigir responsabilidades a las empresas y a los Estados por la destrucción del medio ambiente.

La ley sobre el ecocidio se planteó en tres ocasiones durante la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el impacto ambiental de los conflictos armados y los riesgos para la seguridad derivados del clima, lo que demuestra la creciente atención diplomática prestada a la tipificación de la destrucción masiva del ambiente como crimen internacional.

En la ceremonia inaugural de la COP30 sobre cambio climático en Belém, Félix Tshisekedi, Presidente de la República Democrática del Congo (RDC), reafirmó el apoyo de su país a la propuesta formal de Vanuatu, Fiyi y Samoa de modificar el Estatuto de Roma y reconocer el ecocidio como un crimen internacional independiente.

El Consejo de Europa ha abierto a la firma su nuevo Convenio para la protección del medioambiente a través del Derecho Penal, un instrumento histórico que permite a los Estados perseguir las conductas intencionadas que provocan desastres ambientales "equiparables al ecocidio".

En un paso histórico para la Corte Penal Internacional, la Fiscalía (OTP) ha publicado un documento de política integral dedicado íntegramente al daño ambiental, lo que supone un cambio notable en la forma en que la justicia internacional abordará los daños ecológicos.

El Gobierno croata ha anunciado sus planes de introducir, mediante un nuevo artículo (214a), el delito de ecocidio —dirigido contra las formas más graves de destrucción del ambiente— en el Código Penal del país.

La legislación relativa al ecocidio ha entrado hoy en vigor como parte del nuevo Código Penal de Bélgica (artículo 94, libro II), lo que supone el paso definitivo en un proceso parlamentario que ha llevado varios años.

El 5 de diciembre se presentó formalmente en el Parlamento de la India un Proyecto de Ley que propone la tipificación del ecocidio como delito.

Una declaración conjunta aprobada en el 21.º Foro Mundial de Grupos Principales y Partes Interesadas (GMGSF-21) ha instado a que el ecocidio se reconozca como delito a nivel nacional e internacional.

El Ministerio Federal de Justicia alemán ha publicado un proyecto de reforma de su legislación penal en materia medioambiental, dando así un primer paso para transponer a la legislación nacional la Directiva de la UE sobre delitos medioambientales.

El senador Cédric Ngindu Biduaya, de la República Democrática del Congo, ha presentado formalmente una Proposición de Ley en el Parlamento nacional para tipificar el ecocidio como delito penal interno, lo que supone un paso decisivo hacia el fortalecimiento de la protección jurídica de los ecosistemas en todo el país y la cuenca del Congo.

En la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Comisión Climática de la Cuenca del Congo (CBCC) manifestó su firme apoyo al reconocimiento del ecocidio como delito internacional.

En un amplio paquete de reformas presentado ante el presidente John Dramani Mahama, el Comité de Revisión de la Constitución de Ghana ha propuesto tipificar el ecocidio como delito nacional, afirmando lo siguiente:

En un comunicado oficial conjunto, los Ministerios de Agricultura y Ambiente del Líbano han calificado como un “ecocidio” el hecho de que aviones militares israelíes estén rociando sustancias químicas sobre regiones del sur del país.

El Parlamento escocés ha votado a favor de impulsar el Proyecto de Ley sobre ecocidio, lo que sitúa a Escocia en camino de convertirse en la primera nación del Reino Unido en tipificar como delito la destrucción grave del ambiente.

Legisladores de Filipinas han presentado un nuevo proyecto de ley que propone tipificar el ecocidio como un delito, lo que supone un paso importante hacia una mayor protección de los ecosistemas y las comunidades del país.

Shina Ansari, Vicepresidenta de Irán y Jefa del Departamento de Medio Ambiente del país, ha calificado los ataques contra las instalaciones de almacenamiento de petróleo en Teherán como una “clara manifestación de ecocidio”.

En medio de la creciente preocupación por la devastación ambiental causada por la minería ilegal, conocida localmente como "galamsey", se han realizado llamamientos en el Parlamento de Ghana para que se apruebe una ley que tipifique el ecocidio como delito.

Mauricio se ha convertido en el último país que ha tipificado el ecocidio como delito en su legislación nacional.

Un informe publicado recientemente y respaldado por el Gobierno libanés documenta los daños causados a los bosques, las tierras agrícolas, los ecosistemas marinos, los recursos hídricos y la calidad del aire como consecuencia de la actividad militar en 2023 y 2024.

La Declaración de Santiago, firmada en el V Encuentro de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de América Latina y el Caribe, reconoce los avances hacia la criminalización del ecocidio y llama a los Estados a profundizarlos.

