El miércoles 11 de mayo, la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados español aprobó una moción (Propuesta No Legislativa, PNL) en la que se instaba al Gobierno a promover el reconocimiento del ecocidio como delito internacional y a estudiar la posibilidad de incluirlo en el Código Penal.

En diciembre de 2020, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso también aprobó una moción en la misma línea. En esta ocasión, la propuesta fue presentada por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y se aprobó con 19 votos a favor, 5 en contra y 12 abstenciones.

El presidente de la comisión, Juan López de Uralde (en la foto), quien defendió la moción, afirmó en su intervención que «en España hemos sufrido enormes agresiones medioambientales que han quedado impunes». Asimismo, señaló la necesidad de reconocer el ecocidio como delito de alcance mundial, ya que estamos «muy acostumbrados» a que los delitos medioambientales queden impunes.

En la exposición de motivos de la moción se afirma que:

«El objetivo es convertir el ecocidio en el quinto delito grave e incluirlo en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Los delitos graves contra el medio ambiente se incluirían en la misma categoría que los crímenes de guerra o los crímenes contra la humanidad, y podrían ser juzgados en la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI)».

La moción, basada en parte en el discurso de la campaña internacional «Stop Ecocide», recoge también la definición jurídica de «ecocidio», elaborada por un grupo de expertos independientes convocado por la Fundación Stop Ecocide, y señala que:

«...se necesita una nueva técnica para tipificar los delitos contra el medio ambiente que garantice realmente la protección del bien protegido y el castigo de quien lo dañe, ya sea de forma intencionada o culposa».

Durante el debate suscitado entre los grupos parlamentarios, se han planteado varias ideas, como la necesidad de que el delito de ecocidio tenga carácter global para evitar el desplazamiento del daño medioambiental hacia zonas o áreas con una normativa medioambiental más permisiva.

La moción establece lo siguiente:

«El Congreso insta al Gobierno a que estudie una política destinada a promover la modificación del Estatuto de Roma con el fin de incluir el reconocimiento del ecocidio como delito internacional, así como a que evalúe la aplicación de reformas procesales y penales coherentes con este objetivo en nuestra legislación nacional».