CIUDAD DE MÉXICO, 1 de octubre - Expertos latinoamericanos en materia medioambiental y jurídica presentan una Ley Modelo sobre Ecocidio, diseñada para ofrecer un marco de referencia a los países de toda América Latina con el fin de tipificar como delito la destrucción grave del medio ambiente.
Ya se han adoptado marcos normativos similares en la UE y en jurisdicciones nacionales que van desde Azerbaiyán hasta Mauricio, y podrían reforzar de manera significativa la legislación vigente para proteger mejor la excepcional biodiversidad de la región, donde la normativa actual no logra impedir la destrucción de los ecosistemas forestales y la disminución masiva de las poblaciones de fauna silvestre.
Desde 1990, América Latina y el Caribe han perdido aproximadamente 160 millones de hectáreas de bosque, una superficie equivalente a la de Perú, Uruguay y Panamá juntos. La región también ha registrado la mayor disminución del mundo en las poblaciones de fauna silvestre objeto de seguimiento: una reducción media del 95 % entre 1970 y 2020. América Latina es, además, la región más peligrosa del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente, ya que en 2025 se registraron allí el 85 % de los asesinatos documentados a nivel mundial.
La ley relativa al ecocidio establece un umbral penal para las formas más graves de destrucción ambiental, creando una responsabilidad penal individual para los altos responsables de la toma de decisiones que causen daños ambientales graves, extensos o duraderos. El objetivo no es sólo enjuiciar dichos daños, sino disuadir de que se tomen las decisiones que conllevarán destrucción antes de que esta se produzca.
La Ley Modelo sobre Ecocidio para América Latina se basa en la definición de ecocidio de 2021 elaborada por un Grupo de Expertos Independientes, que define el ecocidio como «actos ilícitos o temerarios cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que dichos actos causen daños graves al medio ambiente, ya sean generalizados o a largo plazo».
En septiembre de 2024, basándose en la definición de 2021, Vanuatu, Fiyi y Samoa presentaron una propuesta formal para realizar una enmienda al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional con el fin de incluir el ecocidio como el quinto crimen internacional atroz, junto con el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
También se han adoptado leyes nacionales sobre el ecocidio en Azerbaiyán, Bélgica y, más recientemente, en Mauricio en abril de 2026, al tiempo que la legislación avanza en países como Brasil, Perú, Argentina, México, Italia, India, la Polinesia Francesa, los Países Bajos y Escocia.
La nueva Ley Modelo se ha elaborado a través de una consulta pública, seguida de sesiones de trabajo virtuales con 74 expertos de 14 países de la región, que culminaron en una conferencia de redacción de dos días celebrada en la Ciudad de México en la que participaron más de 30 expertos jurídicos. Habiendo sido diseñado para los sistemas de derecho civil de América Latina, el texto resultante está concebido para que los parlamentos nacionales lo puedan adoptar o adaptar fácilmente.
Este proyecto ha sido liderado por Stop Ecocidio Internacional en colaboración con la Asociación de Investigadores en Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Universidad Iberoamericana, el Centro Transdisciplinario para la Sostenibilidad (CENTRUS) y la Alianza de Clínicas de Derecho Ambiental de América Latina y el Caribe.
Rodrigo Lledó Vásquez, Director para las Américas de Stop Ecocidio Internacional, ha declarado:
“Desde el principio, este ha sido un proceso genuinamente democrático y participativo. Comenzamos con una consulta pública regional, seguida de sesiones de trabajo con 74 expertos de 14 países de América Latina, que culminaron en dos días de redacción intensiva a cargo de más de 30 expertos jurídicos en la Ciudad de México. El resultado es una Ley Modelo forjada tanto por la experiencia jurídica como por las realidades y experiencias de las personas de toda la región.”
Jojo Mehta, Directora General y Cofundadora de Stop Ecocidio Internacional, ha declarado:
“La legislación relativa al ecocidio se está afianzando en todo el mundo a una velocidad extraordinaria. Desde una propuesta formal ante la Corte Penal Internacional hasta los avances legislativos en toda Europa y el creciente impulso político en África, los gobiernos recurren cada vez más al derecho penal para abordar las formas más graves de destrucción ambiental. Esta nueva Ley Modelo ofrece a los legisladores de América Latina una vía práctica para proteger a la naturaleza y a las comunidades al disuadir de que se tomen las decisiones que causan el daño ambiental más grave antes de que este se produzca.”
Gustavo Alanís, Director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), ha afirmado:
“América Latina alberga algunos de los ecosistemas más ricos del planeta, y millones de personas dependen directamente de la salud de los mismos. La ley sobre el ecocidio establece un límite legal claro en torno a las formas más graves de destrucción ambiental, reconociendo que existe un nivel de daño a la naturaleza y a las comunidades que nunca debería aceptarse como un costo de hacer negocios.”
Jorge Peláez Padilla, Académico del Departamento de Derecho y Coordinador de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental “Berta Cáceres” (CJJA) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, ha señalado:
“En toda América Latina, los defensores y defensoras ambientales y las comunidades asumen con demasiada frecuencia riesgos personales y colectivos al oponerse a la destrucción ambiental grave. La ley sobre el ecocidio sitúa la responsabilidad por los daños ambientales más severos donde corresponde: en el Estado y, en última instancia, en quienes toman las decisiones que provocan dicho daño.”
Rafael Colombo, abogado ambientalista y miembro de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, señaló: :
“Mientras continúan las incidencias para que el ecocidio se sume a los crímenes internacionales del Estatuto de Roma, la Ley Modelo permite nuevas líneas de incidencia para que los Estados latinoamericanos incorporen el ecocidio como tipo penal en sus códigos nacionales, abriendo la puerta para el diseño de una nueva política criminal que investigue empresas y corporaciones públicas y privadas, poniendo un límite a la habitual impunidad y evasión de la justicia, pues estos crímenes involucran a sujetos y entramados de poder.”
Paulo Busse, abogado criminalista y ambiental, y coautor del Proyecto de Ley de Ecocidio de Brasil, dijo:
“El ecocidio ocurre desde siempre en todas partes del mundo y representa un riesgo existencial creciente para la humanidad. Por lo tanto, es urgente tipificarlo como delito, tanto a nivel nacional como internacional.”
Puedes leer el texto (sin editar) de la Ley Modelo para América Latina aquí.
