El caso de la ley de ecocidio: Por qué el sector privado necesita guardarraíles
Tessa Clarke es Cofundadora y Directora Ejecutiva de Oliouna aplicación centrada en la reducción del desperdicio doméstico y alimentario con más de 8 millones de usuarios en 63 países.
Hay un proverbio hindú que dice: "Incluso el néctar es veneno si se toma en exceso".
Lo mismo ocurre con las empresas. Ha sacado a millones de personas de la pobreza, ha creado innovación y ha transformado sociedades, pero sin restricciones, también ha provocado deforestación, contaminación y degradación del clima. Cuando el afán de lucro no tiene freno, los resultados pueden ser catastróficos para todos.
Históricamente, fuertes limitaciones culturales y religiosas fomentaban la moderación, garantizando que la humanidad actuara dentro de los límites de la capacidad de regeneración de la naturaleza. Uno de los ejemplos más conocidos es el "Principio de la Séptima Generación" de la Confederación Haudenosaunee, que dictaba que las decisiones debían tener en cuenta su impacto en las siete generaciones siguientes. Este pensamiento a largo plazo actuaba como un freno natural a la extracción y la explotación.
Muchas tradiciones religiosas también consagran la responsabilidad ecológica. En el Islam, el concepto de "mizan" (equilibrio) aboga por la armonía entre la humanidad y la naturaleza. El cristianismo también hace hincapié en la responsabilidad de cuidar la creación.
Pero en una época en la que el valor para el accionista lo prima todo, estas barreras culturales y religiosas se han hecho a un lado.
El mundo funciona ahora bajo la lógica de los beneficios trimestrales, no de la gestión intergeneracional. Cuando las restricciones culturales fallan, deben intervenir las legales: de ahí el creciente movimiento que reclama una ley de ecocidio, que pretende criminalizar la destrucción medioambiental al más alto nivel.
¿Qué es la ley de ecocidio?
En esencia, la ley de ecocidio establece la responsabilidad por la destrucción medioambiental reconociéndola como un delito, al mismo nivel que el genocidio y los crímenes de guerra. Al imponer consecuencias jurídicas estrictas por daños ecológicos significativos, refuerza las leyes medioambientales y los marcos de sostenibilidad existentes.
También fomenta un cambio cultural, reforzando el imperativo moral de proteger el mundo natural para las generaciones futuras y garantizando que los responsables políticos den prioridad a la preservación ecológica a largo plazo frente a los beneficios a corto plazo.
Igualdad de condiciones para las empresas
Lejos de ser un elemento disuasorio para las empresas, la legislación sobre ecocidio es fundamental para crear unas condiciones equitativas y prósperas. Esto se debe a que la mayoría de los productos y servicios actuales no reflejan los costes reales del agotamiento y la degradación del medio ambiente en que incurren. Por lo tanto, los que sí tienen en cuenta estos costes están librando una batalla con una mano atada a la espalda, porque hasta que la alternativa sostenible no sea también la alternativa más rentable, las empresas sostenibles permanecerán tristemente al margen de nuestra economía y no en su núcleo.
Tomar Olio como ejemplo. Redistribuimos los excedentes de alimentos de las empresas a las familias locales a través de nuestra aplicación, pero tenemos que competir con flujos de residuos baratos que subestiman enormemente el coste real de los residuos alimentarios y su impacto en el medio ambiente. Hasta que estos flujos de residuos no tengan un precio que refleje su verdadero daño medioambiental, la ampliación de las soluciones sostenibles seguirá siendo una ardua batalla.
Por tanto, la legislación sobre ecocidio puede ayudar a corregir estas distorsiones del mercado garantizando que las empresas asuman la responsabilidad de los daños ambientales que causan, allanando el camino para una competencia leal y una economía verdaderamente próspera y sostenible.
¿Cómo está tomando forma la legislación sobre ecocidio?
La buena noticia es que está cobrando impulso el reconocimiento del ecocidio como delito internacional. En otoño de 2024, Vanuatu, Fiyi, Samoa y la República Democrática del Congo presentaron formalmente el delito de ecocidio para su consideración por la Corte Penal Internacional.
Mientras tanto, la Unión Europea ha revisado su Directiva sobre Delitos Medioambientales, que exige a todos los Estados miembros de la UE que actualicen sus leyes antes de mayo de 2026. La directiva introduce "delitos cualificados" por daños medioambientales graves, que pueden abarcar conductas "comparables al ecocidio".
Varios países también están avanzando a nivel nacional. Bélgica por ejemplo, ha incorporado la definición de ecocidio a su legislación, mientras que Escocia ha presentado la Ley de Prevención del Ecocidio. Los esfuerzos legislativos también avanzan en Italia, Países Bajos, Méxicoy Perú, dando esperanzas a la perspectiva de que 2025 sea un punto de inflexión para el movimiento ecologista.
Una reflexión final
Como advierte el proverbio cree: "Sólo cuando haya muerto el último árbol y se haya envenenado el último río y pescado el último pez nos daremos cuenta de que no podemos comer dinero".
La ley contra el ecocidio ofrece una oportunidad urgente para evitar este sombrío futuro, estableciendo límites claros para las empresas. De este modo, fomentará las buenas prácticas, creará un mercado justo para las empresas sostenibles y recompensará a quienes hagan lo correcto. Sin ella, me temo que las empresas empezarán a perder su licencia para existir, a medida que la sociedad se vaya dando cuenta del verdadero precio del capitalismo desenfrenado.
Ha llegado la hora de la ley de ecocidio.