El Parlamento Europeo insta a apoyar la tipificación del ecocidio como delito internacional
mientras se inicia la consulta pública sobre la definición jurídica
En una enmienda a su informe sobre Derechos Humanos y Democracia en el Mundo 2019, el Parlamento Europeo ha votado a favor de instar "a la UE y a los Estados miembros a que promuevan el reconocimiento del ecocidio como delito internacional en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)".
La enmienda fue presentada por la eurodiputada Salima Yenbou (Verdes/ALE - fotografía superior ). Subraya la interdependencia entre el bienestar humano y el de los ecosistemas, y apoya los esfuerzos internacionales para hacer frente a los delitos contra el medio ambiente*.
La eurodiputada Marie Toussaint, defensora desde hace tiempo del reconocimiento del ecocidio por parte de la UE, declaró: "Se trata de una victoria real, un primer paso importante hacia el reconocimiento del ecocidio por parte de la Unión Europea. Ahora los Estados miembros deben pronunciarse ante la CPI y en la escena internacional. El cambio climático se está acelerando, la pérdida de biodiversidad está provocando pandemias planetarias, el mar está subiendo: ¡avancemos rápido!".
La noticia llega justo en el momento en que se inicia una consulta pública en la que se pide a los Estados Partes, particulares, grupos, organizaciones, empresas e instituciones que aporten sus contribuciones al proceso de redacción de una definición jurídica de "ecocidio", término ampliamente utilizado para referirse al daño y destrucción masivos de los ecosistemas.
La definición jurídica está siendo elaborada por un grupo independiente de destacados juristas penales y medioambientales internacionales convocado por la Fundación Stop Ecocide a petición de parlamentarios de los partidos gobernantes en Suecia. El cometido del grupo es redactar una definición sólida que pueda presentarse precisamente con el propósito esbozado en el informe enmendado del Parlamento Europeo: añadir el ecocidio a la lista de crímenes del Estatuto de Roma. Actualmente éstos son Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Crimen de Agresión.
El presidente de la Fundación Stop Ecocide, Jojo Mehta, afirma: "Esta votación en el Parlamento Europeo es enormemente alentadora. El mundo político está despertando rápidamente a lo que los científicos nos han estado diciendo durante décadas y el mundo indígena nos ha estado diciendo durante siglos: que la humanidad no puede destruir el mundo natural con impunidad. Hay consecuencias. Ahora sabemos que se están cruzando puntos de inflexión y tenemos poco tiempo para actuar. Tipificar el ecocidio como delito lo reconoce, proporcionando una barrera práctica para prevenir los peores excesos de daño que están empujando los sistemas de soporte vital de la Tierra hacia el punto de ruptura".
La elaboración de una definición jurídica, en consulta con expertos y con los Estados parte, es clave para el éxito de esta vía legal, explica Mehta.
"Nuestra Fundación está solicitando aportaciones de voces respetadas en diversos ámbitos para proporcionar un amplio telón de fondo al proceso de redacción. Junto con los informes científicos primarios, estamos invitando de los líderes indígenas, cuyas voces son indispensables en este caso, ya que el 80% de la biodiversidad de la Tierra está en manos de comunidades indígenas. También nos dirigimos a los líderes religiosos, a los jóvenes y al sector de la sostenibilidad empresarial. La consulta pública es una parte fundamental de este proceso de recopilación de conocimientos".
Mehta añade: "También se está consultando a los Estados Partes del Estatuto de Roma. La demanda pública y política de una legislación sobre ecocidio está creciendo rápidamente, y es preciso recabar la opinión de los gobiernos, ya que son en última instancia los Estados Partes los que llevarán adelante esta incorporación crucial a la lista de crímenes internacionales."
Notas de los editores:
Enmienda del PE
*Esta enmienda fue votada el 20 de enero de 2021 por el Pleno del PE (340/323/17). A continuación se aprobó definitivamente el informe completo (459/62/163).
Texto completo de la enmienda:
12. Subraya que la biodiversidad y los derechos humanos están interrelacionados y son interdependientes, y recuerda las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos de proteger la biodiversidad de la que dependen dichos derechos, incluso previendo la participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con la biodiversidad y facilitando el acceso a recursos efectivos en casos de pérdida y degradación de la biodiversidad; expresa su apoyo a los incipientes esfuerzos normativos a escala internacional en relación con los delitos medioambientales; a este respecto, anima a la UE y a los Estados miembros a que promuevan el reconocimiento del ecocidio como delito internacional en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI);
Apoyo estatal a la penalización del ecocidio
Cada vez hay más apoyo estatal a la iniciativa de tipificar el ecocidio como delito internacional: en diciembre de 2019, los pequeños Estados insulares de Vanuatu y Maldivas pidieron que se considerara seriamente el delito de ecocidio en la asamblea de la Corte Penal Internacional; a principios de 2020, el movimiento obrero sueco instó a Suecia a liderar la propuesta; en junio, el presidente Macron de Francia prometió defenderlo en la escena internacional. El Papa Francisco también ha declarado que cree que el ecocidio debería añadirse a la lista de crímenes internacionales (noviembre de 2019); recibió en audiencia a Valérie Cabanes, miembro del Consejo Asesor de Stop Ecocide, en septiembre de 2020. Se han presentado dos mociones sobre ecocidio en el Parlamento sueco, una del Partido de Izquierda y otra de los Verdes/Socialdemócratas. En octubre, el recién formado gobierno belga se comprometió a "emprender acciones diplomáticas para detener el crimen de ecocidio", y en diciembre Bélgica se convirtió en el primer país europeo en plantear la cuestión ante la CPI. También en diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia declaró su apoyo a la petición de Vanuatu y Maldivas de debatir seriamente el ecocidio. En España, la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores presentó una resolución al gobierno instándole a examinar las posibilidades de legislar sobre el ecocidio a nivel nacional e internacional.
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