Resumen:
Destacados miembros de la comunidad jurídica internacional, políticos, académicos, empresas y ONG han respondido a una consulta pública organizada por la Fiscalía de la CPI, en la que se pide que se introduzca un nuevo delito de ecocidio en el Estatuto de Roma.
Entre los principales entrevistados se encuentran «el rey de la defensa de los derechos humanos», Michael Mansfield KC; Laura Mary Clarke OBE, directora ejecutiva de ClientEarth; la baronesa Boycott, miembro independiente de la Cámara de los Lores del Reino Unido; el embajador emérito de Finlandia, Mikko Pyhälä; el ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente de Vanuatu, Ralph Regenvanu; y la copresidenta del Club de Roma, Sandrine Dixson-Declève.
La consulta se produce apenas unas semanas después de que el Parlamento Europeo votara a favor de la adopción de una nueva directiva de la UE en materia penal que incluye una disposición para tipificar como delito los «casos comparables al ecocidio».
Políticos, abogados, académicos, organizaciones medioambientales sin ánimo de lucro y líderes empresariales de todo el mundo han respondido a una consulta pública organizada por la oficina del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan KC, en la que se insta a la Corte a introducir un nuevo delito internacional de ecocidio en el Estatuto de Roma.
La convocatoria de comentarios públicos de la Fiscalía (OTP) tiene por objeto recabar aportaciones para el primer borrador de un documento de orientación sobre cómo el Estatuto de Roma podría abordar mejor los delitos contra el medio ambiente.
Entre los encuestados se encuentran «el rey de la defensa de los derechos humanos», Michael Mansfield KC; Laura Mary Clarke OBE, directora ejecutiva de ClientEarth; la baronesa Boycott, miembro independiente de la Cámara de los Lores del Reino Unido; el embajador emérito de Finlandia, Mikko Pyhälä; el ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente de Vanuatu, Ralph Regenvanu; y la copresidenta del Club de Roma, Sandrine Dixson-Declève.
Entre las organizaciones internacionales que han respondido a la consulta de la Fiscalía se encuentra Avaaz, con sede en Estados Unidos, cuya petición, en la que se insta a los legisladores de todo el mundo a promulgar nuevas leyes nacionales e internacionales contra el ecocidio, ha reunido recientemente más de 500 000 firmas.
Los encuestados destacan la limitada protección del medio ambiente que ofrece actualmente el Estatuto de Roma, que se centra principalmente en los daños deliberados y sistemáticos causados a las personas y a los bienes protegidos, como los edificios religiosos o los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En su versión actual, la única protección explícita del medio ambiente prevista en el Estatuto se aplica a los actos cometidos en tiempo de guerra.
La inclusión en el Estatuto de Roma de un nuevo delito autónomo de ecocidio tipificaría como delito los casos más graves de destrucción del medio ambiente, tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto.
El concepto de la legislación sobre ecocidio ha ido ganando un gran impulso. En febrero, Bélgica incluyó este delito en su nuevo código penal y, en el último año, en varios otros Estados —entre ellos Brasil, Escocia, Inglaterra, los Países Bajos, España (Cataluña) e Italia— se han presentado o han avanzado proyectos de ley sobre el ecocidio. La Unión Europea acordó en noviembre incluir delitos «comparables al ecocidio» en su Directiva revisada sobre delitos medioambientales, una decisión que obligará ahora a los 27 Estados miembros a introducir una legislación equivalente en los próximos dos años.
La inclusión del ecocidio como quinto delito internacional en el Estatuto de Roma, junto al genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el delito de agresión, garantizaría que las formas más graves de destrucción medioambiental se tipificaran como delito al más alto nivel, lo que actuaría como elemento disuasorio a escala mundial para los posibles autores que ocupan los puestos más altos de poder de decisión.
El experto en derechos humanos y director de Nexus Chambers, Michael Mansfield KC, aprovechó su respuesta a la consulta para destacar el papel que podría haber desempeñado el delito internacional de ecocidio —de haberse incorporado en el momento de la creación de la CPI— a la hora de evitar la actual crisis climática, afirmando en :«Apoyo firmemente la inclusión del ecocidio en el catálogo de delitos internacionales. El grave error de no haberlo hecho en 1998 se ha visto reflejado en un aumento proporcional de los delitos climáticos relacionados con incendios, inundaciones y sequías, que provocan pobreza, falta de vivienda y hambrunas. Ninguno de ellos está contemplado en la legislación vigente, que se centra en situaciones de guerra y conflicto».
«Todo esto supone una amenaza para nuestra propia existencia mayor que cualquier otra causa. Sin sanciones penales y sin su aplicación efectiva, la eliminación gradual de nuestra huella de carbono se convertirá en una esperanza vana».
