La laguna del Mar Menor: primer ecosistema europeo con personalidad jurídica propia
El Parlamento español acaba de dar el último paso para aprobar la ley que reconoce al Mar Menor y su cuenca derechos, entre ellos el de existir y el de recuperar su equilibrio natural. La ley fue aprobada en el Senado por abrumadora mayoría.
El hecho de que se haya otorgado personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor es un hito histórico, no sólo porque ha supuesto una gran victoria para los defensores del medio ambiente sino porque, además, introduce un concepto jurídico innovador en la legislación europea, un precedente al que seguramente seguirán más casos. La mayor laguna de agua salada del continente lleva décadas sufriendo un continuo ecocidio que ha llevado al colapso de la vida en su interior. Ninguna de las protecciones establecidas, nacionales o internacionales, había servido para detener la tragedia. La victoria se logró gracias a una movilización ciudadana masiva, activada mediante el lanzamiento de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Esto supuso recoger más de 650.000 firmas a mano en toda España, cuando en realidad sólo se necesitaban 500.000 -y todo esto durante la pandemia. El escandaloso caso del deterioro en cascada del Mar Menor y la lucha de los ciudadanos por defenderlo traspasó las fronteras nacionales e incluso se debatió en un foro de la ONU dentro de su programa Armonía con la Naturaleza.
En palabras de uno de los artífices de la ILP, el abogado Eduardo Salazar: "La aprobación definitiva de la ILP del Mar Menor supone un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de los seres no humanos, en este caso, de un ecosistema lleno de vida. Una reacción ciudadana frente al ecocidio para promover una legislación pionera en Europa que pueda ser referencia para otros ecosistemas en otros estados. La vertiente participativa y judicial de la ILP pretende que los ciudadanos que la promovieron, se encarguen de su aplicación efectiva".
Ya hay un número creciente de ecosistemas en el mundo a los que se ha concedido un estatuto jurídico como forma de protección, desde el río Atrato en Colombia hasta el río Whanganui y la montaña Taranaki en Aotearoaa-Nueva Zelanda o el río Magpie en Canadá.
Conceder derechos es una herramienta eficaz para la protección de ecosistemas de gran valor, pero hace falta más: un derecho penal internacional que proteja el mundo natural de la destrucción que está sufriendo en muchas partes del mundo. Conceder derechos a los ecosistemas y establecer leyes para protegerlos son dos caras de la misma moneda. Por tanto, es esencial avanzar en la tipificación del ecocidio a nivel internacional, creando una ley que abarque todos los casos de daños medioambientales graves, ya sean extensos o de larga duración. De momento, vamos por buen camino. Hoy celebramos esta gran victoria, un paso enorme hacia donde, ética y jurídicamente, debemos ir.