En el congreso del Partido Socialdemócrata de Finlandia (SDP) de este año, se ha adoptado a la criminalización del ecocidio como una de las políticas del partido.

El martes 9 de junio, el Senado argentino dio un significativo paso, que el movimiento ambiental venía reclamando desde hace años: las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable aprobaron el dictamen del proyecto de ley que tipifica el ecocidio y otros delitos ambientales graves. Si el texto avanza en el “Recinto” y luego en la Cámara de Diputados, Argentina contará por primera vez con un capítulo específico de crímenes contra el ambiente dentro del Código Penal, que incluiría el ecocidio.

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento, los parlamentarios Fabio Porta y Debora Serracchiani del Partido Democrático pidieron que se modificara el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para incluir el crimen de ecocidio.

Dos de los principales partidos políticos de Alemania, el Partido de Izquierda (Die Linke) y los Verdes (Bündnis 90/Die Grünen), han pedido que Alemania vaya más allá del Proyecto de Reforma de la legislación penal ambiental propuesta por el Gobierno Federal en mayo de 2026, que transpone la nueva Directiva Europea sobre delitos ambientales , y que se introduzca explicitamente el ecocidio como un delito autónomo en la normativa nacional.

Tras la declaración del presidente francés Emmanuel Macron el mes pasado en apoyo de la tipificación del delito de ecocidio, los partidos belgas Ecolo y Groen no han tardado en aprovechar la ocasión para proponer su tipificación tanto en Bélgica como a nivel internacional.

Una carta abierta firmada por cuatro jóvenes activistas climáticas de renombre —Greta Thunberg (Suecia), Luisa Neubauer (Alemania), Anuna de Wever y Adélaïde Charlier (ambas de Bélgica)— ha instado a los Estados miembros de la UE a «abogar por que el ecocidio se considere un delito internacional ante la Corte Penal Internacional».

En 2020, cuando se habría celebrado la conferencia COP26, más de 330 jóvenes delegados, en representación de más de 140 países, se reunieron en línea en la «Mock COP26» y publicaron su declaración.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha reunido esta mañana con los 150 miembros seleccionados al azar de la asamblea ciudadana sobre el clima, la «Convención Ciudadana por el Clima» (CCC), en los jardines del Palacio del Elíseo, en París, para dar su respuesta a las propuestas de la asamblea para hacer frente al cambio climático.

Tras la crisis de los «chalecos amarillos» del año pasado, el presidente Macron convocó una «asamblea ciudadana por el clima» —la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), integrada por 150 ciudadanos franceses seleccionados al azar— y les encomendó la tarea de debatir y proponer medidas para hacer frente a la crisis climática.

Ahora más que nunca, se nos pide que afrontemos un cambio trascendental y encontremos nuestra fuerza interior. Polly Higgins, abogada de la Tierra de renombre mundial y figura emblemática del movimiento por la justicia medioambiental, consideraba esto como «la Gran Obra de nuestro tiempo».

La República de las Maldivas, en su declaración oficial ante la Asamblea de los Estados Partes celebrada en La Haya, ha manifestado su apoyo a la tipificación de un quinto delito internacional: el ecocidio.

El 4 de diciembre, los delegados que asistan a la decimoctava sesión de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) tendrán la oportunidad de conocer de primera mano cómo es la realidad de las comunidades que están perdiendo su sistema de soporte ecológico. En un acto vespertino, organizado por Stop Ecocide en el Museon de La Haya, se proyectarán tres cortometrajes que mostrarán las repercusiones del ecocidio y el potencial de una solución jurídica que está en sus manos impulsar.

El 3 de diciembre de 2019 en La Haya, en la Asamblea anual de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), el Estado insular del Pacífico de Vanuatu hizo una declaración audaz: que la Asamblea debería considerar seriamente ampliar el mandato de la corte para incluir un crimen de ecocidio.

Stop Ecocide propone una «solución concreta» a la emergencia climática y ecológica en la Rebelión Internacional

El mundo se encuentra inmerso en una crisis climática y ecológica. Y, en estos momentos, el ECOCIDIO (la destrucción a gran escala del mundo natural) está permitido por la ley. La normativa vigente, sencillamente, no frena el daño.

En su intervención ante la Asociación Internacional de Derecho Penal, celebrada en el Vaticano el 15 de noviembre de 2019, el papa Francisco propuso que se añadieran los «pecados contra la ecología» a las enseñanzas de la Iglesia católica y fue un paso más allá al afirmar que el «ecocidio» debería constituir una quinta categoría de delitos contra la paz a nivel internacional.