ESPAÑA: Tipificar el ecocidio como delito en el Código Penal, entre las recomendaciones de la Asamblea Ciudadana por el Clima
La primera Asamblea Ciudadana por el Clima en España, formada por 100 ciudadanos, ha formulado recomendaciones al Gobierno nacional, enmarcadas en torno a 58 objetivos. Las recomendaciones se han organizado en cinco áreas: consumo; alimentación y uso de la tierra; comunidades, salud y cuidados; sociedad laboral y ecosistemas. El informe final es público y está disponible en la web de la Asamblea Ciudadana por el Clima.
Entre las principales recomendaciones al Ejecutivo figura la necesidad de crear un delito de "ecocidio" en el marco jurídico español. Esta recomendación recibió un apoyo del 100%:
"Recomendación nº 147: Tipificar el ecocidio como delito en los casos de daño y destrucción masiva del ecosistema en el marco jurídico español":
El ecocidio, a grandes rasgos, es el daño y destrucción masiva de ecosistemas, es decir, un daño grave a la naturaleza generalizado y sostenido en el tiempo. La tipificación de este delito debe entenderse como una medida disuasoria para que no se cometan estos delitos porque hay que evitarlos; de lo contrario, el daño es muy grave y posiblemente irreparable.
Este foro ciudadano, de carácter participativo y deliberativo para fomentar la reflexión y el conocimiento colectivos, ha generado consenso sobre cómo abordar las grandes transformaciones necesarias para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y hacer al país más resiliente a los impactos del cambio climático.
El informe, que contiene 172 recomendaciones, fue entregado al Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez,el lunes 6 de junio. En el acto también estuvo presente la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera. Este informe será presentado ante el Pleno del Congreso de los Diputados, para facilitar el debate y la toma de decisiones sobre la política de cambio climático en todos los niveles de gobierno y entre otros actores de la economía y la sociedad.
Entre las medidas incluidas en el informe destacan: la adopción de un Plan Estratégico Nacional de Restauración de Ecosistemas; el mantenimiento y restauración de ríos y ecosistemas acuáticos; la formación de jueces y miembros de la judicatura sobre respuestas jurídicas al cambio climático y protección del medio ambiente; y la reducción de la contaminación del suelo y descontaminación de suelos contaminados.