EN LÍNEA: Jueves, 4 de diciembre, 15:00 CET
El 23 de julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su Opinión Consultiva sobre las obligaciones de los Estados en relación con el cambio climático. Solicitada mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas impulsada por Vanuatu y otros Estados, esta Opinión constituye un hito en la clarificación de las obligaciones legales de los gobiernos para prevenir y reparar los daños climáticos.
Este avance es consecuencia del dictamen consultivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de julio de 2025, que reconoció la emergencia climática como una crisis de derechos humanos y afirmó la protección del medio ambiente como una norma de jus cogens . Los dictámenes de la CIJ y la CIDH pusieron de manifiesto deficiencias en el cumplimiento, incluida la débil aplicación del Acuerdo de París, y reforzaron los fundamentos jurídicos de la gobernanza climática y la protección del medio ambiente en todo el mundo.
Los movimientos juveniles, entre ellos World's Youth for Climate Justice (WYCJ) y Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC), desempeñaron un papel fundamental en el logro de estos avances jurídicos. Consiguieron movilizar a los gobiernos, la sociedad civil y la opinión pública para garantizar el proceso de la CIJ y demostraron cómo la diplomacia y la defensa de los intereses lideradas por los jóvenes pueden influir en la jurisprudencia internacional para catalizar la acción climática mundial.
Las opiniones de la CIJ y la CIDH proporcionan ahora a los jóvenes de todo el mundo, especialmente en África y el Sur Global, precedentes legales para impulsar litigios, actividades de defensa y acciones políticas. Estas opiniones dan legitimidad a las demandas de rendición de cuentas, refuerzan la justicia intergeneracional y permiten a los jóvenes impulsar un mayor reconocimiento legal del ecocidio a todos los niveles.
Las Opiniones también coinciden con iniciativas como la campaña para reconocer el ecocidio como el quinto crimen internacional en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Los recientes avances en la COP30 y en las instituciones europeas —incluido el trabajo del Consejo de Europa sobre la regulación del ecocidio y los progresos en la Directiva de la UE sobre el ecocidio— demuestran aún más el creciente impulso para el reconocimiento legal de los daños ambientales graves.
Ponentes:
Paola Vitale
Equipo central de Y4EL
Carola Brand
Equipo central de Y4EL y activista de WY4CJ EU Front
Alexandre Chao Viso
Equipo central de Y4EL y activista de WY4CJ
Thomas Csillag Finger
Embajador de SESA Latinoamérica
Léa Weimann
Codirectora de Y4EL
Niccolo’ Delporto
Moderador, Equipo central de Y4EL