La semana pasada, en Leópolis (Ucrania), un grupo formado por jefes de Estado, ministros de Asuntos Exteriores, fiscales generales, jueces y asesores jurídicos de la UE, Europa del Este, Estados Unidos y otros países se reunió en la conferencia «United for Justice» para debatir sobre mecanismos jurídicos y justos de rendición de cuentas por los crímenes internacionales que está cometiendo Rusia en Ucrania y, en particular, para examinar los aspectos jurídicos prácticos a la hora de abordar el delito de agresión. Se trató de una reunión de importancia histórica, ya que era la primera vez que se convocaba una conferencia jurídica de tan alto nivel en una zona de guerra durante un conflicto en curso con el fin, en palabras del discurso de apertura del presidente ucraniano Volodymir Zelenskyy, de«desarrollar un nuevo formato de cooperación internacional en aras de la justicia».
También fue sin precedentes la atención específica que se prestó, en una mesa redonda sobre «El enjuiciamiento de los crímenes de guerra medioambientales» moderada por Maksym Popov, asesor del fiscal general de Ucrania, a los graves daños medioambientales sufridos en Ucrania durante el conflicto. Estos daños ya han sido objeto de una evaluación inicial por parte del PNUMA y se están documentando de forma continua en los territorios afectados. El ministro de Medio Ambiente de Ucrania, Ruslan Strilets, inauguró la mesa redonda exponiendo la magnitud y la gravedad de estos daños.
La mesa redonda abordó los mecanismos jurídicos ya existentes para perseguir los daños al medio ambiente en tiempos de guerra, sus inconvenientes y su potencial de aplicación en el contexto de Ucrania; además, se debatió la utilidad, de cara al futuro, de tipificar como delito internacional el ecocidio, algo en lo que Ucrania tiene un gran interés y que ya ha respaldado firmemente (véanse las intervenciones de los diputados ucranianos en el debate del Consejo de Europa y la resolución de la APCE aprobada en enero).
Richard Rogers, abogado especializado en derecho penal internacional y copresidente adjunto del Grupo de Expertos Independientes para la Definición Jurídica del Ecocidio (convocado por la Fundación Stop Ecocide en 2020), participó como ponente en el acto y se pronunció específicamente sobre este tema, destacando las ventajas de que el ecocidio se convierta en un delito autónomo del Estatuto de Roma; sobre todo, la señal que esto enviaría, tanto a las partes beligerantes como a los fiscales, de que el daño medioambiental no debe quedar«en un segundo plano».
Asimismo, destacó lo oportuno que resulta que Ucrania impulse la tipificación de dicho delito, citando la importancia histórica de Ucrania (y, de hecho, de Lviv en particular) como cuna intelectual de los crímenes contra la humanidad y del delito de genocidio; el peso del respaldo jurídico y la protección del medio ambiente natural que dicho delito proporcionaría tanto a Ucrania en el futuro como a otros Estados víctimas; y la oportunidad para que Ucrania«se labre un papel en el desarrollo de las cuestiones relacionadas con el Estado de derecho internacional», al contar con la credibilidad y la experiencia necesarias para liderar a la comunidad internacional en este ámbito,siendo «la promoción de un delito internacional de ecocidio un excelente punto de partida».
En este sentido, Ucrania se sumaría, desde la perspectiva del daño medioambiental en los conflictos armados, a una línea de actuación ya marcada por Vanuatu, un Estado del océano Pacífico conocido por defender vías legales para hacer frente a la crisis climática y ecológica mundial. La legislación sobre ecocidio reviste una gran relevancia en ambos contextos.
Jojo Mehta, cofundadora y directora ejecutiva de Stop Ecocide International y presidenta de la Fundación Stop Ecocide, afirmó:«La legislación sobre el ecocidio responde a una clara necesidad de rendición de cuentas que cada vez es más evidente tanto en contextos de paz como de guerra. Vanuatu, como víctima del cambio climático, y Ucrania, como víctima de una agresión, están concienciando al mundo de esta necesidad. Países con visión de futuro, como Bélgica, están asumiendo el reto de forma solidaria y legislando sobre el ecocidio. Decenas de gobiernos están empezando a tomar nota y deben hacerlo muchos más, partiendo de la base de que proteger la naturaleza es todos nuestros futuros. Enmarcar esta protección en el derecho penal genera rendición de cuentas y, además, ayuda a todos a avanzar en la dirección correcta».
Jojo Mehta también asistió a la conferencia celebrada en Leópolis por invitación de la Fiscalía General de Ucrania.
Richard Rogers, Maksym Popov y Jojo Mehta
Yuliiya Ovchynnykova, diputada, junto a Jojo Mehta
[Nota: se pueden encontrar varios de los demás paneles de la conferencia, incluidos el discurso inaugural de alto nivel y las intervenciones, en el canal de YouTube]
