Resumen:
El miércoles 15 de mayo, el Parlamento sueco (Riksdag) sometió a votación un total de seis mociones, presentadas por cuatro partidos políticos, que contienen propuestas para que el ecocidio quede prohibido en virtud del Derecho internacional en el marco de la Corte Penal Internacional (CPI).
La Comisión de Asuntos Exteriores ha declarado que comparte las intenciones expresadas en las mociones, pero ha recomendado que el Parlamento no las respalde, ya que el Gobierno ya se ha pronunciado a favor de tipificar el ecocidio como delito ante la CPI. La comisión ha afirmado que «seguirá de cerca el análisis y la labor del Gobierno en este ámbito».
Haciéndose eco de las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Tobias Billström, y tal y como se indica en el informe 2023/24:UU14, la comisión hizo hincapié en la necesidad de reforzar el marco jurídico internacional para proteger el medio ambiente, señalando que «lograrlo mediante un anexo sobre el ecocidio al Estatuto de Roma es una propuesta innovadora que podría representar una posible vía a seguir».
La votación en el Parlamento estuvo reñida: 153 diputados votaron siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Asuntos Exteriores (es decir, en contra de las mociones) y 150 votaron a favor.
En las horas previas a la votación, una iniciativa liderada por la Alianza Sueca por la Ley del Ecocidio reunió a representantes de trece empresas y organizaciones empresariales suecas, que instaron al Gobierno a trabajar activamente para la introducción de un delito internacional de ecocidio con el fin de proteger la naturaleza y crear condiciones equitativas para las empresas que aplican modelos de negocio sostenibles.
En el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (2023/24:UU14) se puede consultar el desglose de los votos y la información de fondo aquí.
Pella Thiel, fundadora de End Ecocide Sweden, afirmó:
«Estamos muy satisfechos con el nivel de apoyo; a lo largo de este proceso, siete de los ocho partidos han manifestado su interés y su apoyo en distintos grados, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania».
«Suecia fue el primer país en convocar a la comunidad internacional para tratar cuestiones medioambientales en la conferencia de Estocolmo de 1972, y ya es hora de que nos sumemos a esos Estados pioneros que, en estos momentos, están reclamando una legislación nacional e internacional contra el ecocidio. Esperamos que este nuevo nivel de apoyo a la legislación sobre el ecocidio en el ámbito parlamentario se traduzca en medidas gubernamentales y en una participación significativa en el debate a nivel internacional».
