El pasado 27 de noviembre, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso peruano aprobó un dictamen para tipificar como delito el ecocidio, incorporando elementos clave de la definición legal consensuada del Panel de Expertos Independientes de 2021. Este importante paso para añadir el ecocidio al Código Penal espera ahora la aprobación del Pleno del Congreso y la promulgación presidencial para convertirse en ley.

• A proyecto de ley para criminalizar el ecocidio se ha presentado en el Parlamento escocés

• Presentado por Monica Lennon y que requiere el apoyo de al menos 18 diputados para seguir adelante, el proyecto de ley pretende prevenir y penalizar las formas más graves de daño medioambiental. 

Si se aprueba, Escocia se convertirá en el primer país del Reino Unido en tipificar el delito de ecocidio y se convertirá en un líder mundial en este campo, en rápida expansión. rápido crecimiento en el campo del ecocidio.

La RDC se convierte en la primera nación africana en respaldar formalmente la creación de un crimen internacional de ecocidio, tras la propuesta de septiembre de 2024 de las naciones del Pacífico de añadir el ecocidio al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El Parlamento de Azerbaiyán, el Milli Majlis, ha aprobado la primera lectura de un proyecto de ley que introduciría el delito de ecocidio en el Código Penal del país. Propuesto por el presidente Ilham Aliyev, el proyecto de ley pretende imponer penas privativas de libertad de 10 a 15 años a los condenados por cometer graves daños medioambientales.

NUEVA YORK, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024: Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) han presentado oficialmente la propuesta de crimen de ecocidio, lo que representa un gran paso adelante en el esfuerzo mundial por consagrar la destrucción masiva del medio ambiente como crimen bajo la ley internacional.

La Encuesta Global de los Bienes Comunes 2024 (IPSO), que ha sido realizada por Ipsos (Reino Unido) bajo el encargo de  Earth4All y la Alianza Global de los Bienes Comunes (GCA ), ha revelado que el 72% de las personas de los países del G20 están de acuerdo en que las formas más graves de daño medioambiental -que cada vez más se denominan Ecocidio- deberían ser un crimen. 

El jueves 5 de septiembre, el Congreso de la República del Perú convocó a una Comisión Técnica para revisar una propuesta destinada a tipificar el ecocidio en el Código Penal del país. El nuevo texto legal consolida tres proyectos de ley presentados recientemente al Congreso, e incorpora los principales elementos de la definición legal consensuada de ecocidio, que fue formulada por el Panel de Expertos Independientes convocado por la la Fundación Stop Ecocidio en 2021.

En un nuevo informe, la Agence Française de Développement (AFD), la Agencia Francesa para el Desarrollo, identifica la Ley del Ecocidio y los derechos de la naturaleza como "palancas" clave para reorientar las prioridades económicas del mundo hacia el bienestar medioambiental y humano.

Ésta sería la tercera vez que el Foro Social de la Asamblea a de la ONU pide la adición de un nuevo crimen autónomo de ecocidio al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La primera vez fue en marzo de 2022 en la 5ª Asamblea de la ONU sobre el Medioambiente, celebrada en Nairobi ("UNEA 5.2"), y la segunda vez, en la Sexta Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA-6, por sus siglas en inglés), celebrada del 26 de febrero al 1 de marzo de 2024.

El proyecto de ley se presenta a raíz de la revisión de la Directiva de Delitos contra el Medio Ambiente de la Unión Europea, que ahora incluye delitos comparables al ecocidio. Esta Directiva obliga a todos los Estados miembros de la UE a adaptar su legislación nacional a la nueva normativa en los próximos dos años.

El 27 de mayo, el congresista Isaac Mita Alanoca, del partido Perú Libre, presentó un segundo proyecto de ley de ecocidio, y el 30 de junio, la congresista Ruth Luque, del partido Cambio Democrático, presentó el tercero.

