Esta entrada de blog de autor invitado forma parte de una serie concebida como un espacio específico para que los numerosos movimientos y campañas de todo el mundo que luchan contra la destrucción de los ecosistemas puedan compartir sus historias, relatos y perspectivas.
Este post ha sido escrito por Richard Rogers, Director Ejecutivo de Climate Counsel y Moneim Adam, Director Ejecutivo de Sudan Human Rights Hub y publicado originalmente en Euronews.
Por Richard J. Rogers y Moneim Adam
Desde hace décadas, los expertos en derechos humanos vienen advirtiendo de la posibilidad de que se produzcan conflictos violentos entre personas, avivados por las presiones medioambientales derivadas del cambio climático. Los fenómenos meteorológicos extremos y la escasez de recursos constituyen hoy en día un factor determinante en el aumento de los conflictos que se observan en todo el mundo.
La dependencia de la civilización de un mundo vivo estable y saludable ha sido desde hace tiempo uno de los temas favoritos de los escritores de ciencia ficción, y los desastres medioambientales que desencadenan conflictos aparecen en los mundos distópicos de autores como Margaret Atwood, Octavia E. Butler e incluso el Dr. Seuss. Pero, aunque estas «guerras ecológicas» ficticias solían plantearse como alegorías o advertencias sobre peligros futuros, hoy en día son una realidad muy presente.
La ONU reconoce el cambio climático como un «multiplicador de amenazas» para la paz y la seguridad internacionales. Esto significa que el cambio climático, por un lado, agrava las condiciones que pueden dar lugar a conflictos y, por otro, acelera la escalada de dichos conflictos hasta convertirlos en guerras. Si bien algunas partes del mundo —a menudo aquellas que tienen la mayor responsabilidad en la crisis climática— se han visto en gran medida al margen de estos efectos, hay un gran número de personas que viven en zonas del planeta que, en estos momentos, están sufriendo desestabilización y violencia provocadas por el clima.
Ya en 2007, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, señaló el cambio climático como una de las causas principales de la tragedia que se está viviendo en Darfur, Sudán. Dado que las precipitaciones anuales en la región no han dejado de disminuir desde la década de 1980, la escasez de agua es el motivo principal de esta guerra que ya dura medio siglo y que se ha cobrado la vida de más de 300 000 habitantes de Darfur y ha provocado el desplazamiento de dos millones de personas.
Desde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitió el conflicto a la Corte Penal Internacional (CPI), se ha imputado a varias personas. La CPI debería utilizar sus recursos y conocimientos para analizar la relación entre la escasez de agua y la violencia en Darfur, y dar a conocer esta preocupante tendencia.
Los conflictos armados son, a su vez, una fuente y un factor impulsor de los daños medioambientales. En Sudán, por ejemplo, los grupos armados que buscan lucrarse con la extracción ilegal de oro han contaminado (con la ayuda del Grupo Wagner) la tierra y las fuentes de agua de comunidades enteras con mercurio y cianuro.
Un ejemplo más reciente lo encontramos en el conflicto actual de Ucrania, donde es probable que las consecuencias medioambientales de la guerra se dejen sentir durante generaciones. La destrucción de la presa de Nova Kakhovka —cuyo impacto ecológico se ha calificado en repetidas ocasiones de «ecocidio»— inundó vastas extensiones de tierras fértiles y despertó la alarma por el vertido de agrotóxicos y productos petroquímicos al mar Negro.
La CPI ya dispone de los medios jurídicos necesarios para enjuiciar a los responsables de estos delitos. El Estatuto de Roma incluye numerosas disposiciones relativas a las atrocidades medioambientales, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz; sin embargo, la Corte no ha enjuiciado ni un solo caso centrado en daños masivos al medio ambiente.
En nuestra calidad de abogados y defensores de los derechos humanos, instamos a la Fiscalía a que comience a hacer pleno uso de las facultades que le confiere el Estatuto de Roma para examinar el papel que desempeña el cambio climático a la hora de provocar e intensificar los conflictos, y a que dé prioridad al enjuiciamiento de los delitos medioambientales masivos en todas las situaciones, incluida la de Darfur.
Esto incluye nombrar a un experto interno en seguridad climática para que asesore en estos casos; mejorar las políticas y los métodos de investigación para incorporar un enfoque forense basado en la seguridad climática; presentar pruebas que demuestren cómo las cuestiones relacionadas con la seguridad climática son relevantes para los delitos que se están juzgando; y dar prioridad al enjuiciamiento de los delitos de atrocidades medioambientales.
La guerra de Sudán constituye un recordatorio alarmante y premonitorio de la relación causal que existe entre el estrés medioambiental y la devastación, por un lado, y los conflictos humanos, por otro. Para que la CPI mantenga su eficacia al servicio de la humanidad mientras nos enfrentamos a una nueva realidad, marcada por las incertidumbres ecológicas y climáticas, es necesario modificar el Estatuto de Roma para que reconozca un delito independiente destinado a prevenir y sancionar los daños más graves causados a la naturaleza: el ecocidio.
Enlace a la carta abierta completa aquí
