DEFINICIÓN JURÍDICA - Preguntas frecuentes
Recomendamos ver el apartado 'Definición Jurídica' del menú principal, para ver el comentario que acompaña la definición, pues ayuda a entender mejor muchos términos y el por qué de la elección de los mismos.
¿Por qué la definición no enumera actos concretos?
El Panel de Expertos ha partido de la base de que la palabra “acto” incluye actos u omisiones individuales, o cúmulos de actos u omisiones. Si algunos actos se enumeran como prohibidos, cabe suponer que otros están permitidos, por lo que se consideró mejor basar la definición en las consecuencias potenciales: un cierto nivel de daño grave. De este modo, la definición sigue siendo relevante a medida que cambian las prácticas, lo que la hace "a prueba de futuro".¿Cubre el crimen el daño a la naturaleza en sí mismo?
Sí. Algunos aspectos del crimen incluyen a los seres humanos (uno de los posibles criterios de "generalizado" es que afecte a "un gran número de seres humanos"), pero también se incluye poner en peligro un ecosistema o una especie o cualquier elemento del medio ambiente. La definición tiene un alcance tanto ecocéntrico como antropocéntrico.¿Por qué no incluye umbrales precisos para "generalizado" o "a largo plazo"?
Porque se consideró que cualquier cifra precisa era arbitraria y podría no adaptarse a circunstancias concretas. Al dejar las definiciones de "generalizado" y "a largo plazo" abiertas a cierto grado de interpretación, los jueces determinarán los umbrales apropiados según el caso.¿Cubrirá el crimen la perturbación de los modos de vida indígenas?
Sí, puede hacerlo si la perturbación es potencialmente grave. Este es el propósito de incluir específicamente la palabra "cultural" en la definición del término "grave".¿Qué grado de intencionalidad requiere el crimen?
El aspecto de intencionalidad o mens rea del crimen es el de imprudencia: el autor actuó a sabiendas de que existía una "probabilidad sustancial" de que su conducta causara daños graves, pero actuó de todos modos. Si el acto fue ilegal, estoya es prueba de por sí. Si la conducta era lícita, aún podría ser ecocidio si concurriera otro nivel de imprudencia, es decir, si el acto fuera "arbitrario": el autor no tuvo en cuenta que el resultado perjudicial sería claramente excesivo en comparación con los beneficios sociales y económicos previstos.
Así mismo, el significado comúnmente aceptado del término “arbitrario” comprende tanto la intencionalidad como el hecho de hacer caso omiso de manera temeraria respecto de unas consecuencias prohibidas.¿A qué beneficios sociales y económicos se refiere la definición de "arbitrario"?
Este término utiliza un enfoque de equilibrio que es habitual en el Derecho medioambiental, ya que muchas actividades humanas implican cierto nivel de daño a la naturaleza. La cuestión es si ese equilibrio se ha tenido en cuenta y se ha abordado de forma razonable, y si es probable que los efectos perjudiciales superen a los beneficios sociales. Un proyecto puede hacer ganar mucho dinero a alguien y beneficiar a unas pocas personas, pero si el daño creado perjudica gravemente a muchas otras (por ejemplo, comunidades locales o indígenas) o perturba los ecosistemas, entonces podría cumplirse este criterio.¿Debe demostrarse que se ha producido el daño para que se aplique el crimen?
No. El crimen de ecocidio se formula como un crimen por motivo de la creación de una situación de peligro, no por motivo de los resultados materiales en sí, lo que significa que se penalizan los actos que conllevan una probabilidad sustancial de daño grave que sea generalizado o a largo plazo, independientemente de si el daño se ha materializado o no. Esto es coherente con otros crímenes del Estatuto de Roma y es particularmente apropiado para los crímenes contra la naturaleza, ya que si existe el requisito de que el daño se manifieste realmente antes de que sea posible el enjuiciamiento, es más difícil en la práctica proteger el medio ambiente.¿Cuál es el efecto de utilizar el término "ilegal" como criterio para los actos de ecocidio?
Uno de los graves problemas actuales de la legislación medioambiental es su escasa aplicación, por lo que penalizar la destrucción ilegal, ya sea en el derecho nacional o internacional, contribuye a tres cosas importantes:1. anima a los posibles autoresa actuar con la debida diligencia en la dirección correcta, es decir, a investigar la mejor manera de mantenerse en el lado correcto de la ley para evitar cometer ecocidio (en lugar de trabajar sorteando la normativa con poco temor a ser sancionados);
2. Capacita a todos los que trabajan para mejorar la protección de las personas y el planeta -desde activistas sobre el terreno hasta académicos, científicos y ONG- para que se esfuercen por proporcionar la información, la experiencia y la presión necesarias a los gobiernos para mejorar la normativa.
3. Permite que el crimen siga siendo relevante a lo largo del tiempo: a medida que las leyes nacionales evolucionan para proteger mejor la naturaleza, el ecocidio sigue siendo un crimen paraguas que abarca y sustenta esos avances.
¿Podrían establecer este crimen los gobiernos de forma individual?
Por supuesto. Está formulado para encajar en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y, una vez en vigor, cualquier Estado que lo ratifique deberá incorporarlo a su propio código penal nacional. Sin embargo, nada impide que la definición sea utilizada por cualquier gobierno que desee abrir el camino (de hecho, esto ya está ocurriendo), o por gobiernos que actualmente no son miembros de la CPI. (No obstante, recomendaríamos un periodo de introducción gradual si se legisla en un Estado individual, para permitir que se establezcan políticas de transición y vías de cumplimiento).¿Intentarán las empresas impedir que se establezca este crimen?
Puede que algunas, pero nuestras conversaciones con dirigentes empresariales hasta ahora sugieren una respuesta mayoritariamente positiva. Una medida disuasoria aplicable ayudará realmente a nivelar el terreno de juego, de modo que hacer lo correcto ya no supondrá una desventaja para las empresas. De hecho, es probable que desencadene nuevos niveles de innovación y creatividad, y que oriente las subvenciones públicas en una dirección más saludable. Muchas de las soluciones que necesitamos para la transición a un planeta estable ya existen o están en fase de desarrollo, y esta ley las apoyará decididamente impidiendo el flujo de financiación a prácticas que causan graves daños.