Tras la presentación del primer proyecto de ley por el congresista Américo Gonza, de Perú Libre, el 16 de mayo, el Parlamento peruano cuenta ya con tres proyectos de ley de ecocidio.

En su respuesta a la iniciativa de Tuhatkunta, la Junta del PNC también afirmó que el ecocidio no siempre ha sido definido de forma uniforme, pero citó la relevancia de la definición consensuada del Panel de Expertos Independientes de la Fundación Stop Ecocidio (p. 84).

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI), que representa a una comunidad mundial de 352 iglesias y 580 millones de cristianos, ha emitido una enérgica declaración en la que pide a las iglesias y los gobiernos del mundo que apoyen la legislación contra el ecocidio, y hace hincapié en el papel de la biodiversidad para preservar el bienestar humano y garantizar la resistencia del planeta a los impactos climáticos.

En una rueda de prensa celebrada el jueves 30 de mayo, dos diputados y una diputada de tres partidos políticos federales de Canadá, Patrick Weiler (Liberal), Alexandre Boulerice (NDP) y Elizabeth May (Verde), afirmaron su apoyo a la inclusión del ecocidio como crimen en la Corte Penal Internacional.

En un discurso pronunciado en la conferencia «Promise of International Law in the Face of Ecological Crises», celebrada en Ámsterdam y organizada por el UCLA Law Promise Institute Europe, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reafirmó su apoyo a la inclusión del crimen de ecocidio en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).

En las horas previas a la votación, una iniciativa liderada por la Alianza Sueca por la Ley del Ecocidio, representantes de trece empresas y organizaciones empresariales suecas instaron al gobierno a trabajar activamente por la introducción de un crimen internacional de ecocidio para la protección de la naturaleza y la creación de igualdad de condiciones para las empresas que emplean modelos de negocio sostenibles.

La votación en el Parlamento fue ajustada: 153 diputados votaron en línea con las recomendaciones de la Comisión de Asuntos Exteriores (es decir, en contra de las mociones) y 150 votaron a favor.

Khan afirmó: «El Estatuto de Roma y el Derecho Penal Internacional se enfrentan ahora a un desafío a su propia relevancia si no aceptan la necesidad de tal adaptación y flexibilidad en relación con la realidad del planeta». 

Abundando en el tema de que el Estatuto de Roma es "un reflejo de la imaginación jurídica" de la época en que se creó, Khan señaló: "Me pregunto, si el Estatuto de Roma se estuviera redactando hoy, ¿qué aspecto tendría? ¿Incluiría el ecocidio como crimen internacional independiente?".

El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha publicado un informe en el que ofrece una visión general de la situación mundial de la «Protección de los civiles en los conflictos armados» en 2023, describiendo la situación como «rotundamente sombría» y citando un aumento del 72% en el número de víctimas civiles desde 2022.

Haciendo referencia a que hasta la fecha sólo unos pocos Estados han tipificado el ecocidio como delito, el Secretario General destaca la "necesidad de tipificar el ecocidio como delito a nivel internacional" (párrafo 45). 

La enmienda propuesta, presentada como artículo 305-A, emula los tres criterios de umbral clave para que un acto se pueda considerar ecocidio y que se recogen en la definición del Panel de Expertos Independientes convocado por la Fundación Stop Ecocidio, a saber: daños graves, generalizados y a largo plazo causados al medio ambiente.

El proyecto de ley, que señala que la definición de ecocidio consensuada por el Grupo de Expertos Independientes es "ampliamente aceptada a nivel internacional", propone una pena privativa de libertad para el delito de entre siete y veinte años.

El 18 de abril de 2024, el brazo parlamentario del Consejo de Europa adoptó la Resolución 2546, que contiene recomendaciones destinadas a abordar cuestiones críticas relacionadas con la salud de los océanos en el contexto de la crisis climática, incluido un llamamiento a los Estados miembros y no miembros del Consejo de Europa para que promuevan la codificación del término «ecocidio» a nivel nacional, regional e internacional.