Si criminalizamos el ecocidio, debe aplicarse de la Tierra al espacio exterior
La autoría de este post es compartida entre el Dr. Kai-Uwe Schrogl, Presidente del Instituto Internacional de Derecho Espacial (IISL), y Anna Maddrick, Asesora Jurídica en Asuntos Climáticos de la Misión Permanente de Vanuatu ante las Naciones Unidas.
Cuando contemplamos el cielo nocturno, imaginamos un cosmos infinito e ilimitado. Pero una mirada más atenta revela características comparables al medio ambiente terrestre: vemos espacios orbitales, que son recursos naturales limitados; vemos un uso irresponsable, que ha creado enormes cantidades de basura espacial; y somos testigos de la creciente competencia por los emplazamientos en la Luna y en asteroides, así como de su explotación.
La comunidad internacional se esfuerza por gestionar eficazmente estas cuestiones ambientales. A medida que se expanden las intervenciones tecnológicas de alto riesgo -desde las megaconstelaciones orbitales hasta la geoingeniería solar- se hace patente la necesidad de contar con marcos jurídicos sólidos que se extiendan más allá de la Tierra. El espacio exterior y la atmósfera terrestre son bienes comunes globales y forman parte de sistemas interdependientes y complejos. En ambos ámbitos, no regular adecuadamente podría llevarnos más allá de los límites planetarios críticos. Se necesita con urgencia una base más sólida en el Derecho Penal Internacional.
Estrés ambiental en el espacio exterior
El entorno espacial cercano a la Tierra está sometido a un estrés grave y creciente. Así lo documentan los Informes Anuales Sobre el Entorno Espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA). En los últimos diez años, los objetos fabricados por el ser humano de más de 10cm se han más que duplicado, hasta alcanzar los 35.000. Los objetos más pequeños se cuentan por millones.
Pero hay más desafíos. El lanzamiento de cohetes así como la combustión de objetos espaciales en la atmósfera provocan daños que aún no se han investigado ni evaluado adecuadamente. Las constelaciones de satélites provocan contaminación lumínica - lo que dificulta la astronomía pero también priva a un gran número de personas de su patrimonio cultural: la posibilidad de contemplar las estrellas. Las posiciones orbitales en algunas altitudes se han vuelto escasas. Hasta ahora, la protección planetaria frente a la contaminación humana sólo se basa en las buenas prácticas. Y en el futuro, nos enfrentaremos a cuestiones sobre la sostenibilidad ambiental de la extracción de recursos de la Luna y otros cuerpos celestes como los asteroides.
“Las constelaciones de satélites están causando contaminación lumínica, privando a un gran número de personas de su patrimonio cultural: la capacidad de contemplar las estrellas”.
Crédito: Ryan Jacobson/ Unsplash.
El Derecho espacial vigente es fantástico...
Contrariamente a lo que algunos puedan pensar, el Derecho espacial vigente es fantástico. Aunque se creó en los años 60 y 70, ha mantenido sus principios y su valor. El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 establece que el espacio exterior, la Luna y otros cuerpos celestes son bienes comunes mundiales fuera de la jurisdicción nacional.
Los agentes privados necesitan autorización para operar en el espacio exterior y están bajo supervisión continua por parte de sus gobiernos, en virtud de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas estatal establecidas en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. Esto debe implementarse a través de leyes espaciales nacionales, aunque sólo un pequeño, pero creciente, número de países han promulgado este tipo de legislación. El Acuerdo de la Luna de 1979, con menos de 20 ratificaciones, sigue siendo un régimen inactivo pero crucial a la espera de su activación, ofreciendo una vía jurídica similar a la del Derecho del Mar para el uso compartido de los recursos extraterrestres.
El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre es un tratado de principios. Atacarlo por ser considerado “obsoleto” sólo sirve para erosionar la idea del espacio como un bien común global. En su lugar, debemos construir sobre sus cimientos, reforzándolo con normas y reglas concretas desarrolladas a través de la ONU, instrumentos de derecho no vinculante (“leyes blandas”) y estándares.
...pero necesita urgentemente tener fuerza ejecutiva
Millones de objetos, en su mayoría basura espacial, en órbita - capturados en agosto de 2024.
Crédito: Agencia Espacial Europea.
