Diplomáticos clave instan al Caribe a apoyar el ecocidio como delito internacional
El embajador de Antigua y Barbuda en Estados Unidos, Sir Ronald Sanders, ha acogido con satisfacción la reciente definición jurídica de ecocidio como una "noticia alentadora". Afirmó que "abriría la puerta a procesos penales contra entidades que causen daños ecológicos", como vertidos de petróleo o accidentes nucleares a los que, señala, "el Caribe ha estado expuesto durante mucho tiempo".
Sanders recordó que "fue un caribeño, A.N.R Robinson, ex primer ministro de Trinidad y Tobago quien, en 1989, revivió la idea de la Corte Penal Internacional (CPI) con jurisdicción sobre crímenes internacionales. Él desencadenó el proceso que finalmente condujo a la adopción del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte que entró en vigor en 2002. Los países pequeños han asumido grandes tareas con éxito cuando actúan juntos".
Une su voz a la de Sir Shridath Rampal, abogado internacional y antiguo Secretario General de la Commonwealth, para dar la bienvenida a la definición. Rampal, en una reciente declaración pública, instó a "apoyar seriamente a nivel mundial el trabajo del Grupo de Expertos Independientes para la Definición Jurídica del Ecocidio, organizado por la Fundación Stop Ecocide. Su 'Comentario y Texto Básico' de una definición de 'ecocidio' como crimen internacional merecen la atención urgente de la humanidad".
La conclusión de Sanders fue inequívoca: "Todos los países del Caribe deberían adoptar y promover el proyecto de ley para tipificar el ecocidio como delito internacional. Hacerlo les daría el apoyo de una vertiente más del derecho internacional que, junto con la diplomacia, es una herramienta principal para la defensa de sus intereses."