La primera Asamblea Ciudadana por el Clima de España, integrada por 100 ciudadanos, ha formulado una serie de recomendaciones al Gobierno nacional, estructuradas en torno a 58 objetivos. Las recomendaciones se han organizado en cinco ámbitos: consumo; alimentación y uso del suelo; comunidades, salud y cuidados; sociedad laboral y ecosistemas. El informe final es público y está disponible en la página web de la Asamblea Ciudadana por el Clima.

Entre las principales recomendaciones dirigidas al Ejecutivo se encuentra la necesidad de tipificar el delito de «ecocidio» en el ordenamiento jurídico español. Esta recomendación recibió un apoyo del 100 %:

«Recomendación n.º 147: Tipificar el ecocidio como delito en los casos de daños y destrucción masivos del ecosistema en el ordenamiento jurídico español»:

El ecocidio, en términos generales, es el daño y la destrucción masivos de los ecosistemas, es decir, un daño grave a la naturaleza que es generalizado y se prolonga en el tiempo. La tipificación de este delito como delito penal debe entenderse como una medida disuasoria para que no se cometan estos delitos, ya que es necesario prevenirlos; de lo contrario, el daño es muy grave y posiblemente irreparable.

Este foro ciudadano, organizado según criterios participativos y deliberativos para fomentar la reflexión y el conocimiento colectivos, ha generado consenso sobre cómo abordar las grandes transformaciones necesarias para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y hacer que el país sea más resiliente ante los efectos del cambio climático.

El informe, que contiene 172 recomendaciones, fue entregado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el lunes 6 de junio. La tercera vicepresidenta y ministra de Transición y Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, también estuvo presente en el acto. Este informe se presentará ante el Pleno del Congreso de los Diputados, con el fin de facilitar el debate y la toma de decisiones sobre la política de cambio climático en todos los niveles de la Administración y entre otros actores de la economía y la sociedad.

Entre las medidas incluidas en el informe se encuentran: la adopción de un Plan Estratégico Nacional de Restauración de Ecosistemas; el mantenimiento y la restauración de ríos y ecosistemas acuáticos; la formación de jueces y miembros del poder judicial sobre las respuestas jurídicas al cambio climático y la protección del medio ambiente; y la reducción de la contaminación del suelo y la descontaminación de los suelos contaminados.