Puede que a algunos les sorprenda saber que, durante décadas, las infracciones del Derecho espacial eran extremadamente raras. Pero hoy, la situación es diferente. La última “carrera espacial” ha visto cómo los conflictos armados se extendían al espacio exterior, con la inutilización de satélites y los esfuerzos por monopolizar los planos orbitales mediante megaconstelaciones.
En este contexto, la ley del ecocidio -es decir, la legislación que penaliza las formas más extremas de destrucción del medio ambiente- podría abordar tres lagunas urgentes: la falta de aplicación de la ley, la ausencia de responsabilidades armonizadas a nivel nacional e internacional y la no existencia de consecuencias punitivas para las conductas ambientales irresponsables en el espacio.
Y hay un problema más: la exclusión de la ciudadanía de los debates sobre el Derecho espacial. Las decisiones que configuran nuestro futuro compartido en el espacio se toman en gran medida a puerta cerrada, con escasa supervisión ciudadana. Algunos particulares hablan incluso de colonizar Marte como si los cuerpos celestes fueran de su propiedad, una noción totalmente contraria a los principios de no soberanía y de uso compartido consagrados en el Derecho espacial vigente. Ampliar la participación podría hacer que la conversación dejara de estar dominada por los intereses comerciales y se basara en la responsabilidad y el cuidado.
Convertir el ecocidio en crimen podría ser un poderoso instrumento para el espacio ultraterrestre y una salvaguarda contra la manipulación planetaria
El Derecho espacial necesita un catalizador externo, y la ley del ecocidio podría ser precisamente eso. La propuesta formal lliderada por Vanuatu y una coalición de pequeños Estados insulares para enmendar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional e incluir el ecocidio, marca un punto de inflexión. La definición propuesta -redactada en 2021 por un Panel de Expertos Independientes- reconoce explícitamente el espacio ultraterrestre como parte del medio ambiente.
Esto abre la puerta a la rendición de cuentas penal por acciones imprudentes desde el punto de vista ambiental realizadas en el espacio ultraterrestre, desde ensayos destructivos de armas antisatélites hasta el despliegue descontrolado de tecnologías contaminantes o regímenes de extracción de recursos sin la debida consideración por las generaciones futuras.
También responde directamente a problemas acuciantes aquí en la Tierra, como la financiación recientemente anunciada por el gobierno británico para realizar ensayos de geoingeniería solar, un controvertido intento de alejar la luz solar del planeta inyectando aerosoles en la atmósfera. Críticos como Raymond Pierre Humbert y Michael Mann han calificado estos planes de “distracción peligrosa”, advirtiendo de que agravan los riesgos sistémicos y los fallos de gobernanza sin abordar las causas de fondo.
Los paralelismos con el espacio son sorprendentes. Al igual que el espacio ultraterrestre, la atmósfera es un bien común mundial. Ambos están sujetos a una gobernanza policéntrica. Ambos están amenazados por la experimentación no regulada por parte de agentes poderosos. Y en ambos casos, la ley del ecocidio podría ofrecer un marco uniforme y aplicable - basado en los derechos humanos y en el principio del Patrimonio Común de la Humanidad (PCM) - para protegernos frente a intervenciones catastróficas, ya sea por basura espacial fuera de control o por la manipulación de los sistemas de soporte vital de la Tierra.
El momento actual nos obliga a reflexionar seriamente sobre la gobernanza de los bienes comunes globales, incluidos aquellos que están por encima de nuestras cabezas. Aunque las normas voluntarias y las “leyes blandas” (acuerdos no vinculantes y directrices) han dado forma a algunas prácticas responsables, su capacidad de ejecución sigue siendo limitada. La ley del ecocidio ofrece una manera de reforzar estos marcos con un mecanismo de rendición de cuentas significativo.
Establecer el ecocidio como crimen ayudaría a garantizar que las tecnologías de alto impacto, desde la geoingeniería hasta la explotación espacial, se desarrollen dentro de los límites ecológicos. Estas intervenciones afectan a sistemas complejos y, a menudo, poco conocidos, con consecuencias que pueden ir mucho más allá de las fronteras nacionales, e incluso más allá de la Tierra. A medida que aumenta la presión -desde la escalada de los impactos climáticos hasta una renovada carrera espacial y la prisa por explorar fronteras tecnológicas no probadas-, la ley del ecocidio ofrece una salvaguarda legal vital: proteger nuestro patrimonio común de daños irreversibles y reforzar el deber de cuidado planetario junto con la innovación.