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Soluciones jurídicas para proteger el futuro de la vida en la Tierra: penalizar el ecocidio y ampliar los derechos de la naturaleza.

Este acto forma parte de la Cumbre de los Pueblos, organizada por la Coalición COP26.

Este círculo de debate abordará la criminalización del ecocidio y los derechos de la naturaleza, como soluciones jurídicas para proteger y cuidar el mundo natural vivo a escala global y local. ¿Qué medios concretos de transformación social pueden ofrecer para que nuestra relación con la naturaleza pase de ser perjudicial a ser armoniosa?

Durante décadas, muchas de las mayores empresas del mundo han causado daños y destruido de forma masiva el mundo natural en busca del desarrollo económico. Ha contribuido a la crisis climática y a la extinción masiva de especies, pero continúa porque está legalmente permitido. Ahora mismo, en la mayor parte del mundo, nadie es considerado responsable de cometer ecocidio. Pero un creciente movimiento mundial está trabajando para que el ecocidio se convierta en un delito internacional, junto con el genocidio y los crímenes de guerra.

En el ordenamiento jurídico actual de la mayoría de los países, la naturaleza se considera propiedad. Los Derechos de la Naturaleza reconocen que la propia naturaleza tiene derechos inherentes a existir y florecer, fomentando el cambio del antropocentrismo al ecocentrismo. Desde 2006, comunidades locales y expertos jurídicos de varios países han venido desarrollando este marco jurídico para consagrar la protección de las entidades vivas naturales.

Ponentes:

Director de Stop Ecocide España y coordinador para las Américas, escritor y activista medioambiental

Abogada de Garden Court Chambers, activista de los derechos de la naturaleza y fundadora de Lawyers for Nature.

Alcance internacional de base, Stop Ecocidio Internacional

Abogado medioambiental británico, experto en cambio climático y política de desarrollo, y activista climático

Catedrático de Filosofía del Derecho y Director de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos Ambientales de la Universidad de Murcia, aboga por el reconocimiento de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reconocer la personalidad jurídica del Mar Menor en España.

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6 de noviembre

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