Una Iniciativa con Proyecto de Decreto para tipificar como delito la destrucción grave del ambiente (ecocidio) se ha presentado ante la Cámara de Diputados de México, la cámara baja del Parlamento nacional.
El cambio en la legislación fue propuesto por la Diputada Verónica Martínez García , del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 9 de septiembre, modificaría el Código Penal Federal de México y tiene como finalidad la inclusión de un nuevo delito de ecocidio.
La enmienda define el ecocidio como “el daño grave, extenso o irreversible a uno o más ecosistemas, a la biodiversidad, a los recursos naturales, a los servicios ambientales o al equilibrio ecológico, comprometiendo el derecho humano a un medio ambiente sano”.
Esta formulación se hace eco de los parámetros relativos al ecocidio que figuran en la definición elaborada por el Panel de Expertos Independientes convocado por la la Fundación Stop Ecocidio en 2021.
Según la enmienda propuesta, las condenas conllevarían penas de entre 15 y 30 años de prisión, además de multas de hasta 50.000 días de salario y obligaciones para la reparación de los daños ambientales. Las penas se podrían incrementar hasta un 50% en caso de circunstancias agravantes, como por ejemplo, en los casos en que los delitos se cometan en áreas protegidas o que afecten a especies en peligro de extinción.
El Proyecto de Decreto de Martínez García señala que esta propuesta se inscribe en un cambio global más amplio hacia la rendición de cuentas en materia de daños graves al ambiente, en el que varios países están elaborando propuestas para incorporar el ecocidio en sus legislaciones, a la par del movimiento mundial que impulsa que el ecocidio sea reconocido como un crimen internacional.
México ha sido escenario de varios intentos anteriores de tipificar como delito el ecocidio a nivel federal. Se han presentado propuestas legislativas por parte de María Victoria Mercado Sánchez en 2018, Samuel García Sepúlveda en 2020, Raúl Paz Alonzo en 2021 y Karina Barrón Perales en 2023. En 2025 se presentaron otras tres propuestas, de Ana Isabel González González, Luis Agustín Rodríguez Torres y Eduardo Gaona Domínguez. Aunque diferían en sus definiciones y en las sanciones propuestas, todas ellas pretendían establecer la responsabilidad penal por la destrucción grave del ambiente.
El Proyecto de Decreto de Martínez García es el último de esta serie de iniciativas legislativas. Ahora se remitirá a la Comisión de Justicia, que deberá aprobarlo antes de que pueda pasar a la Cámara de Diputados para ser sometido a votación plenaria.
Puedes consultar el texto completo del Proyecto de Decreto de Martínez García aquí. En la publicación jurídica mexicana Umbrales (p. 51) se puede consultar un resumen detallado de propuestas legislativas anteriores, aquí.
