
El Parlamento Federal de Bélgica ha votado hoy a favor de un nuevo código penal para el país que, por primera vez en Europa, incluye el reconocimiento del delito de ecocidio tanto a nivel nacional como internacional.
A nivel nacional, el nuevo delito de ecocidio, cuyo objetivo es prevenir y sancionar los casos más graves de degradación e a del medio ambiente —como los vertidos de petróleo a gran escala—, se aplicará tanto a las personas que ocupan los más altos cargos de responsabilidad como a las empresas. La pena para las personas físicas puede ascender a un máximo de 20 años de prisión, mientras que las empresas podrían enfrentarse a multas de hasta 1,6 millones de euros.
En el marco de la monarquía federal de Bélgica, la legislación medioambiental nacional es competencia, principalmente, de los tres gobiernos regionales de Flandes, Valonia y Bruselas. El ámbito de aplicación de esta nueva ley se limita a los ámbitos que son competencia de la autoridad federal, entre los que se incluyen el Mar del Norte y la gestión de residuos nucleares.
El alcance nacional limitado del nuevo proyecto de ley no es motivo para restar importancia a este avance, afirma Patricia Willocq, directora de Stop Ecocide Belgium:
«El pasado mes de noviembre, tras meses de incansable labor de defensa por parte de una coalición diversa de aliados políticos, la Unión Europea llegó a un acuerdo para incorporar un nuevo delito específico en su directiva sobre delitos medioambientales, recientemente revisada, dirigido a “casos comparables al ecocidio”. Ahora, los 27 Estados miembros tienen la tarea de adaptar sus códigos penales nacionales a esta directiva actualizada, un proceso que se extenderá a las tres regiones de Bélgica. Prevemos que esta iniciativa reducirá significativamente las disparidades entre la legislación penal medioambiental federal y la regional. Dado que Bélgica ostenta la presidencia de la Unión Europea, esta directiva debería animar a las regiones a desempeñar su papel en el ámbito de sus competencias».
«Bélgica se encuentra ahora a la vanguardia de un debate verdaderamente global sobre la tipificación como delito de los daños más graves causados a la naturaleza y debe seguir abogando por el reconocimiento del ecocidio en la Corte Penal Internacional, junto con el genocidio. Para proteger plenamente la naturaleza, es necesario que se tipifiquen como delito los actos de quienes destruyen deliberadamente vastas extensiones del mundo natural, causando a su vez un daño humano incalculable. Seguiremos haciendo campaña para erradicar el ecocidio de Bélgica y del mundo».
Además, Bélgica se ha convertido en el primer país europeo en reconocer el ecocidio como delito internacional en su Código Penal, basándose en la definición consensuada propuesta en 2021 por el Grupo de Expertos Independientes (IEP) convocado por la Fundación Stop Ecocide.
El país ya ha reconocido el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el delito de agresión, y ahora incorpora un elemento centrado en la naturaleza a su código penal al reconocer un quinto delito en el marco del Derecho internacional: el ecocidio.
Samuel Cogolati, diputado del Parlamento Federal (Partido Ecolo [Verdes]), quien desempeñó un papel fundamental a la hora de impulsar la inclusión del ecocidio en el nuevo Código Penal, afirmó:
«Tras cuatro años de lucha en el Parlamento y en la sociedad civil, nuestro Código Penal por fin sale en defensa del planeta: los peores ataques contra el medio ambiente están a punto de ser tipificados como delito. ¡Nuestra movilización está dando sus frutos! Enviemos una señal clara a la comunidad internacional: el Parlamento belga reconoce el ecocidio como un quinto «delito internacional».
El director ejecutivo y cofundador de Stop Ecocide International, Jojo Mehta, declaró:
«Bélgica ha demostrado hoy un firme liderazgo, no solo a nivel nacional, sino en nombre de todos aquellos que nos vemos más vulnerables y cuyos medios de vida se ven directamente amenazados cuando los más poderosos de la sociedad toman decisiones que provocan una destrucción medioambiental a gran escala».
«En estos momentos se está generando un verdadero impulso en torno al debate sobre la ley de ecocidio a todos los niveles. Durante el último año, hemos visto cómo una lista cada vez mayor de países ha adoptado medidas concretas para tipificar como delito nacional el ecocidio, entre ellos los Países Bajos, Escocia, México, Brasil, Inglaterra, Italia y España».
«Con voces destacadas como la de Bélgica a la cabeza, se están logrando avances tangibles a nivel internacional, especialmente en Europa tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre para incluir los delitos de ecocidio en la directiva revisada de la UE sobre delitos medioambientales».
«No me cabe duda de que, en un futuro próximo, el delito de ecocidio será reconocido a nivel internacional».
La sociedad civil ha mostrado un apoyo significativo a la inclusión del ecocidio en el código penal actualizado, y una petición organizada por Greenpeace ha recogido más de 43 000 firmas.
Greenpeace formaba parte de una coalición de organizaciones que operan en Bélgica y que se unieron en torno a esta cuestión, entre las que se encontraban Stop Ecocide International, Canopea, Rise for Climate, Climate Justice for Rosa, la Fundación Europea por el Derecho a la Vida, Kaya, Climate Coalition y los Abuelos por el Clima.