La promesa de la ley del ecocidio, de la sala de juntas al tribunal
Esta entrada forma parte de un Blog de invitadxs que pretende ser un espacio dedicado a los numerosos movimientos/campañas de todo el mundo que se enfrentan a la destrucción de los ecosistemas, para que compartan sus historias, relatos y perspectivas.
Este artículo ha sido escrito por Monica Lennondiputada laborista escocesa, y la periodista y escritora Judith Schwartz.
Cada día se toman decisiones en todo el mundo que generan beneficios sustanciales pero causan graves daños medioambientales. Esta degradación afecta a todos, incluidos los propios responsables de la toma de decisiones. Las empresas no son inmunes a las externalidades: el cambio climático y el colapso de los ecosistemas están perturbando las operaciones y elevando los costes, llevando a las economías al borde del abismo.
Es un enigma: mientras que la mayoría de las personas y organizaciones no se proponen destruir la naturaleza, los marcos reguladores existentes ofrecen pocos mecanismos para una protección significativa. De hecho, nuestras economías de mercado evolucionaron bajo el supuesto de que los recursos naturales eran infinitos. La explotación del mundo natural continúa porque carecemos tanto de los medios como de los incentivos para detenerla.
Pensemos en una empresa papelera que quiere reducir costes abasteciéndose de madera procedente de bosques tropicales vírgenes de Indonesia. A pesar de las objeciones del Departamento Medioambiental, Social y de Gobernanza por motivos como el posible impacto social y medioambiental de la pérdida de hábitats, el agotamiento de las fuentes locales de alimentos y la contaminación atmosférica por el polvo de la maquinaria y los vehículos, el proyecto sigue adelante.
"Selva tropical en Java Occidental, Indonesia. Crédito: The Center for International Forestry Research y World Agroforestry
Imaginemos una empresa que suministra cobalto y litio para baterías de vehículos eléctricos. Para reforzar el suministro en un momento en que las reservas mundiales de estos minerales son limitadas, la empresa busca licencias para la exploración en aguas profundas del Pacífico occidental, sin tener en cuenta los daños potencialmente irreversibles y generalizados al medioambiente marino.
En todos los casos, el balance tenía prioridad. Entonces, ¿cómo podemos diseñar la cuenta de resultados para no dejar de lado las amenazas a la naturaleza?
Se necesita un poderoso elemento disuasorio, una forma de impedir que las mentes controladoras de las organizaciones -a menudo movidas por la perspectiva de obtener beneficios económicos o poder a corto plazo- tomen decisiones que provoquen daños medioambientales significativos. Con las prácticas habituales, es más barato dañar la naturaleza -y, en última instancia, a la humanidad- que protegerla.
Aquí es donde entra en juego la ley del ecocidio. Definido en 2021 por un Panel de Expertos Independientes, el término ecocidio significa "cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente."
Como crimen, el ecocidio establece la responsabilidad penal individual por grandes actos de destrucción medioambiental. Esto significa que cualquiera, desde directivos de empresas hasta jefes de Estado, podría ser declarado culpable y enfrentarse a penas de prisión. La premisa fundamental de la ley del ecocidio es introducir un factor crítico en la toma de decisiones al más alto nivel: la disuasión contra los daños medioambientales más graves. Mientras que el statu quo favorece los beneficios frente a la naturaleza, la ley del ecocidio protege la naturaleza por encima de todo.
La legislación sobre ecocidio también será un mecanismo importante para la introducción segura de nuevas tecnologías. Por ejemplo, la perspectiva de la minería de aguas profundas para obtener los llamados "minerales de transición" pone en peligro los sistemas marinos, a pesar de su papel en la "ecologización" de la economía mundial. La ley del el ecocidio también apoya los esfuerzos de mitigación del cambio climático al impedir la destrucción de los sumideros de carbono del mundo: nuestros océanos, suelos y bosques. Dado que los ecosistemas sanos desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima, mantener su integridad es crucial para la resiliencia climática.
A diferencia de los enfoques normativos existentes, que se esfuerzan por seguir el ritmo de las nuevas prácticas y tecnologías emergentes, lo que a menudo da lugar a una protección fragmentada y tardía, la ley del ecocidio proporciona una norma única y universal: un nivel de daño más allá del cual ya no es moral ni legalmente aceptable actuar. La legislación sobre ecocidio se centra en el impacto ambiental previsto y no en las acciones en sí, por lo que es más proactiva que retroactiva.
Se aprueba la legislación sobre ecocidio en Bélgica.
El movimiento para designar el ecocidio como crimen internacional bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional está encabezado por Stop Ecocidio Internacional. Ejemplos del impacto de este movimiento son que durante 2024, Bélgica ha introducido un delito nacional de ecocidio, y la Unión Europea ha introducido delitos cualificados que pueden ser "comparables al ecocidio" en su recién revisada Directiva de Delitos Ambientales. Los Estados miembros de la UE están ahora obligados a incorporar la nueva ley a sus marcos jurídicos nacionales en un plazo de dos años.
Escocia -junto con Perú, Brasil, Países Bajos, Italia y México- tiene ahora la oportunidad de convertirse en uno de los primeros países del mundo en reconocer oficialmente el ecocidio como delito. Escocia, que ya forma parte de este movimiento histórico, sigue los pasos de naciones como Bélgica y Ucrania, que han sido incansables defensoras de leyes contra el ecocidio. En noviembre de 2023 se puso en marcha una consulta pública para el proyecto de ley (de prevención) del ecocidio (Escocia), que recibió miles de respuestas de apoyo, lo que pone de manifiesto la amplia coalición que respalda esta causa. Se espera presentar la propuesta formal en el Parlamento escocés antes de finales de 2024.
En el ámbito internacional, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el Secretario General Antonio Guterres han apoyado inequívocamente la tipificación del ecocidio como crimen. En un momento en que la Corte Penal Internacional trata de reforzar la rendición de cuentas por delitos medioambientales, el fiscal adjunto del tribunal aludió recientemente a la necesidad de que el derecho penal internacional se comprometa de forma significativa con la crisis planetaria, para evitar que se quede obsoleto. La inclusión de un crimen de ecocidio ayudaría a adaptar el Estatuto de Roma al mundo moderno.
Al crear un poderoso incentivo para dar prioridad a la naturaleza frente a los beneficios a corto plazo, el reconocimiento del ecocidio como crimen tiene el potencial de transformar la forma en que se realizan los negocios. Responsabilizar a los responsables de las formas más extremas de daño ambiental puede provocar un cambio en el mercado que favorezca la gestión de nuestro mundo natural.
La ley del ecocidio no sólo aborda la naturaleza insostenible del capitalismo del siglo XXI, sino que avanza hacia un futuro en el que las empresas y la naturaleza no tengan por qué estar reñidas. Este cambio de paradigma es más que una aspiración: es un paso realista y necesario para garantizar la prosperidad y el bienestar a largo plazo de nuestro planeta y de las generaciones futuras.