Destacados expertos de 14 países latinoamericanos presentan un marco legal para prevenir el “ecocidio”

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de octubre — Expertos juristas latinoamericanos en materia ambiental y penal presentan una Ley Modelo de Ecocidio diseñada para proporcionar un marco de referencia a los países de América Latina con el fin de penalizar la destrucción ambiental grave.

Ya se han adoptado marcos similares en< la Unión Europea y en jurisdicciones nacionales desde Azerbaiyán hasta Mauricio,y con ella se podrían fortalecer significativamente las leyes existentes que tienen la finalidad de proteger mejor excepcional biodiversidad de esta región, donde las regulaciones actuales no logran prevenir la destrucción de los ecosistemas forestales y la disminución masiva de las poblaciones de vida silvestre. 

Entre 2015 y 2025, Sudamérica perdió en promedio de 4,10 millones de hectáreas de bosque al año lo que supone la mayor pérdida de bosques del planeta en la última década y que incluye la pérdida de más de diez millones de hectáreas de bosques primarios. La región también ha experimentado la disminución más pronunciada del mundo en las poblaciones de vida silvestre monitoreadas: una media del 95 % de declive entre 1970 y 2020, la disminución más drástica registrada en todo el planeta. Latinoamérica es también la más peligrosa del mundo para los defensores del territorio y del ambiente, llegando a concentrar el 85 % de los asesinatos documentados en 2025.

La ley relativa al ecocidio establece un umbral penal para las formas más graves de destrucción ambiental, creando una responsabilidad penal individual para los altos responsables de la toma de decisiones que causen daños ambientales graves, extensos o duraderos. El objetivo no es sólo enjuiciar dichos daños, sino disuadir de que se tomen las decisiones que conllevarán destrucción antes de que esta se produzca.

La Ley Modelo de Ecocidio para América Latina se basa en la definición de ecocidio de 2021 elaborada por un Panel de Expertos Independientes, que define el ecocidio como “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades causen daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente”.

En septiembre de 2024, basándose en la definición de 2021, Vanuatu, Fiyi y Samoa presentaron una propuesta formal para realizar una enmienda al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional con el fin de incluir el ecocidio como el quinto crimen internacional atroz, junto con el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. 

También se han adoptado leyes nacionales sobre el ecocidio en Azerbaiyán, Bélgica y, más recientemente, en Mauricio en abril de 2026, al tiempo que la legislación avanza en países como Brasil, Perú, Argentina, México, Italia, India, la Polinesia Francesa, los Países Bajos y Escocia.

La nueva Ley Modelo se ha elaborado a través de una consulta pública, seguida de sesiones de trabajo virtuales con 74 expertos de 14 países de la región, que culminaron en una conferencia de redacción de dos días celebrada en la Ciudad de México en la que participaron más de 30 expertos jurídicos. Habiendo sido diseñado para los sistemas de derecho civil de América Latina, el texto resultante está concebido para que los parlamentos nacionales lo puedan adoptar o adaptar fácilmente.

Este proyecto ha sido liderado por Stop Ecocidio Internacional en colaboración con la Asociación de Investigadores en Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Universidad Iberoamericana, el Centro Transdisciplinario para la Sostenibilidad (CENTRUS) y la Alianza de Clínicas de Derecho Ambiental de América Latina y el Caribe.

Rodrigo Lledó Vásquez, Director para las Américas de Stop Ecocidio Internacional, ha declarado:

“Desde el principio, este ha sido un proceso genuinamente democrático y participativo. Comenzamos con una consulta pública regional, seguida de sesiones de trabajo con 74 expertos de 14 países de América Latina, que culminaron en dos días de redacción intensiva a cargo de más de 30 expertos jurídicos en la Ciudad de México. El resultado es una Ley Modelo forjada tanto por la experiencia jurídica como por las realidades y experiencias de las personas de toda la región.”

Jojo Mehta, Directora General y Cofundadora de Stop Ecocidio Internacional, ha declarado:

“La legislación relativa al ecocidio se está afianzando en todo el mundo a una velocidad extraordinaria. Desde una propuesta formal ante la Corte Penal Internacional hasta los avances legislativos en toda Europa y el creciente impulso político en África, los gobiernos recurren cada vez más al derecho penal para abordar las formas más graves de destrucción ambiental. Esta nueva Ley Modelo ofrece a los legisladores de América Latina una vía práctica para proteger a la naturaleza y a las comunidades al disuadir de que se tomen las decisiones que causan el daño ambiental más grave antes de que este se produzca.”

Gustavo Alanís, Director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), ha afirmado:

“América Latina alberga algunos de los ecosistemas más ricos del planeta, y millones de personas dependen directamente de la salud de los mismos. La ley sobre el ecocidio establece un límite legal claro en torno a las formas más graves de destrucción ambiental, reconociendo que existe un nivel de daño a la naturaleza y a las comunidades que nunca debería aceptarse como un costo de hacer negocios.”

Jorge Peláez Padilla, Académico del Departamento de Derecho y Coordinador de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental “Berta Cáceres” (CJJA) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, ha señalado:  

“En toda América Latina, los defensores y defensoras ambientales y las comunidades asumen con demasiada frecuencia riesgos personales y colectivos al oponerse a la destrucción ambiental grave. La ley sobre el ecocidio sitúa la responsabilidad por los daños ambientales más severos donde corresponde: en el Estado y, en última instancia, en quienes toman las decisiones que provocan dicho daño.”

Rafael Colombo, abogado ambientalista y miembro de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, señaló: :

“Mientras continúan las incidencias para que el ecocidio se sume a los crímenes internacionales del Estatuto de Roma, la Ley Modelo permite nuevas líneas de incidencia para que los Estados latinoamericanos incorporen el ecocidio como tipo penal en sus códigos nacionales, abriendo la puerta para el diseño de una nueva política criminal que investigue empresas y corporaciones públicas y privadas, poniendo un límite a la habitual impunidad y evasión de la justicia, pues estos crímenes involucran a sujetos y entramados de poder.”

Paulo Busse, abogado criminalista y ambiental, y coautor del Proyecto de Ley de Ecocidio de Brasil, dijo:

“El ecocidio ocurre desde siempre en todas partes del mundo y representa un riesgo existencial creciente para la humanidad. Por lo tanto, es urgente tipificarlo como delito, tanto a nivel nacional como internacional.”

Puedes leer el texto (sin editar) de la Ley Modelo para América Latina aquí.