
El Parlamento español acaba de dar el último paso para aprobar la ley que reconoce al Mar Menor y a su cuenca una serie de derechos, entre ellos el derecho a existir y el derecho a recuperar su equilibrio natural. La ley fue aprobada en el Senado por una mayoría abrumadora.
El hecho de que se haya concedido personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor supone un hito histórico, no solo porque ha supuesto una gran victoria para los defensores del medio ambiente, sino porque, además, introduce un concepto jurídico innovador en el Derecho europeo, un precedente al que sin duda seguirán más casos. La laguna de agua salada más grande del continente lleva décadas sufriendo un ecocidio continuo, lo que ha provocado el colapso de la vida en su interior. Ninguna de las protecciones establecidas, ni nacionales ni internacionales, había servido para detener la tragedia. La victoria se logró gracias a una movilización ciudadana masiva, puesta en marcha mediante la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Esto supuso la recogida a mano de más de 650 000 firmas en toda España, cuando en realidad solo se necesitaban 500 000, y todo ello durante la pandemia. El escandaloso caso del deterioro en cadena del Mar Menor y la lucha de los ciudadanos por defenderlo traspasó las fronteras nacionales y llegó incluso a debatirse en un foro de la ONU en el marco de su programa «Armonía con la Naturaleza».
En palabras de uno de los artífices de la ILP, el abogado Eduardo Salazar: «La aprobación definitiva de la ILP del Mar Menor supone un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de los seres no humanos, en este caso, un ecosistema lleno de vida. Una reacción ciudadana ante el ecocidio con el fin de impulsar una legislación pionera en Europa que pueda servir de referencia para otros ecosistemas en otros estados. El carácter participativo y judicial de la ILP tiene como objetivo garantizar que los ciudadanos que la han impulsado velen por su aplicación efectiva».
Ya hay un número cada vez mayor de ecosistemas en el mundo a los que se les ha concedido personalidad jurídica como medida de protección, desde el río Atrato en Colombia hasta el río Whanganui y el monte Taranaki en Aotearoa-Nueva Zelanda, pasando por el río Magpie en Canadá.
La concesión de derechos es una herramienta eficaz para la protección de los ecosistemas de gran valor, pero se necesita algo más: un derecho penal internacional que proteja el mundo natural de la destrucción que está sufriendo en muchas partes del mundo. Conceder derechos a los ecosistemas y establecer leyes para protegerlos son las dos caras de una misma moneda. Por lo tanto, es esencial impulsar la tipificación del ecocidio como delito a nivel internacional, creando una ley que abarque todos los casos de daños medioambientales graves, ya sean de gran alcance o de larga duración. Por el momento, vamos por buen camino. Hoy celebramos esta gran victoria, un paso de gigante hacia donde, ética y jurídicamente, debemos dirigirnos.