«En 2012, junto con Polly Higgins, organicé un juicio simulado por ecocidio en el Tribunal Supremo de Londres, en relación con unos sucesos medioambientales de aquella época, con el fin de demostrar cómo podría funcionar en la práctica. Los sucesos en cuestión fueron el vertido de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México y la explotación de las arenas bituminosas en Canadá. Se imputó a los directores de las empresas implicadas. Uno de ellos fue condenado por un jurado seleccionado al azar y el otro, absuelto».
Sandrine Dixson-Declève, copresidenta del Club de Roma, afirmó: «De vez en cuando nos encontramos con una iniciativa sencilla que tiene el poder de generar un cambio positivo importante desde dentro de un sistema complejo. Una de esas iniciativas consiste en tipificar como delito causar daños graves al mundo viviente».
«Ya existe la estructura necesaria para respaldarlo: la Corte Penal Internacional. El reconocimiento del «ecocidio» en el seno de la CPI es totalmente factible, ya que existen vías reconocidas que seguir, y colma una laguna evidente —una laguna que ha permitido que los daños devastadores al medio ambiente y al clima nos lleven al borde del desastre—.
«Hay una serie de cambios extraordinarios en los ámbitos económico, político, social y cultural que deben llevarse a cabo para alcanzar un escenario de supervivencia estable y equitativo para la humanidad; en todo este proceso, deben respetarse los parámetros que garantizan el equilibrio físico de la Tierra —los límites planetarios—. La legislación sobre el ecocidio es una vía lógica para garantizar la aplicación judicial necesaria de dichos parámetros».
El honorable Ralph Regenvanu, diputado y ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente de la República de Vanuatu, declaró: «Vanuatu acoge con satisfacción el compromiso renovado de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (OTP) de luchar contra los delitos medioambientales. Los retos sin precedentes que plantean los daños medioambientales y, por ende, el cambio climático, deben abordarse con urgencia, y el derecho penal internacional puede desempeñar un papel clave a la hora de garantizar la justicia para las personas y la naturaleza».
«Vanuatu lleva mucho tiempo defendiendo la inclusión del «ecocidio» en el Estatuto de Roma como quinto crimen contra la paz, y fue el primer país en pedir su adopción en la CPI en 2019.
«Reafirmamos nuestro apoyo a que los daños graves al medio ambiente, ya sean generalizados o de larga duración, se tipifiquen como delito a nivel internacional, e instamos a la Fiscalía a que, en los próximos meses, tenga en cuenta el apoyo mundial cada vez mayor a que el ecocidio se tipifique como delito independiente en el Estatuto de Roma».
Jojo Mehta, cofundador y director ejecutivo de Stop Ecocide International, afirmó : «El ecocidio —en esencia, si no en nombre— se incluyó en los primeros borradores del Estatuto de Roma. Merece la pena reflexionar críticamente sobre lo que podría haber sido diferente en nuestro mundo actual —los múltiples desastres por contaminación, la agravación del cambio climático y las amenazas a la biodiversidad que podrían haberse evitado— si, de hecho, se hubiera incluido en el tratado definitivo firmado en 1998».
«Esta consulta pública supone una oportunidad de oro para que la Fiscalía: admita la necesidad y la demanda de que se reconozca el ecocidio en el derecho penal internacional; reconozca la gravedad de los delitos medioambientales y las amenazas que suponen para la paz, la seguridad, la prosperidad y el bienestar mundiales; y recomiende la negociación de un quinto delito internacional de ecocidio. Esto establecería medidas de protección medioambiental exigibles para las personas y la naturaleza, tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto, en la Tierra y en el espacio, para las generaciones presentes y futuras».
Haz clic aquí para leer las respuestas completas a la consulta de la Fiscalía de la CPI de las personas que aparecen en este artículo.
NOTAS PARA LOS REDACTORES:
Los comentarios de Stop Ecocide International sobre la propuesta de la Fiscalía de una política sobre delitos medioambientales pueden consultarse aquí.
Acerca de Stop-Ecocidio Internacional
SEI es la fuerza impulsora del creciente movimiento mundial para convertir el ecocidio en un crimen internacional. Su labor principal consiste en activar y desarrollar el apoyo intersectorial mundial a esta iniciativa. Para ello, SEI colabora con diplomáticos, políticos, abogados, líderes empresariales, ONG, grupos indígenas y religiosos, personas influyentes, expertos académicos, campañas de base y particulares.
Acerca de Jojo Mehta
La directora ejecutiva Jojo Mehta cofundó Stop Ecocidio en 2017, junto con la abogada y pionera legal fallecida Polly Higgins, para apoyar el establecimiento del ecocidio como delito en la Corte Penal Internacional. Es presidenta de la fundación benéfica Stop Ecocide y convocadora del Panel de Expertos Independientes para la Definición Jurídica del Ecocidio presidido por Philippe Sands QC y Dior Fall Sow.
