"El ecocidio debe perseguirse tanto en tiempos de paz como de conflicto" - Michael Mansfield KC

Esta entrada forma parte de un Blog de invitadxs que pretende ser un espacio dedicado a los numerosos movimientos/campañas de todo el mundo que se enfrentan a la destrucción de los ecosistemas para que compartan sus historias, relatos y perspectivas.

Este blog ha sido escrito por Michael Mansfield KC, abogado inglés y director de Nexus Chambers.


 "No se puede dar a las empresas licencia para verter y matar, siempre que limpien el desaguisado".

Estas fueron mis observaciones finales cuando dirigí la acusación en el primer simulacro de juicio por ecocidio en 2011. El juicio se centró en un vertido de petróleo corporativo ficticio en el Golfo de México, reflejo del desastre de Deepwater Horizon del año anterior.

Me he pasado la vida luchando contra la injusticia y me enorgullece decir que he utilizado la ley a lo largo de mi carrera para ayudar a los necesitados. Sin embargo, la ley, en su estado actual, no es adecuada para la protección del medio ambiente mundial.

En los años transcurridos desde nuestro juicio simulado, el movimiento para tipificar como delito el ecocidio ha recorrido un camino extraordinario. El mes pasado, respondí a una consulta pública de la Corte Penal Internacional (CPI) junto con muchas otras personas, entre ellas Laura Mary Clarke OBE, (CEO, ClientEarth) y Sandrine Dixson-Declève (Copresidenta, Club de Roma), abogando por la introducción de un nuevo delito internacional de ecocidio en el Estatuto de Roma.

No hay duda: el ecocidio es una cuestión de derechos humanos que merece ser enjuiciada tanto en tiempos de paz como de conflicto. En la actualidad, la única protección explícita del medio ambiente que ofrece la CPI se aplica a los actos cometidos en tiempo de guerra. Sin una salvaguarda jurídica internacional independiente para proteger la naturaleza, la seguridad humana y los medios de subsistencia estarán siempre amenazados.

Una conexión que no se le escapa a la nación insular de Vanuatu, que en 2019 se convirtió en la primera nación soberana en pedir el reconocimiento del ecocidio ante la CPI. Vanuatu, un excelente ejemplo de cómo la crisis ecológica y climática afecta de manera desproporcionada a los menos responsables, se enfrenta a la subida del nivel del mar, que amenaza las infraestructuras costeras y, lo que es más terrible, está salinizando las reservas de agua dulce de las islas, lo que provoca inseguridad alimentaria e hídrica.

Sin embargo, la marea está cambiando a favor de la ley de ecocidio, y con acontecimientos profundamente desafortunados como la destrucción de la presa de Kakhovka en Ucrania, el concepto de ecocidio está acaparando una importante atención mundial.

En el último año, una lista cada vez mayor de Estados ha dado pasos concretos hacia el establecimiento de nuevos delitos nacionales de ecocidio, entre ellos los Países Bajos, México, España y Escocia.

El avance político más significativo en la legislación sobre ecocidio se produjo en febrero, con la adopción por el Consejo Europeo de una Directiva revisada sobre delitos contra el medio ambiente, que incluye disposiciones para tipificar como delito casos "comparables al ecocidio". En marzo, el Parlamento Federal belga votó a favor de reconocer el delito.

Nos enfrentamos a los límites medioambientales que permiten que prospere la vida en este hermoso planeta. Ha llegado el momento de que la CPI esté a la altura de este reto e introduzca por fin un nuevo delito autónomo de ecocidio.

Michael Mansfield KC es un abogado especializado en derechos humanos responsable de la acusación en casos de gran repercusión, como los Seis de Birmingham, los Cuatro de Guildford y los Nueve de Mangrove. 

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