En marzo se aprobó una reforma del Código Penal del Estado de Jalisco para incluir el delito de ecocidio, con el voto a favor de 36 diputados. La propuesta fue presentada por Claudia Murguía Torres (PAN), autora de la reforma.

El texto establece que quien cometa un delito de ecocidio será castigado con penas de tres a diez años de prisión, definiéndose dicho delito como « el daño, la destrucción o la pérdida, total o parcial, vasta, duradera o grave, de uno o más ecosistemas, en un territorio determinado, de tal manera que se vea limitado el disfrute de las especies que lo habitan y el equilibrio ecológico». «el daño, la destrucción o la pérdida total o parcial, vasta, duradera o grave de uno o más ecosistemas, en un territorio determinado, de tal manera que el disfrute de las especies habitantes y el equilibrio ecológico se vea limitado».

El artículo define como «daños extensos» aquellos que afecten a un área de al menos diez hectáreas; como «daños duraderos», aquellos en los que la destrucción y sus repercusiones se prolonguen durante un período mínimo de cuatro meses; y como «daños graves», aquellos en los que la alteración ponga en peligro la salud de las personas o provoque daños irreparables a los recursos naturales. Además de la pena de prisión, se impondrá una multa de entre 500 y 500 000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Jalisco se convierte en el segundo estado de México (después de Chiapas) en tipificar el delito de ecocidio en su código penal. Aunque los delitos medioambientales ya estaban tipificados, la pena de prisión se ha incrementado con la inclusión del ecocidio. Además, tal y como señala Claudia Murgia Torres, el texto especifica que el producto de los delitos se destinará a reparar los daños medioambientales y establece sanciones para los funcionarios públicos que, por acción u omisión, permitan este tipo de conductas.